AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), defensores de derechos humanos que forman parte de la Red de Organismo de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RTDT), del Colectivo Plan Nacional de Desarrollo-Migración y del Foro Migraciones sugirieron a los mandatarios a revisar los efectos que ha tenido el acuerdo comercial, sobre todo en los sectores más pobres de la población mexicana.
En otra misiva, el director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, reprocha que los presidentes y el primer ministro no hayan incluido en su agenda los temas de la inseguridad en la región, el tráfico ilegal de armas y de drogas, a pesar de que a partir de 1994 se han incrementado de forma alarmante.
En el primer mensaje, las organizaciones recuerdan que pese a que hace 20 se prometió que la firma del TLCAN acarrearía múltiples beneficios para los pobladores de la región, “los indicadores económicos han demostrado un deterioro de las condiciones de vida de a la población mexicana, aumentando la marginación y pobreza”.
Las agrupaciones documentan que el 45.5% de la población mexicana vive en la pobreza; que se registra un deterioro y despojo de los recursos naturales; la seguridad pública se ha militarizado; hay un incremento de la seguridad pública y la ausencia de la reforma migratoria, en tanto que la criminalización de la migración en México ha derivado en “la búsqueda de nuevas rutas migratorias de mayor clandestinidad y riesgos para la vida de las personas migrantes”.
Ello sin contar con las afectaciones ambientales provocadas por las mineras canadienses instaladas en México, denunciadas por organizaciones civiles, evidencian que “las prioridades económicas están por encima de la estabilidad social y el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos”.
En el documento se da cuenta de que contrario a las expectativas creadas hace 20 años, en las comunidades “la violencia, la pobreza, la falta de servicios educativos y de salud de calidad, les golpea de frente”.
Además, que la militarización de la seguridad pública ha derivado en un aumento de las violaciones a derechos humanos, mientras que tragedias como la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, “evidenció no sólo el contexto de inseguridad y las violaciones reiteradas a derechos humanos de la población migrante en el país, sino también la falta de compromisos de las autoridades”, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se ha pronunciado sobre las violaciones al derecho a la vida e integridad de las personas que pasan por México.
Las organizaciones reprocharon que desde que el demócrata Barack Obama llegó al poder en 2008, anualmente se han deportado un promedio de 400 mil personas sólo en 2012, de las 409 mil 849 expulsiones del territorio estadunidense, 72% eran de origen mexicano, sin contar con que las deportaciones se realizan “en condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas migrantes al realizarlas de noche y por puntos fronterizos con altos índices de inseguridad”.
Peor aún resultan las deportaciones de mexicanos que ya tenían una vida hecha en Estados Unidos, provocando la separación familiar, resaltan las organizaciones, que agregan que desde 2008 a la fecha 31 mil 540 mexicanos en esas condiciones han sido retornados a México, sufriendo como consecuencias “la pérdida de la patria potestad de hijas e hijos, y la imposibilidad de regresar de forma regular a los Estados Unidos, la reintegración social en su país de origen, la falta de información sobre los procedimientos relacionados con el Sistema de Bienestar Infantil en Estados Unidos y el acceso a la educación y la salud en México para sus hijas e hijos de nacionalidad estadunidense”.
En cuanto a los trabajadores reglamentados por el TLCAN, en Estados Unidos el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, está suspendido desde 2011 y en Canadá, los trabajadores migrantes están imposibilitados para ejercer su derecho de asociación “ya sea para buscar mejores condiciones laborales y/o denunciar abusos en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que México sostiene con esa nación, “con la complicidad de representantes del gobierno mexicano en Canadá y del personal encargado del reclutamiento y selección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”.
Ante ese escenario, decenas de organizaciones pidieron a los presidentes Peña Nieto, Obama y el primer ministro Harper, incluir en su agenda “las demandas de derechos, justicia e igualdad para las poblaciones migrantes”; realizar un balance del impacto que ha tenido el acuerdo comercial en diferentes sectores identificando los retos; considerar que el modelo comercial responda a las necesidades de la población y no sólo a los intereses económicos y abrir el debate “no sólo sobre la libre movilidad de capital sino a la libre movilidad humana”.
En tanto, la CMDPDH lamentó que en la reunión trilateral los mandatarios “evadirán discutir sobre la escalada de violencia en la región, particularmente en México, generada principalmente por la fallida guerra contra las drogas iniciada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y que gozó del respaldo material de Estados Unidos”.
El director de la organización, José Antonio Guevara Bermúdez lamentó que mientras en Estados Unidos “está prohibido el uso de ejército en funciones de seguridad pública” los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, apoyaron “a su contraparte mexicana en el uso de la fuerzas armadas para desempeñar labores que debieran corresponder únicamente a las fuerzas policiales civiles”.
La organización destaca en su misiva que pese al cambio de discurso con el gobierno de Peña Nieto, lo cierto es que “la violencia no cesa ni las violaciones a derechos humanos “, según datos de la CNDH del primero de diciembre de 2012 al primero de enero de 2014, se registraron 938 denuncia de violaciones a derechos humanos por miembros de fuerzas armadas.
La CMDPDH, que ha documentado diversos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, agravios atribuidos a miembros de fuerzas de seguridad del Estado, consideró que las secuelas de horror que ha dejado la política de drogas emprendida por México –más de cien mil asesinatos, 25 mil desaparecidos y miles de desplazados— son datos que “no pueden seguir siendo ignorados por más tiempo”.
Tras celebrar los avances en el continente en cuanto a la política de drogas, como lo es la regulación de la marihuana en Uruguay y en más de 20 estados de la Unión Americana, Guevara Bermúdez instó a los mandatarios de Canadá, Estados Unidos, y México a aprovechar la reunión “para trazar el camino tendiente a terminar con el dolor causado a millones de personas en México y el mundo por la fallida guerra contra las drogas. Este es el momento para poner a los derechos humanos, la salud y la seguridad ciudadana en el centro del debate”.
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