FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ÉRIKA PAZ.
(11 de marzo, 2014).- Los cinco hombres detenidos por ser presuntos responsables de la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez el 15 de julio de 2010 –en pleno apogeo de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, emprendida por el ex presidente Felipe Calderón– fueron liberados el viernes 7 de marzo pasado.
Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí fueron aprehendidos “arbitrariamente” el 11 de agosto de 2010, a ellos se les señaló como responsables del que fuera considerado un acto terrorista cuando Genaro García Luna encabezaba la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, no se pudo comprobar que Chavira, Amaya, Víctor Martínez, Gustavo Martínez y Fernández hubieran participado en el atentado. A pesar de ello fueron torturados y recluidos en cárceles de Veracruz y Nayarit, acusados de delincuencia organizada, posesión de drogas y de armas de uso exclusivo del Ejército.
El médico Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, explicó que como suele ocurrir dentro del sistema judicial mexicano, se fabricaron culpables. “Estos muchachos fueron detenidos. Fue la Policía Federal Preventiva la que actuó contra los chicos”. Quienes fueron torturados en las instalaciones de la Policía Federal en Ciudad Juárez, “luego en el avión y también en el hangar de la policía, trasladados a la sede de Iztapalapa, cinco días de tortura para hacerles lo que nunca uno se llega a imaginar”, relató Enríquez en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro.
Los cinco jóvenes fueron sometidos a golpes en todo el cuerpo “con puños, patadas; además, les dificultaron la respiración, les taparon la cara, les echaron agua, simularon ejecuciones con pistola, les hicieron ver violaciones a compañeros, escucharon las torturas a otros compañeros, los obligaron a posar con armas para mostrarlos como los grandes delincuentes, los amenazaron con violarlos a ellos o sus familiares, aplicaron esposas en manos y tobillos, fueron inmovilizados, todo ello para que asumieran los cargos que se le imputaban por tráfico de drogas y armas, delincuencia organizada”, narró Javier Enríquez.
Diana Morales, coordinadora jurídica del Centro de Derechos Humanos del Paso Norte (CDHPN) rememoró que la Guerra contra el narcotráfico empezó en Ciudad Juárez, siendo el año 2008 el más álgido y de mayor violencia en el estado de Chihuahua, “lo que provoca que Felipe Calderón [enviara] elementos del ejército para proteger la ciudad, lo cual fue un fracaso. Todavía vemos las consecuencias de esos hechos. [Durante ese tiempo] la ciudad vivió muchas violaciones a los derechos humanos como nunca antes”, contextualizó.
En la explosión del coche bomba “perecieron tres personas y gente de la Policía Federal Preventiva, ahí se empezó con una cacería para dar con los responsables de un acto que se denominó como terrorista. A los cinco se los llevaron y sus familiares empezaron a buscarlos, hasta que se dan cuenta que estaban en la Ciudad de México”.
Diana Morales explicó que Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal de México determinó que los cinco hombres participaban de la delincuencia organizada. La coordinadora jurídica del CDHPN narró lo sucedido: “Se los llevan a la SIEDO (entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) 80 días y los llevan a proceso, sin acusarlos de terrorismo”, el delito por el que inicialmente habían sido detenidos.
La tortura duró cinco días y fueron arraigados, presentaban múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo, con estadios de evolución diferentes “aproximadamente entre 15 y 30 lesiones, en la cabeza en la cara, en los costados y en las extremidades”. Además de presentar “estrés postraumático, la depresión mayor que se caracterizaba por miedo, dolor, pesadillas, siempre en alerta, desconfianza a causa de las experiencias vividas, les generaba terror y miedo, evitaban hablar en los hechos ocurridos. Todas estas son las secuelas que produjeron las torturas que ellos vivieron”, informó Javier Enríquez.
La defensa y el CDHPN exigieron que se les aplicara el protocolo de Estambul, el cual es “es un estudio médico psicológico sobre los posibles actos de tortura, está basado en un estándar internacional que la emitió la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, digamos que es la prueba más importante para aportar que las personas han sido víctimas de tortura”. Sin embargo, en México dicho protocolo no ese aplica con apego a los estándares internacionales, además de que se obstaculiza a los organismos independientes que lo aplican , aseveró Javier Enríquez.
De acuerdo con el médico especialista en la aplicación del protocolo de Estambul, aplicarlo a los cinco hombres acusados de hacer estallar un coche bomba “no fue nada fácil, fue bastante complejo que los jueces y los directores de los penales permitieran el acceso a los reclusorios de máxima seguridad donde estaban recluidos, ellos estaban en Villaldama y Perote, Veracruz; en Tepic y en el Rincón, Nayarit; no nos permitían pasar nuestros equipos ni siquiera una botella de agua”, expresó.
Diana argumentó que el “artículo 1ro constitucional obliga a los jueces a aplicar el protocolo de Estambul, siempre que una persona detenida alegue tortura”. Javier, por su parte dijo que junto con varios centros de defensores de derechos humanos, presentaron en septiembre de 2012 el libro “En nombre de la guerra contra la delincuencia”, en el que “señalamos la manera en que interviene el gobierno calderonista. Y que los casos relacionados con delincuencia organizada, que presentaron tortura en relación describían un modus operandi recurrente:
“Hombres armados, encapuchados descienden precipitadamente de furgonetas sin matrícula, en la calle, en los domicilios o interceptan a vehículos y agreden a las personas presentes y nunca se identifican se embarca a la o las personas sin que se les indique el motivo de su detención, algunas familias indican que creían entonces que se trataba de un secuestro para obtener dinero del rescate un fenómeno muy común en México”. Cuando las familias se presentan a saber del paradero de sus familiares, les niegan el acceso y cualquier tipo de información al respecto, denunció Javier Enríquez.
Patricia Galarza coordinadora del departamento psicosocial del CDHPN, leyó una serie de exigencias, las cuales son: “Que la PGR sancione a los verdaderos responsables del delito de tortura de los cinco jóvenes. Que la PGR en conjunto con la Policía Federal continúe con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que el Estado favorezca para que se dé la reparación integral de las víctimas, tomando en cuenta las recomendaciones hechas a México el 23 de octubre de 2013, hechas en Ginebra Suiza, en base al Examen Periódico Universal. Que las fuerzas policiacas se les instruya de abstenerse de tortura y malos tratos a las y los detenidos tal y como lo establece la Constitución”
“Que se elimine la figura del arraigo y que cuando una persona alegue ser víctima de tortura, los Ministerios Públicos anulen cualquier declaración obtenida. Que el estado garantice la seguridad de los sobrevivientes de tortura que son Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí”.
Asimismo señalaron que actualmente siete personas enfrentan proceso penal acusadas del estallido del coche bomba el 15 de julio de 2010, en Ciudad Juárez, por lo que con la liberación de los cinco jóvenes se comprueba que en el gobierno de Felipe Calderón se fabricaron culpables.
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