AUTOR: RAÚL LINARES.
La semana pasada la tecnocracia se frotó las manos. En el Congreso de la Unión se discutieron las leyes secundarias en materia energética, apuntaladas, bajo una promesa de mayor bonanza económica. No obstante, lo que en el pasado se dibujó como una sonrisa de júbilo en el rostro de Peña, hoy figura como una agria mueca: magro crecimiento, represión, ingobernabilidad y la puerta de entrada a una recesión. La pregunta de hoy día es: ¿podrá la reforma energética “Mover a México” del bache económico?
Es decir, combinados con otras actividades como la pesca, la agricultura, la minería, las manufacturas e incluso el turismo, entre otras, dichos ingresos, mayoritariamente obtenidos a través del mercado internacional, representa poco menos del 10 por ciento de nuestras actividades financieras.
Además, la explotación de estos recursos, costean gran parte del “gasto público” y subsanan las finanzas del gobierno.
De acuerdo a datos de la Secretaria de Economía, en el país, por lo menos el 40 por ciento de los ingresos que son gastados por el Estado –invertidos tanto en escuelas, hospitales, becas, seguridad, entre otros– son obtenidos gracias a la renta petrolera. Esto quiere decir que por cada peso gastado en necesidades sociales, al menos 40 centavos fueron obtenidos gracias a este rubro.
Sin embargo, con la nueva reforma energética, ¿cómo se obtendrán estos recursos ante un crecimiento que exige día con día? ¿Cómo se subsanará esta “dependencia” al petróleo ante la ausencia de otros ingresos para el gobierno?
El origen de la reforma
Para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, uno de los impulsores de las llamadas “reformas estructurales”, como dejó constancia desde la publicación de su tesis doctoral, “The Fiscal Response to Oil Shocks” (La respuesta fiscal a los choques petroleros) publicada en 1998, es “irresponsable” que los ingresos públicos se obtengan gracias a la venta de estos recursos naturales.
Considerado como el “cerebro” en la elección de Enrique Peña Nieto y considerado uno de los políticos más influyentes en materia económica, así como el impulsor de las reformas en el sexenio de Peña Nieto que cabildeó gracias a la formulación del llamado Pacto por México, la “dependencia” debería de subsanarse con tres paquetes legislativos de “gran calado”:
1) En primer lugar, una serie de reajustes económicos que incentiven la economía de mercado y abrevien la dependencia a los monopolios de Estado. De ahí la radicalidad de la reforma de competencia, telecomunicaciones y energética.
2) En segundo, una disminución en el gasto público que en parte, explica la reforma al sector educativo y laboral.
3) Y en tercero, un incremento en el margen de recaudación fiscal que, también en teoría, supondrían aumentar los márgenes de recaudación impositiva y, por otro, hacer más eficientes los procesos de vigilancia de las transacciones monetarias.
Todo ello, dicho sea de paso, puede leerse en una de las conclusiones de su tesis doctoral que, ahora, es aplicado mediante la transformación del marco jurídico mexicano. Documento que es posible leer en el sitio web del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y donde también pueden desprenderse las siguientes propuestas:
A) La buena tutela de la economía por medio de un “equilibrio presupuestario”; B) un rediseño basado en “el funcionamiento de las instituciones que los pondrán en práctica”; y C), el empoderamiento secretario de Hacienda bajo la formulación, explícitamente, de un “fuerte ministro de finanzas”.
Ahora, como reconoció la revista de finanzas Bloomberg, en el indicador de precios de combustibles más caros del mundo, la administración de Peña Nieto y su gran “cerebro” se inclinaron por empoderar a la Secretaria de Hacienda y tratar de subsanar el déficit fiscal creado por la reforma energética gracias el aumento de impuestos.
“Subsidios mexicanos y tipos de cambio favorables; durante un tiempo fue el motivo para que ríos de estadounidenses cruzaran la frontera con el fin de llenar sus tanques de combustible. Pero eso está cambiando. Como el séptimo proveedor de petróleo a los Estados Unidos en el mundo, México ha estado socavando gradualmente el subsidio en el combustible. El precio en las gasolineras ha incrementado en un 4.5 por ciento desde julio.
“Para ello, por primera vez en 76 años, México recientemente modificó su Constitución para abrir la extracción de gas y petróleo a la inversión extrajera y privada. La legislación tributaria también fue reacondicionada para destetar al país de los ingresos que le aportaba Pemex, la empresa petrolera de propiedad estatal”, sostuvo la publicación de origen estadounidense.
Toda reforma fiscal dura un año
Para el doctor Fausto Hernández Trillo, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la “dependencia” a “recursos no recurrentes”, como es el caso de petróleo para México, el cobre para Chile, el gas para Bolivia, entre otros ejemplos, ciertamente le parece un asunto “irresponsable” que tiende a agravarse aún más, cuando los “excedentes de dichos recursos limitados” se convierten en medios de financiamiento del “gasto corriente”.
No obstante, la dependencia a subsanar dicho déficit con la nueva reforma fiscal en curso, está destinada al fracaso en tanto que dichas medidas, a menudo suelen tener “una duración de un año aproximadamente”, ante la aparición de nuevos recursos de “elusión” y “evasión” por parte de los “cautivos”.
En octubre del año pasado, el jefe del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, reveló que con la reforma hacendaria se llegarán a obtener alrededor de 180 mil millones de pesos adicionales el próximo año. Esta meta, de acuerdo a información publicada por dicho instituto, hasta el 1 de mayo del presente año, superó la expectativa hasta en 7.1 por ciento en marzo respecto al mes previo.
Sin embargo, no fue gracias a la Ley al Impuesto sobre la Renta o la nueva Ley al Impuesto al Valor Agregado, por poner dos ejemplos, sino gracias al gravamen especial en bebidas endulzadas como se logró el cumplimiento de dicho objetivo.
“Mira, yo no creo que vayan a recaudar lo que dicen que van a recaudar en primer lugar. Más allá de que no me espanta la reforma, no creo que sea tan recaudatoria como dicen que es. ¿Por qué? Porque los agentes, dícese los empresarios, van a aprender a eludirla. Una cosa es que hoy digan un montón de cosas y otra que el día de mañana ya aprendieron a darle la vuelta. Eso toma aproximadamente un año”, abundó.
Un ejemplo de ello es el impuesto de depósitos en efecto, donde el hoy senador Gustavo Cordero y entonces secretario de Hacienda en la administración de Felipe Calderón, calificó como un acierto del saliente gobierno panista. Entonces, la medida sólo sirvió para maximizar las transacciones en efectivo y disminuir las bancarias; operación que al término del tercer año de funcionamiento, “sencillamente fracasó”.
¿Por qué?
“Cierto, ahorita a los empresarios les está yendo medio mal, nadie se acostumbra al nuevo régimen que cierto es, recae en los contribuyentes cautivos. Pero sabes por qué se elude y eso está comprobado en el mundo entero. Los países que mejor recaudan son porque sus ingresos sirven para algo, porque la gente ve, siente que son bien invertidos.
“Ahora, cuando veo en el periódico que el haber de retiro es perpetuo para magistrados; cuando veo que se reparten con la cuchara grande de funcionarios electorales, partidistas; que las elecciones son las más caras del mundo; que la impartición de justicia es la más cara del mundo y la más ineficiente; que la Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene brújula o es acaso una abstracción… pues la verdad, a uno no le dan ganas de amarrarse el cinturón.”
Situación que, en el caso de la entrada petrolera, no sabe si eso podrá beneficiar el país o siquiera a los ingresos para Petróleos Mexicanos (Pemex).
“En teoría la reforma está hecha para que aumenten los ingresos por la extracción de hidrocarburos, sea Pemex o sea un ‘contrato’ con no sé quién. Al no ser invertido este dinero en gasto corriente, entonces eso aumenta su tasa de ganancia. Que eso se lo dé a un inversionista gringo, holandés, eso es otra cosa. Quedamos en la completa incertidumbre”, finalizó.
Negros indicios de futuro
En una sesión de apenas 60 minutos, el pasado 14 de junio, las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores, acompañadas por las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista (PVEM) y Acción Nacional (PAN), aprobaron el primer dictamen de la Ley de Industrias Eléctrica, la Ley de la Industria Geotérmica, así como reformas y leyes adiciones a artículo 27.
Este paquete legislativo, pregonado bajo los beneficios de una gran bonanza económica futura, como sostiene el propio portal de Presidencia de la República –“Generar cerca de 1 punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y cerca de 2 puntos más para 2025”‒, en la práctica, semana tras semana, ha comenzado a enfrentar la “brillante” promesa de futuro con un escenario mucho más pobre y catastrófico.
Por ejemplo, mientras Videgaray Caso, el “flamante” Secretario de Hacienda, aseguró a principios de este año, que la economía crecería a un ritmo sostenido de 3.1 por ciento para el 2014; al finalizar el primer trimestre de ese año, de acuerdo con mediciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (Inegi), la expectativa se desplomó hasta quedarse en un 2.77 por ciento anual.
Por si fuera poco, un informe del Banco Mundial, publicado recientemente, redujo aún más los márgenes de crecimiento, que se estancaron dentro de en un 2.3 para el 2014 y 3.5 por ciento para el 2005. Aplaudida por la prensa internacional como el gran ariete para abrir el desarrollo de la economía mexicana, la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, aún se enfrentan a un negro panorama.
A la lista se suma una recesión económica alertada por la asesora Bank of America Merril Lynch, la liberación de una economía “dependiente de los ingresos petroleros”, nuevos gravámenes fiscales, altos índices inflacionarios, reformas estructurales agresivas, un desplome del mercado interno, bajos márgenes de recaudación fiscal acompañadas y políticas públicas con un mediocre diseño institucional. ¿De verdad podrá esta reforma “Mover a México”?
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