En el dictamen se adicionan otros medios para la consumación de un acto terrorista como el uso de material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación.
Con la oposición de las fracciones del PRD y del PT, que argumentaron que con esa reforma se sancionará la protesta social que se podrá equiparar con terrorismo, se avalaron cambios a los códigos Penal Federal, Fiscal de la Federación y Federal de Procedimientos Penales.
De igual forma, se aprobaron reformas a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada, de Extinción de Dominio y Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política mexicana.
En el dictamen se adicionan otros medios para la consumación de un acto terrorista como el uso de material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo y fuente de radiación.
Prevé la protección a los bienes o servicios públicos, pero también aquellos de naturaleza privada “en virtud de que los actos no sólo afectan al Estado, sino a los derechos de los particulares”.
El dictamen contempla aplicar una sanción de 15 a 40 años de prisión a quien por cualquier medio que fuere, sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas.
El Ministerio Público o, en los casos que determinen las disposiciones aplicables las autoridades que regulan el sistema financiero nacional, podrán ordenar a las entidades del sector la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos.
Se procederá de esa forma cuando reciban resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y cuando esos se vinculen con los delitos materia de la extinción de dominio.
Con esa y otras medidas se busca cumplir con las recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) ha realizado a México en los últimos años, así como las obligaciones que derivan para este país como integrante de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Además se realiza una adecuación normativa indispensable frente a la constante evolución tecnológica y sofisticación de las actividades criminales y se sancionará a quien prepare un acto terrorista independientemente de que se haya logrado cometer o no.
Las disposiciones establecen penas específicas para quienes cometan homicidios o atenten contra la libertad de una persona internacionalmente protegida, como jefes de Estado, o realicen actos violentos contra sus residencias particulares, locales oficiales o medios de transporte.
También considera 15 años de cárcel para quienes por sí mismos o por terceras personas roben material radiactivo, nuclear o fuentes de radiación.
Esos cambios legales castigan además a quienes adquieran, administren, reciban o los transporten en territorio nacional.
El senador perredista Alejandro Encinas argumentó en tribuna que las implicaciones sociales que se derivarán de la interpretación de las autoridades a las reformas planteadas para ampliar la tipificación del terrorismo darán lugar a la criminalización de la protesta social, con lo que se violentarían los derechos humanos.
En contraste el senador panista Roberto Gil Zuarth defendió la reforma y llamó a cambiar la visión local por una internacional para erradicar el terrorismo e impedir que en el país se confabule algún acto de esa naturaleza.
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