AUTOR: JORGE CARRASCO ARIZAGA.
En México el principio de justicia pronta y expedita no se respeta para nadie. El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración de los tribunales federales, se sumó al linchamiento público de sus propios impartidores de justicia –algunos de ellos suspendidos y en la incertidumbre laboral– aunque durante años no haya podido demostrar su culpabilidad.
Y son menos aún aquellos a quienes ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos penalmente.
El CJF, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, ha decidido la suspensión como medida cautelar y en consecuencia congelar sus ingresos, total o parcialmente, en espera de comprobar las acusaciones. Pero en la mayoría de los casos ni las propias investigaciones del Poder Judicial ni las de la PGR han dado lugar a cargos formales.
En los tres años que lleva la gestión de Silva Meza –la cual acabará en enero de 2015– se han realizado 32 investigaciones contra jueces de distrito y magistrados de circuito. De acuerdo con el propio CJF hay abiertas ocho averiguaciones previas de la PGR contra jueces o magistrados y cinco juzgadores más ya están bajo proceso penal. En el caso de los secretarios de acuerdos hay dos averiguaciones previas y cuatro procesales penales en su contra.
El CJF mantiene abiertos la mayoría de los expedientes debido a la falta de avance en las investigaciones de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, a cargo de Fernando Altamirano Jiménez, quien hasta agosto del año pasado ocupó el mismo cargo en la Suprema Corte.
La Contraloría ha tardado años para hacerse de la información sobre las cuentas de los juzgadores investigados, la cual debe proporcionar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El CJF tiene además un acuerdo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para hurgar en las declaraciones patrimoniales y cuentas personales de los más de mil jueces y magistrados del ámbito federal, pero ni así ha avanzado en sus investigaciones, más allá de los señalamientos públicos.
Las investigaciones de la Contraloría pasan luego a la Comisión de Disciplina del CJF, integrada por los magistrados Juan Carlos Cruz Razo, César Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera, quienes deciden las sanciones y, en su caso, dar vista al Ministerio Público federal. La Comisión, a su vez, se demora en iniciar los procedimientos administrativos para determinar si procede o no la inhabilitación o la destitución.
Cada vez que un juez o un magistrado emiten un fallo contrario a la PGR, sobre todo en los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público federal pregunta al CJF si tiene abierta alguna investigación contra esos juzgadores. Sólo el año pasado hizo 40 de estas peticiones.
Casos polémicos
Entre los jueces destituidos está Efraín Cázares López, quien liberó a casi todos los acusados del michoacanazo y ordenó, también, suspender la orden de aprehensión contra el exdiputado Julio César Godoy Toscano, señalado por la PGR como supuesto protector del narcotráfico en Michoacán.
Pero la mayoría de los juzgadores suspendidos desde hace años están a la espera de una resolución del CJF. Hay casos, como los del magistrado Rafael Zamudio Arias y el juez Francisco Martín Hernández a quienes ya se les inició ese procedimiento. Pero ambos esperan una resolución del organismo a cargo de la vigilancia, control y disciplina de los tribunales federales. El Consejo no se ha pronunciado en torno a estos dos casos pese a que las investigaciones llevan más de un año.
La investigación contra Zamudio Arias comenzó en 2012, cuando era titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca. En su sesión del 10 de julio de 2013, el pleno del Consejo decretó la suspensión temporal por todo el tiempo necesario para resolver el procedimiento sancionatorio. El caso está parado.
Zamudio fue el juez que en junio de 2005, en una inusual declaración, habló en nombre de 12 juzgadores del penal de Almoloya que le hicieron frente al entonces gobierno de Vicente Fox, el cual acusó a la justicia federal de obstaculizar la persecución de los narcotraficantes en México.
Zamudio explicó las razones técnicas por las cuales los jueces ordenaban la liberación de personas acusadas de narcotráfico, el traslado de esas personas de penales de máxima seguridad a otros de mediana seguridad u otros beneficios. Una de las liberaciones cuestionadas en ese momento fue la del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, quien salió bajo fianza pues el delito de encubrimiento –por el cual se le consignó– no se considera grave.
En febrero de 2001 el propio Zamudio otorgó una suspensión provisional para que se pudieran comunicar con sus familiares y visitantes seis de los custodios arraigados como presuntos cómplices de la fuga del Chapo Guzmán, en enero de 2001, del penal de Almoloya.
Fue además quien en 2004 multó al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, por no rendir ante la justicia un informe sobre la situación de un detenido por la policía capitalina.
También fue quien amparó a Leocadio Mendoza Olivares, uno de los implicados en el desvío de recursos del sindicato de Pemex a la campaña presidencial del PRI en 2000, así como al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo para no ser detenido en México, a donde había huído luego de ser acusado de corrupción en su país.
Otro caso pendiente del Consejo de la Judicatura es el del juez Francisco Martín Hernández, bajo procedimiento disciplinario por acoso sexual. Estaba adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Jalisco, con residencia en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. La investigación en su contra comenzó en 2012 y en agosto del año pasado el CJF decretó su suspensión temporal como juez por tiempo indefinido.
Un patrón entre los juzgadores suspendidos es su posible vinculación con la delincuencia organizada, difundida de manera oficiosa por la PGR, pero sin que después de varios años de investigación hayan sido consignados. Son los casos del juez de distrito Álvaro Tovilla León y el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano. A pesar de que fueron suspendidos en junio de 2011 y junio de 2012, respectivamente, el CJF ni siquiera ha iniciado proceso disciplinario en su contra.
Con 25 años de carrera judicial, Tovilla León, quien estaba al frente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, inicialmente fue suspendido por el CJF “de manera temporal” y a partir de noviembre de 2011 se prorrogó la medida cautelar “por todo el tiempo necesario”. Fue sujeto a investigación a partir de las denuncias de entrega ilegal de dinero a su secretario de acuerdos Esiquio Martínez Hernández.
En septiembre de 2011 el CJF informó que la PGR ya había abierto una investigación contra Martínez Hernández, denunciado por el propio Consejo de la Judicatura y después consignado por el Ministerio Público federal.
Al contrario de las pruebas que pesan contra el secretario del juzgado, formalmente preso por enriquecimiento ilícito, en el caso de Tovilla León el Consejo está atorado. Sus investigadores no explican aún cómo su secretario de acuerdos puedo acumular millonarios recursos sin el conocimiento del juez. Una de las indagatorias apunta a si fue omiso ante la conducta de su colaborador.
Como juez, Tovilla fue quien ordenó al GDF devolver el terreno del Encino a un particular. El caso derivó en 2005 en el proceso de desafuero de López Obrador por violar ese fallo judicial. También resolvió a favor de una empresa para construir la Torre Pedregal, en Las Lomas, pese a la oposición vecinal, lo cual dio lugar a acusaciones de soborno.
En 2007, el juzgador ahora suspendido levantó la clausura del casino Paradise, en Monterrey, Nuevo León. Según información filtrada a la prensa por la PGR, al día siguiente de dejar sin efecto la clausura, en la cuenta del juez se depositaron 400 mil pesos. Las mismas versiones le adjudican cinco cuentas con más de 20 millones de pesos, que superan sus ingresos como juzgador. El CJF no acaba de confirmar la alegada responsabilidad de Tovilla en el caso de la protección judicial a los casinos.
En situación similar está el magistrado Luna Altamirano, suspendido en junio de 2012 como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el Distrito Federal. Cuestionado en el propio Poder Judicial por su protagonismo público luego de exonerar del delito de genocidio al expresidente Luis Echeverría y de conceder la extradición del represor exmilitar argentino Ricardo Miguel Cavallo, el magistrado fue suspendido a petición del propio presidente de la Corte, Juan Silva Meza.
El ministro presidente les dijo a los consejeros que la PGR investigaba a Luna, pero después de un año y ocho meses el CJF no se ha pronunciado sobre el procedimiento administrativo.
Las filtraciones periodísticas lo señalan como lavador del cártel del Norte del Valle, la organización colombiana que negocia con el de Sinaloa. El CJF está revisando sus resoluciones. Entre ellas, la absolución que dictó en 2008 a favor del Chapito y el fallo con el cual liberó en 2010 a Jesús Zambada García, El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio del Chapo Guzmán.
En 2011 el magistrado absolvió a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y a su novio, el colombiano Juan Diego Espinoza, El Tigre. También liberó a Arturo Culebro Arredondo, Tito, supuesto lavador de dinero del cártel colombiano.
Luna Altamirano, quien ya había sido suspendido por hacer declaraciones públicas contra una juez, ha solicitado a la propia Suprema Corte que revoque la suspensión en su contra por considerar que se trata de un acto arbitrario del Consejo.
Los casineros
En las pocas investigaciones concluidas por el CJF está la de un juez y un secretario de juzgado acusados de proteger a casineros de Monterrey. Luego de dos años y cuatro meses, el Consejo apenas anunció el inicio de un procedimiento administrativo contra el juez de distrito Luis Armando Jerezano Treviño y su secretario de acuerdos, Gerardo Tiscareño Mercado.
El pasado 23 de enero el Consejo informó que encontró “elementos suficientes” para iniciar procedimiento administrativo de oficio contra ambos. Hasta septiembre de 2011 Jerezano era juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo. Tiscareño era el secretario del juzgado, pero las investigaciones en su contra se centran en el periodo en el cual estuvieron al frente del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón.
En medio de la indignación por el incendio provocado al Casino Royale, en Monterrey, ocurrido un mes antes y que dejó 56 muertos, el pleno del CJF decretó el 7 de septiembre de 2011 la suspensión temporal de ambos. Indicó que duraría el tiempo necesario ante los señalamientos de que habrían beneficiado de manera irregular la operación de establecimientos de juegos y sorteos, con el otorgamiento de amparos.
Entre ellos a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), señalada como operadora del casino atacado por Los Zetas el 25 de agosto de 2011.
En 2008, gracias a un amparo que le concedió Jerezano como titular del juzgado en La Laguna, la Secretaría de Gobernación le concedió a AEV los permisos para operar 41 centros de apuestas remotas y salas de sorteos y números en todo el país.
Jerezano también es investigado en México y Estados Unidos por su supuesta relación con el Cártel del Golfo mientras fue juez en La Laguna. Además fue acusado de intento de despojo del casino La Fortuna, de la empresa Recreaciones de Habilidad y Destreza, de Monterrey, a tres casineros que terminaron en la cárcel.
El 15 de febrero del año pasado el CJF amplió el periodo de investigación por tiempo indefinido y agotadas sus indagatorias contra Jerezano y Tiscareño, hace dos semanas anunció la apertura del expediente disciplinario que puede derivar en la destitución o la inhabilitación.
Cuando el 20 de septiembre de 2011 anunció el inicio de las indagatorias contra Jerezano y Tiscareño, el CJF señaló que ese caso estaba vinculado al del juez tercero de distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, iniciado en mayo de ese mismo año. De acuerdo con sus antecedentes laborales en el Poder Judicial de la Federación, Jerezano y Tiscareño trabajaron juntos en Baja California Sur.
Barbosa fue acusado de manera insistente por el entonces presidente municipal de San Pedro Garza, el empresario Mauricio Fernández Garza, por otorgar suspensiones que permitieron la operación de casinos y centros nocturnos en ese municipio. Uno de ellos, el Sportzon, de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.
El juez está suspendido desde el 18 de mayo de 2011, luego de que el CJF hiciera una visita extraordinaria al juzgado. El pleno del Consejo de la Judicatura dijo que la medida cautelar duraría seis meses.
A la fecha sigue suspendido sin que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación haya avanzado en las investigaciones. Ante esa indefinición, le solicitó a la Corte su reinstalación y el pago de sus salarios retenido más de dos años, pero Silva Meza rechazó el recurso pues los jueces o magistrados no pueden impugnar suspensiones temporales.
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