Con Peña en Los Pinos, México vive una tenaz violación contra la libertad y la protesta: Informe de grupos civiles

FUENTE: SIN EMBARGO (REDACCIÓN)
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-04-2014/956909.

esde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, el 1 de diciembre de 2012, México vive “un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión” con una larga lista de agravios que “puede constituir la configuración de un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas”, advierte el documento “Control del Espacio Público. Informe Sobre Retrocesos en las Libertades de Expresión y Reunión en el Actual Gobierno”.

En la actual administración, destaca, la protesta social y la criminalización de la misma va en aumento y se han agudizado las medidas para reprimirla, además de que la tendencia de legislar contra los derechos de los ciudadanos ha tomado auge con la aparición de leyes anti marchas en el Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí.



“No sólo existen leyes que de manera expresa buscan estos fines, como la llamada ‘Ley antimarchas’ del Diputado Jorge Sotomayor, del Partido Acción Nacional (PAN), sino que además se adelanta un paquete de legislación local y federal que buscan criminalizar la manifestación pacífica”, denuncia el informe realizado por las organizaciones Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Todos los Derechos para Todas y Todos, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Causa, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Serapaz.

Sobre la intención legislativa de criminalizar la manifestación pacífica, el grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) considera que “es preocupante en tanto que se inserta en una realidad donde tienen lugar de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades de los distintos órdenes de gobierno”.

Además, plantean, las acciones de represión son acompañadas de un discurso que construye una connotación negativa sobre la protesta social.

“Esta percepción negativa que se construye alrededor de la protesta social se traslada a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y a los manifestantes en general. Los convierte en víctimas de un contexto donde derechos básicos como la libertad de expresión, asociación, información y la protesta social les son limitados de manera profunda. Todo esto ha generado un efecto silenciador o amedrentador hacia el ejercicio de estos derechos, en detrimento de la vida democrática”, considera el informe.

INTOLERANCIA EN EL DF

Históricamente, el Distrito Federal, es sede de buena parte de conflictividad social del país y esto se traduce en obligaciones para las autoridades de garantizar los derechos y libertades de los grupos que se manifiesten, plantea el documento que hoy será presentado públicamente en la Ciudad de México.

Sin embargo, “lejos de cumplir con sus obligaciones, las autoridades con frecuencia se mueven bajo una lógica criminalizante, de mano dura y tolerancia cero, basadas en la restricción de los derechos humanos y en el incremento de las facultades discrecionales para las agencias y cuerpos públicos de seguridad”.

Con el operativo “Transmisión del Poder Ejecutivo” de diciembre de 2012, denuncia, inició una nueva forma de respuesta por parte de los cuerpos policiacos en la capital del país, que es sede de los Poderes de la Unión, y se dio origen a una serie de acciones administrativas y legislativas que pareciera pretenden inhibir la protesta social, ya que se establecen procedimientos por parte de los cuerpos policiacos que se traducen en constantes “encapsulamientos de contingentes”.

En este mismo sentido, según el estudio de las ONGs, se han documentado detenciones arbitrarias e ilegales, tortura y malos tratos, de los cuales incluso han sido víctimas menores de edad. “El nivel de abuso de autoridad llegó al extremo en el que a los detenidos durante la movilización se les imputará el delito más grave del Código Penal del DF, ‘Ataques a la Paz Pública’, que implicaba una pena de 30 años, representando así el triple de punibilidad respecto a la pena de rebelión o el doble de la de sabotaje o terrorismo”, agrega.

En el Distrito Federal, plantean, el comportamiento de las fuerzas del orden público “es preocupante” pues la presencia de cuerpos de granaderos en las manifestaciones se ha normalizado, sin importar la naturaleza de los grupos que se manifiestan, además de intimidar y provocarlos, situación que muy frecuentemente motiva actos de represión contra ellos.

Estas situaciones de represión, exponen, han motivado la necesidad de monitorear y documentar algunas de estas manifestaciones, donde es de gran valor el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos.

“Sin embargo, esto no ha limitado a las autoridades de cometer abusos y violaciones contra ellos que, a pesar de ser denunciadas públicamente, continúan en tanto que no existe una sanción para los responsables.

“Llama la atención la campaña mediática que han encabezado funcionarios del Gobierno del DF, donde se empeñan en utilizar adjetivos despectivos como sinónimos de delincuente, contribuyendo con ello a la confusión y agudización del clima de criminalización de la protesta”, establece.

INICIATIVAS PREOCUPANTES

Sobre la generalización de iniciativas que de manera expresa están encaminadas a restringir la protesta social, las ONGs destacan su preocupación pues “constituyen una habilitación de poder punitivo del Estado para resolver conflictos sociales”.

La sobre regulación de un derecho, como es el caso de la protesta social con leyes como la Iniciativa de Movilidad en el Distrito Federal que, como en otro estados –Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí– limita los espacios para manifestarse, obliga a dar aviso y otorga facultades arbitrarias a las fuerzas policiacas para impedir bloqueos, “provoca que la materialización y efectiva garantía de los derechos se encuentre entorpecida”.

“Es importante señalar que las restricciones desproporcionadas relacionadas con la protesta (como puede ser una ley que la sobre regula) generan un efecto de silenciamiento, lo que resulta perjudicial con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas”, establece el informe.

Las restricciones al ejercicio del derecho de reunión y libertad de asociación se convierten en obstáculos a la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan, a través de medios de participación no convencionales.

Por ello, considera el estudio, “al limitar el ejercicio de manifestaciones, se restringe el ejercicio de otros derechos relacionados (como libertad de expresión, asociación e incluso petición) y además, se impide conocer las demandas sociales, considerando que el contenido de la protesta es ‘irrelevante’ y olvidando que la protesta puede incluso servir como ‘llave de acceso’ o exigencia de otros derechos, sobre todo cuando los canales de participación son reducidos.

RECOMENDACIONES

En este escenario, el documento realizado por las organizaciones defensoras de derechos humanos ofrece las siguientes recomendaciones a las autoridades, de las que, afirman, estarán vigilantes:

- Abstenerse, por parte de los poderes ejecutivos y legislativos de los estados, de presentar iniciativas de ley y disposiciones administrativas que inhiban la protesta mediante disposiciones que establezcan: horarios y lugares para manifestarse; prohibición absoluta de usar ciertas vialidades; responsabilidad solidaria por actos ilícitos cometidos durante manifestaciones públicas, prohibición de usar ciertas presiones verbales o escritas, impedimento para usar capuchas, entre otras.

- Los poderes públicos de los distintos niveles de gobierno deben presentar y aprobar iniciativas legales y disposiciones administrativas que garanticen y protejan el ejercicio del derecho a la protesta frente a los actos de las autoridades.

- Las autoridades judiciales, en estricto apego a su obligación de realizar control de convencionalidad ex officio, deben desechar desde el principio imputaciones penales o administrativas relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

- Las administraciones tanto federal como estatal deben abstenerse de emitir medidas administrativas relacionadas con el espacio público que no estén apegas a los criterios internaciones de derechos humanos sobre la materia tanto del sistema ONU [Organización de las Naciones Unidas] como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.