AUTOR: ANTONIO JIMÉNEZ.
El PCM, quién ha recibido un fuerte golpe en el último año –varios de sus militantes fueron asesinados- aseguró que se está viviendo una “dictadura desembozada de los monopolios”, que se comprueba todos los días, un nuevo régimen, de “tipo represivo, de barbarie y descomposición” que alcanza al movimiento social y a las organizaciones que se oponen a él, entre éstas el mismo PCM.
Aseguran que en Oaxaca, diversos periodistas policíacos, están difundiendo un supuesto vínculo entre Gustavo Adolfo López Ortega, miembro del Buró Político del PCM y el Ejército Popular Revolucionario (EPR); a través de la columna de Alfredo Martínez Aguilar en el Polígrafo Digital, y también de las columnas de Alejandro Cacho y Leopoldo Mendívil, de los medios informativos La Crónica Oaxaca y La Crónica nacional.
A través de un comunicado, recuerdan el asesinato de Raymundo Velázquez, dirigente del PCM en Guerrero, donde antes de su asesinato hubieron también versiones periodísticas con acusaciones similares. En el mismo contexto exponen el caso de sus integrantes Luis Olivares, dirigente de la Unión de Productores de la Costa Grande y Rocío Mesinos, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.
Es por ello que han iniciado acciones jurídicas contra los diferentes “calumniadores”.
“En todos estos casos reconocemos la mano del Estado mexicano, […] y hemos comenzado a trazar una línea de acción con un marco jurídico para conminar a los periodistas mencionados que presenten las pruebas en las que basan sus afirmaciones o al proceder legal de nuestros camaradas por los delitos que les resulten. Misma acción se ejercerá contra todos aquellos que sigan lanzando calumnias que pongan en riesgo la vida, la libertad y los bienes de nuestros camaradas en cualquier parte del país.”
Además el PCM dio a conocer la persecución política de la cual están siendo objeto diversos militantes del partido en distintos estados de la República. En Veracruz, miembros de la Secretaría de Marina, acosaron a la familia de Gaudencio Brito Flores, en la región del Valle de Orizaba y las Altas Montañas; En Morelos, Ernesto Blanco Medina, miembro del Consejo Central de la Liga de la Juventud Comunista, fue amenazado y golpeado; En el Distrito Federal, Juan Rubio, miembro del Comité Central del PCM, fue interceptado y colisionado por un automóvil del cual un par de individuos lo amenazó si continua con sus actividades sindicales; y en Tamaulipas, Enrique López Gutiérrez, miembro del PCM y dirigente de la FTI en la región petrolera de Tampico-Madero, fue interceptado violentamente por miembros de la Marina, la propaganda del partido confiscada y el contenido de su teléfono celular revisado escrupulosamente.
Por último el PCM responsabilizó a Peña Nieto y a las fuerzas armadas, de cualquier agresión física contra los miembros de su partido.
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