lunes, 10 de febrero de 2014

Por alterar evidencias, familiares de desaparecidos rompen con gobiernos

FUENTE: PROCESO (REDACCIÓN)

SALTILLO, Coah. (apro).- La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), uno de los colectivos más importantes de familias de personas desaparecidas, rompió toda relación con los gobiernos federal y estatal al considerar que durante la búsqueda de restos humanos iniciada el pasado 26 de enero en la zona norte de esta entidad ocurrieron graves anomalías –como la entrada sin control de la prensa y el uso de maquinaria pesada– que pudieron llevar a la contaminación, alteración y pérdida de evidencia sustancial.

“(Siempre) hemos enfatizado hasta la necedad nuestra demanda de que debe protocolizarse la acción de búsqueda y de investigación, para mejorar no sólo las probabilidades de hallazgos de personas desaparecidas, sino para el esclarecimiento del hecho y el procesamiento judicial de los responsables.

Por eso nuestra insistencia ante el gobernador, y también por eso nuestro sentimiento de decepción, indignación, desengaño, impotencia, rabia y dolor, ante la evidencia irrefutable de que el operativo, más pareció una pasarela periodística de acceso libre, contaminando las evidencias que se esperaban recolectar, y confirmando nuestros peores temores”, indicó en un duro comunicado.

En el escrito titulado “Ante nuestra advertencia, el engaño”, la organización de familiares respaldada por el Centro de Derechos Humanos Diocesano de Saltillo señaló que el gobernador Rubén Moreira había asegurado falsamente a las familias y a organismos internacionales que en el operativo reciente “no había sido usada maquinaria pesada, que no se había permitido la entrada de la prensa a la zona de búsqueda, y que se habían respetado todos los protocolos que garantizaban el manejo y la cadena de custodia de tan delicadas evidencias”.

“Las familias de FUUNDEC-M fuimos sorprendidas por un reportaje del noticiero Primer Impacto, de la cadena Univisión, en el que se aprecia un trabajo periodístico que pone en evidencia la violación absoluta a las reglas de preservación del lugar del hallazgo y de búsqueda, fijación, levantamiento y embalaje de indicios fundamentales para los fines del operativo (pateando ropa, por ejemplo), pero también se aprecia el uso de maquinaria pesada, en acciones de excavación. El reportero desarrolla su acción en el interior de inmuebles que debieron haber quedado acordonados para su preservación, sin que apreciemos que la autoridad le impida afectar lo que podría ser evidencia central de una hipótesis de incineración de cuerpos, según él mismo refirió”, indicó la organización.

Por esa razón FUUNDEC-M hizo evidente su rechazo al operativo, su escepticismo sobre los resultados y la suspensión de toda interlocución con el Estado mexicano. Exigió que “los responsables de este desaseo den cuenta de lo sucedido, y el gobernador y el comisionado general de la Policía Federal expliquen pública y transparentemente lo sucedido”.

“La Plenaria de FUUNDEC ha tomado la decisión de suspender la interlocución con el gobierno del estado de Coahuila y con la federación, retirándose de las mesas temáticas y de las de seguimiento de casos, hasta en tanto el gobernador de Coahuila y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, nos den explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías detectadas en el operativo (…) y se deslinden las responsabilidades del secretario de Gobierno Armando Luna Canales, del procurador de Justicia de Coahuila Homero Ramos Gloria, del subprocurador Yáñez Arreola y de Jesús Carranza Oyervides, vocero de seguridad del Gobierno del Estado”, indicó.

Exigieron también que cesen los operativos de búsqueda planeados, hasta en tanto la situación no sea aclarada y no se deslinden las responsabilidades, y hasta que se pida ayuda a organismos internacionales para preparar, desarrollar y sistematizar la búsqueda con estándares profesionales.

En el escrito la organización mencionó que durante cinco años han exigido la búsqueda inmediata de sus familiares, pero Felipe Calderón y el exgobernador Humberto Moreira y su procurador Jorge Torres López, se dedicaron “a administrar el conflicto. Aunque menciona que con el gobernador actual se lograron avances en armonización legislativa y en la atención integral, no se ha logrado una búsqueda efectiva.

“Desde FUUNDEC hemos enfrentado la desidia y la apuesta impune de la burocracia del Estado mexicano. Por eso, recibimos con sorpresa y alta expectativa el operativo de búsqueda en la zona norte del estado de Coahuila, iniciado aproximadamente el 26 de enero pasado, con una duración de unos 10 días. En nuestro comunicado del 31 de enero, manifestamos nuestro ánimo, pero también nuestra preocupación de que se hiciera bien y de que la prensa fuera cuidadosa en el tratamiento ético de la labor de informar sobre un suceso que sobrecoge nuestras entrañas, como pasó con este operativo”, señaló.

Los representantes de FUUNDEC y el gobernador Moreira se reunieron el pasado domingo. En dicho encuentro, las autoridades presentaron los resultados del operativo de búsqueda de personas desparecidas en 11 municipios del norte de Coahuila, donde participaron más de 250 efectivos militares, policías federales y de las corporaciones estatales.

“El gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó una reunión más de trabajo con los miembros del FUUNDEC, donde se dieron a conocer los avances que registra la búsqueda de personas desaparecidas en el estado”, precisó un comunicado oficial sobre esa reunión.

El texto oficial agrega que el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, informó que “se trabajó sobre la mesa de investigación y búsqueda sobre los avances que ha habido en temas generales y relevantes”.

Jorge Verástegui, representante de FUNNDEC, comentó a Apro que las autoridades no les informaron nada en concreto y que incluso el gobernador Moreira contradijo los resultados presentados por el subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, Juan José Yáñez Arreola.

“El gobernador Rubén Moreira nos dijo que no había encontrado nada”, comentó Verástegui.


El operativo de búsqueda arrancó el pasado 26 de enero con el objetivo de encontrar los restos de alrededor de 300 desaparecidos en la región conocida como Cinco Manantiales, donde Los Zetas  secuestraron y desaparecieron  a 80 familias, en venganza porque uno de sus contadores huyó con alrededor de medio millón de dólares.