AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
En un comunicado, las Brigadas Internacionales de Paz, Front Line Defenders, Latin American Working Group y Washington Office on Latin America dan cuenta de la urgencia para que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dé el “respaldo político institucional”, a fin de “asegurar que la protección de personas defensoras y periodistas sea una prioridad de la actual administración”.
En el documento se retoma información publicada por Proceso 1951 sobre la crisis que atraviesa el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de las renuncias de cuatro funcionarios emplazados por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, con lo que “el Mecanismo perdió un tercio de sus recursos humanos”.
Las ONG también retoman la respuesta que dieron los miembros civiles del Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno del Mecanismo, quienes el 24 de marzo decidieron cancelar su participación en las reuniones, luego de considerar que “no existen las condiciones” para analizar y definir las medidas de protección.
También se suman al diagnóstico de activistas por el que se destaca que, de 130 peticiones de medidas de protección, en “70% de los casos registrados por el Mecanismo se sufre de largas demoras cuando son procesados, especialmente en la fase de análisis de riesgo. La sociedad civil ha observado que estas demoras pueden durar hasta seis meses y, mientras tanto, las personas defensoras o periodistas se encuentran en situaciones de graves riesgos”.
En el panorama se resalta que “a pesar de que unos 263.9 millones de pesos (20.3 millones de dólares) han sido asignados al Mecanismo desde su creación hasta la fecha, no se ha podido acceder a estos recursos debido a procedimientos burocráticos.
“La incapacidad de acceder a los fondos es preocupante, ya que afecta de manera negativa la implementación de las medidas de seguridad aprobadas por el Mecanismo”, acotan.
Las organizaciones internacionales alertan sobre la impunidad, a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) forma parte del Mecanismo, lo que “no ha tenido un impacto significativo en la identificación y enjuiciamiento de los perpetradores de ataques y agresiones contra defensores de derechos”.
Más aún, “sin investigaciones y procesos jurídicos apegados a los estándares internacionales, las medidas de protección otorgadas son insuficientes y el Mecanismo es insostenible a largo plazo”, sentenciaron.
Además, alertaron sobre la falta de instalación de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo, lo que junto con la frecuente rotación de personal han provocado que “las evaluaciones de riesgo no se realicen adecuadamente”, que se tomen medidas en su mayoría de tipo policiaco, que no se tome en cuenta condiciones de “género o el contexto socio-político” , aparte de que “algunos defensores y periodistas han reportado que las medidas otorgadas no corresponden al nivel y tipo de riesgo que enfrentan, y por lo tanto no les sirven o los han puesto en mayor riesgo”, o bien que las medidas de protección tomadas “no se basan en el análisis de riesgo formalmente adoptado por la Junta de Gobierno”.
Al puntualizar en la urgencia de “un respaldo político” a defensores y periodistas y que el personal operativo del Mecanismo cuente con el apoyo institucional y “la cooperación de otras entidades gubernamentales a la hora de implementar medidas de protección”, las ONG identifican “una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno que obstaculiza la efectiva implementación de las medias de protección otorgadas”, aunque 31 de las 32 entidades hayan firmado convenios de cooperación.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos demandaron al titular de la Segob nombre a la brevedad a un titular de la Unidad de Derechos Humanos y que sean ocupados los puestos considerados en el organigrama del Mecanismo, tras asegurarse de que “las personas seleccionadas tengan amplia experiencia en temas de derechos humanos y protección y que reciban la formación relevante y necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera profesional”, designaciones que, apuntaron, deberán ser conocidas por la sociedad civil.
También consideraron necesario convocar a una reunión con las organizaciones de la sociedad civil para “informarles de los pasos que se están tomando para superar los grandes retos que existen en la estructura del Mecanismo”, así como las “medidas que se están tomando para garantizar su protección mientras se está resolviendo los problemas estructurales”.
Asimismo, exhortaron a la publicación de un plan de trabajo con fechas concretas para superar los problemas en los que se encuentra el Mecanismo, para lo que se sugiere invitar a la sociedad civil a participar en cada fase de revisión.
Por último, los activistas exigieron “garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras y periodistas que están en riesgo debido a su legítima labor, y que se encuentran actualmente en una situación de aún más riesgo debido a esta última crisis del Mecanismo de Protección”.
Es por ello, abundaron, que se debe garantizar que todas las medidas necesarias serán tomadas para asegurar que las preocupaciones de activistas y comunicadores, en cuanto a su protección y seguridad, “sean tratadas adecuadamente y sin demora”.
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