jueves, 15 de mayo de 2014

Herencia de guerra

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

La prosperidad agrícola de Zona Caliente en Michoacán es solo un recuerdo que contrasta con las imágenes de barricadas abandonadas. El miedo obliga a los pobladores a dejar su hogar.

Durante los últimos 15 meses la guerra entre células del crimen organizado y la lucha de los ciudadanos que se alzaron en armas para defender sus vidas y propiedades, tienen a Tierra Caliente en una situación que el Gobierno Federal no ha querido reconocer. Devastada social y económicamente. 

La emigración es el rostro principal de la nueva fisonomía que se extiende por toda la región de la otrora prospera zona. 

Aun cuando se ha avanzado en la conformación de la Fuerza Rural Estatal, integrada con los exautodefensas, las condiciones de vida para el grueso de la población civil siguen siendo adversas.

La prosperidad agrícola del lugar es solo un recuerdo que hoy contrasta con las imágenes de barricadas abandonadas, autos calcinados, caminos bloqueados y casas rafagueadas. Escupitajos de plomo que hablan en primera persona por todas partes.


Cuando estuvo en vigor el Programa Bracero - de 1942 a 1964-, el cual alentaba la emigración de mexicanos a Estado Unidos, no se había registrado una movilidad social tan alta como la que se ha detectado en Michoacán. 

No hay una dependencia que tenga cifras exactas, pero en las presidencias municipales de la zona se habla de que más de 120 mil michoacanos han optado por abandonar la región.

La mayoría de los que han dejado Tierra Caliente son familiares directos de alguno de los 2 mil 600 muertos o de cualquiera de los mil 100 desaparecidos que –extraoficialmente- ha dejado el conflicto en estos 15 meses. 

El saldo oficial no se sabe aún. Tampoco se sabe el destino de quienes ya no viven en esta parte de Michoacán. 

Algunos suponen que se fueron a Estados Unidos, otros estiman que la desaparición de familias completas de la noche a la mañana se debe a levantones del crimen organizado, que sigue operando en la zona a pesar de las autodefensas y la entrada en vigor la Fuerza Rural Estatal. 

Y es que, a pesar de los discursos triunfalistas de la Federación, el crimen organizado no se ha disuelto en esta parte de Michoacán. 

En los poblados más alejados de Tumbiscatío, Arteaga, Chinicuila, Buenavista Tomatlán, Apatzingán y Aguililla aún es común observar las camionetas, con hombres armados, que pasan a toda velocidad por los polvorientos caminos. Dicen que son autodefensas. Dicen que son templarios. Nadie sabe bien. Y mucha gente no se ha quedado para saber.

No hay dependencias oficiales, de ninguna instancia del gobierno, que apoye a las personas que han decidido salir de la zona de guerra. Lo que más se aproxima a una ayuda es la orientación que se brinda en la secretaría del Ayuntamiento de Apatzingán, en donde se informa sobre los trámites a cumplir en la embajada de Estados Unidos, si se requiere solicitar asilo político.

Se calcula que al menos unas mil 150 familias de Michoacán hacen trámites ante el gobierno del vecino país en busca de alcanzar un estatus migratorio que les permita vivir legalmente allá. 

La mayoría de esas familias argumentan lo evidente: su condición de vulnerabilidad en medio del conflicto armado que sigue latente en la entidad.

La travesía en busca de la paz

La familia de Luis hizo el viaje hasta Tijuana. Salió de Artega el pasado 30 de enero. Llevaban cartas membretadas y selladas por la presidencia municipal. 

Decidieron presentarse en la estación migratoria de San Ysidro, en California a donde les habían dicho que podían solicitar un permiso provisional de internación a suelo norteamericano. Nadie les prestó atención y los deportaron sin mayor explicación.

Después de estar viviendo casi tres meses en una casa albergue de migrantes en Tijuana, Luis y su familia decidieron hacer el retorno a su tierra. 

Por los medios de comunicación conocieron el convulsionado entorno que aún prevalece en Michoacán. Decidieron quedarse a vivir unos meses en Guadalajara, pero Luis no encontró trabajo y regresaron a Michoacán. 

“Ahora estamos aquí (en Morelia) sin poder regresar para Arteaga”,  explica Luis. “Allá Los Templarios nos quieren reclutar a mí y a mis dos hijos. Los grupos de autodefensa dicen que somos Templarios y nos amenazaron con matarnos sin volvíamos al pueblo. No tenemos para donde voltear”.

Luis tiene dos hectáreas de suelo agrícola en Arteaga. Para su mala suerte, sus tierras colindan con una mina de donde los Templarios extraen hierro en forma ilegal. 

Los camiones tenían que pasar por el terreno de Luis por  lo que le “expropiaron” una cuarta parte de su predio. 

El jefe de la célula criminal, a manera de compensación, le ofreció a Luis reclutarlo junto con sus dos hijos, uno de 16 y otro de 19 años de edad. Les ofreció pagarles 300 pesos al día.

Hoy Luis sostiene a su familia vendiendo flores entre los cambios de luces de un semáforo en el centro de Morelia. Ve difícil el retorno a su pueblo.

Sin apoyo de ningún lado

En condiciones similares a las que enfrentan Luis y su familia, se encuentran miles de familias que han sido desplazadas de la zona de Tierra Caliente. 

No hay una oficina de apoyo para quienes han tenido que dejar sus viviendas -a mitad de la noche para evitar las preguntas de las autodefensas o los levantones del crimen organizado- solo algunas organizaciones no gubernamentales se han atrevido a entrar en medio del conflicto para apoyarlos.

La presidenta de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos AC, Cristina Cortés Carrillo, tras reconocer la crisis humanitaria que se vive en la zona de Tierra Caliente, anunció que ya se ha solicitado la intervención de la ONU en esa parte del estado. 


La luchadora social dijo que el organismo no gubernamental que encabeza ya hizo una petición formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para que intervenga.

Otro alcalde preso

El acalde priista de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, quien ya tenía más de un año de no despachar en la presidencia del lugar,  fue detenido.


El edil tiene una averiguación previa que vincula al edil con el crimen organizado.