martes, 1 de abril de 2014

Sedena y policía mexicana podrán “espiar” llamadas, chats, correos y redes sociales

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: RAÚL LINARES.

(31 de marzo, 2014).- “Invasiva” y facultativa para ejercer el “espionaje”, ha sido calificado el espíritu de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, enviada desde el pasado 24 de marzo, por parte de Peña Nieto al Senado de la República.

Bajo la argumentación de supuestos motivos de “seguridad nacional” e “inteligencia”, los historiales de comunicaciones que realice la ciudadanía –ya sean en chats, whastapps, llamadas telefónicas, redes sociales–, estarán disponibles para ser usadas por agencias de investigación y seguridad mexicanos.

Esta medida, ampliamente criticada, llevó a que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), ese mismo día, se posicionaran en contra, por considerarla “regresiva” al no favorecer una mayor competencia en telecomunicaciones, ni fomentar la televisión y la radiodifusión pública.

Sin embargo, eso no revela el peor de los escenarios.


Como advierten los artículos 192 insertados en dicha propuesta, los concesionarios estarán obligados a conservar el registro y control hecho por los usuarios de telefonía e internet, y que se realice desde cualquier dispositivo que van desde computadoras, portables, tablets, iPads y iPhones, así como otros gadgets electrónicos de nueva generación: “Toda tu comunicación de voz, datos, mensajería instantánea se quedarían grabadas en alguna plataforma para algún uso que la autoridad requiriera”.

A su vez, la propuesta del artículo 134, advierte que los: “concesionarios  deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran”.

Por si fuera poco, advierte un especialista, esta medida ocasionaría un costo extra para los operadores de telecomunicaciones quienes actualmente llevan registro de las llamadas y el consumo de datos, sobre todo de internet, con fines comerciales, pero no guardan el contenido de las comunicaciones como sugiere.

“Con qué ánimo puedo usar los servicios de cualquier concesionario si al final sé que pueden acabar en manos del estado (…) se invade la privacidad”, dijo al El Financiero, el doctor Daniel Márquez, abogado penalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en transparencia y rendición de cuentas.

Actualmente, la localización geográfica en tiempo real a través de celulares o dispositivos móviles pueden darse sin necesidad de una orden judicial, pero sólo en casos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas, y a petición del Ministerio Público o procuradurías, por medio de la puesta en operación del Código Nacional de Procedimiento Judiciales, aprobada en diciembre pasado.

No obstante, la propuesta de Ley Secundaria de Telecomunicaciones, ampliarían esta facultad sin limitarse a casos criminales; de hecho, todo usuario, en el momento de contratar un servicio de telefonía o proveedor de servicios de internet, estaría ya, desde el momento de usar el servicio, sujeto a este esquema de regulación.


“Da la impresión de que se abren los espacios para el espionaje, no tiene los candados que tiene el código nacional”, expuso Daniel Márquez.