AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Ciudadano denuncia acuerdos extrajudiciales, intimidaciones y tráfico de influencias, como las estrategias de Filiberto de la Garza, para presionarlo dentro del litigio por un terreno en Los Altos.
Rodolfo Cruz Tamez Galván, quien la semana pasada salió libre tras permanecer un año en prisión por un delito que dice no cometió, asegura en entrevista para Reporte Indigo que el pariente del procurador Adrián de la Garza le ofreció, personalmente, 100 mil pesos.
El inculpado recuerda que Filiberto de la Garza le prometió la cantidad a cambio de desistirse de un juicio civil que le reconoció derechos sobre un terreno en disputa, cuya fallida compraventa culminó con el encarcelamiento del ciudadano.
El arquitecto fue acusado de uso de documentos falsos, pero dejó su prisión en el penal de Cadereyta al demostrar a la autoridad judicial que su proceso penal contiene irregularidades.
Esta resolución también anuló una exorbitante reparación del daño de 5 millones 832 mil pesos, que un juez de primera instancia le había fincado al mismo ciudadano Tamez Galván.
El inculpado fue internado en un inicio en el penal del Topo Chico, luego fue trasladado al de Apodaca y finalmente entró a la cárcel de Cadereyta, donde a principios de este año recibió una peculiar visita.
El ciudadano, hoy en libertad bajo caución, rememora que el abogado se presentó en persona para ofrecerle el monto y el desistimiento de la acusación penal en su contra, a cambio de que abandonara el juicio civil número 331/2012.
Según él, las negociaciones nunca se concretaron porque jamás aceptó el acuerdo, aunque después a sus defensores les elevó la cifra a 300 mil pesos.
Tamez Galván dice que las estrategias extrajudiciales de Filiberto de la Garza incluyen amenazas para intimidar y las influencias que presume en la Procuraduría de Nuevo León y en el Poder Judicial del Estado.
“(Dijo): ‘Soy Filiberto de la Garza, el titular del despacho, vine a hablar con usted, porque mis abogados que fueron a verlo al Topo Chico y a Apodaca me están diciendo que usted no acepta el trato’”, recuerda.
“(Y continuó): ‘Aquí te vamos a mantener 10 ó 12 meses en lo que vas a llevar el proceso, o más’”.
El ciudadano de 57 años, originario de Reynosa, Tamaulipas, señala que el descaro en esta oferta demuestra que el aparato ministerial de Nuevo León se mueve a favor del hermano del procurador.
“(Filiberto de la Garza le dijo): ‘Es que nosotros estamos impuestos a meter a la cárcel a la gente, y la misma gente nos habla a nosotros para ofrecernos dinero y hacer un trato. Y a ustedes les estamos ofreciendo dinero y no quiere’”.
A los ofrecimientos extralegales, cuenta Tamez Galván, se sumaron las intimidaciones y la persecución de la Policía Ministerial a uno de sus abogados defensores, cuyo nombre prefiere omitir por razones de seguridad.
Afirma que un agente le habló para amenazarlo desde un celular personal.
“Tengo el número de teléfono, voy a sacar la lista y a quién pertenece ese teléfono, pero es de un agente de la Ministerial. Constantemente lo estuvieron hostigando: ‘Oye, venimos de parte de papá’. (Preguntó:) ¿oye, quién es tu papá? (Y respondió:) ‘Pues el procurador’”.
La controversia por el predio inició en octubre de 2012, con la interposición de las denuncias penales de Humberto Javier Lozano Casas, administrador de la empresa Inmuebles HAE, S.A. de C.V., y de Juan Manuel Hernández Magallanes.
Éste último había celebrado con el inculpado un convenio para adquirir la propiedad por 120 mil pesos, pero la operación mercantil nunca se liquidó, porque sólo le pagó al acusado la mitad del monto pactado.
No obstante, Hernández Magallanes vendió el terreno a un tercero, Inmuebles HAE, S.A. de C.V., sin tener pleno derecho sobre él.
El vendedor justificó ante la compradora la posesión del predio con un supuesto poder legal que la defensa de Tamez Galván califica de “sospechoso”.
A pesar de que la propiedad, localizada en la colonia Los Altos, está en litigio, la compañía que actualmente la ostenta construye ahí el fraccionamiento Privada La Cima.
Incluso, ya hipotecó el terreno por un crédito de alrededor de 4 millones de pesos.
El arquitecto recuerda que compró el predio en 1980 a Vinicio Hernández del Valle, cuando esa zona estaba despoblada, sin servicios públicos y descuidada por el Municipio de Monterrey.
Tamez Galván asegura que se configuró un fraude, en el que están coludidos el vendedor, la compradora, las autoridades judiciales, el Ministerio Público, notarios y abogados que auxilian a Filiberto de la Garza.
“Es un fraude lo que están haciendo, porque estamos en litigio. Si saben que está en litigio, ¿cómo puedes comprar un terreno y estás construyendo con la seguridad que tú vas a ganar todo?
“Es muy evidente que están coludidos todos, con argucias legales se manejan”.
El inculpado, dedicado a la construcción, asegura que no conoce al procurador Adrián de la Garza, pero cuestiona las presuntas influencias que tiene su hermano en el Ministerio Público de Nuevo León.
“Pienso que es una buena persona, pero como siempre, el hermano incómodo aparece. No sería uno tan inocente de decir que él no está enterado, porque él es una de las personas mejor enteradas aquí, en todo el estado”.
Por lo pronto, tras su salida de la cárcel, Tamez Galván trata de readaptarse a su vida, pero admite que aún teme por la seguridad de él y de su familia.
Al borde del llanto, acepta que contempla la posibilidad de tomar un tratamiento psicológico para él, su esposa y sus dos jóvenes hijos, tras haber sufrido el desgaste del encarcelamiento, que también mermó su economía familiar.
Por ello, invita a los ciudadanos que podrían ser víctimas del despacho legal De la Garza Santos Abogados, a tener valor cívico y denunciar posibles atropellos de este bufete que encabeza el hermano del procurador.
“Es la única manera en que podemos acabar con esto, porque de otra manera va a seguir”, concluye Tamez Galván.
Reporte Indigo solicitó una entrevista con el abogado Filiberto de la Garza, sin embargo, para el cierre de esta edición no hubo una respuesta de su parte.
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