Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y NA destacaron el cambio de paradigma en la aplicación de justicia en el país. El código fue avalado por 407 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.
El documento fue avalado por 407 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.
Con el nuevo código se busca dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, mediante la cual se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para entrar en vigor y que para 2016 deberían estar unificados todos los sistemas penales del país.
El nuevo ordenamiento establece las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
Asimismo, los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.
La minuta para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales fue aprobada por los senadores el pasado 5 de diciembre. Entre otras características, el nuevo código establece las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales. Asimismo, los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.
El Código Nacional reglamenta los cateos, la intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, las órdenes de aprehensión o detenciones, la toma de muestras sin el consentimiento del imputado, el registro de la investigación, el descubrimiento de la investigación, las inspecciones corporales, las entrevistas a testigos e imputado, y la identificación de sospechosos.
Cambio de paradigma
Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y NA destacaron el cambio de paradigma en la aplicación de justicia en el país, que se llevará a cabo con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que MC lo cuestionó.
Legisladores de las siete fracciones parlamentarias fijaron la posición de sus bancadas durante la discusión del dictamen de la minuta que envió el Senado de la República para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permitirá la uniformidad de la justicia en el país.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (PRI) dijo que el nuevo código nacional sienta las bases para el sistema penal acusatorio en el país, el cual consideró, es más garantista, ya que privilegia el concepto del debido proceso, la presunción de inocencia y los tratados internacionales en derechos humanos.
Añadió que el ordenamiento crea mecanismos alternos de solución de controversias, lo que significará el reconocimiento del Estado a la voluntad de las partes, el empoderamiento de los ciudadanos y la solución de problemas en el menor tiempo posible y sin gastos.
Comentó que el éxito del nuevo sistema penal y de la implementación del Código Nacional recaerá en los elementos policíacos y servicios de periciales del país y del cuidado, por parte de éstos, de la cadena de custodia; “Sin ello, difícilmente habrá éxito”, manifestó.
Al fijar su postura, el diputado Jorge Sotomayor Chávez (PAN) aseguró que el Código Nacional de Procedimientos Penales representa un cambio de paradigma en la aplicación de justicia en México, pues existirá una verdadera presunción de inocencia.
“Adiós a la discriminación, ya no más desconocimiento del propio juez respecto de las actuaciones que se llevan en su juzgado”, agregó.
Sotomayor Chávez destacó que los medios de comunicación podrán acudir a las audiencias, y conocer de manera directa lo que sucede, y se podrán confrontar pruebas acusatorias y de defensa ante el juzgador.
El diputado Catalino Duarte Orduño (PRD) admitió que el nuevo código nacional tiene elementos novedosos y positivos como que, en delitos no graves, en todo momento se podrá conciliar a petición de las partes y que se reserve la privación de la libertad para delitos graves.
Asimismo, la implementación de la oralidad en los procesos, lo que permitirá conocer de manera pública las manifestaciones y alegatos de afectados y presuntos culpables, expresó.
No obstante, indicó que debe trabajarse de manera seria en los valores, la cultura de la legalidad y la capacitación policiaca, así como ir a fondo en el tema de la corrupción y tráfico de influencias, “ya que eso es lo que afecta seriamente la procuración y administración de justicia en este país”.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) manifestó su apoyo al dictamen y destacó que contiene las reglas de procedimiento, que serán aplicadas en lo sucesivo para lograr “algo que ha quedado muy distante de cumplirse a favor de la ciudadanía, que es hacer justicia”.
Afirmó que un punto que se tiene que lograr es precisamente que las normas no sólo se aprueben en el órgano legislativo, sino vigilar que se observen y se cumplan por parte de todos aquéllos a quienes están dirigidas,
“En este Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos el primer eslabón de una segunda etapa que tenemos que iniciar en este proceso de transformación de México, en el que venimos participando”, indicó.
El coordinador de MC, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el dictamen contiene “graves deficiencias” que atentan contra los derechos de los ciudadanos y establece la presunción de culpabilidad sobre el de inocencia. Por ello, adelantó que su fracción presentará diversas reservas en lo particular.
Señaló que el nuevo Código magnifica al Estado y restringe libertades de particulares, lo que traiciona el espíritu de la reforma constitucional de 2008, ya que, agregó, muchas de estas disposiciones fueron matizadas y degradadas.
Sostuvo que figuras como el ingreso de una autoridad sin orden judicial y la prisión preventiva, violenta los derechos humanos e ignora los tratados internacionales firmados por México.
Cuestionó que el dictamen no haya sido sujeto a un amplio debate como ameritaba, por lo que se pronunció por regresarlo a comisiones para discutirlo más a fondo.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) aseveró que el actual sistema penal se encuentra débil, viciado y existe discriminación en la aplicación de justicia, al recordar los casos de indígenas afectados por procedimientos irregulares en el país.
Expuso que con la aplicación del nuevo código se da prioridad a la justicia restaurativa y sobre todo otorga certidumbre y seguridad jurídica a la población.
“Esto no es un cambio de código, es un cambio de paradigma, queremos cambiar la cultura de la legalidad en el país”, manifestó.
“La cultura de la legalidad no será inmediata con la creación de este código, pero éste es un buen inicio, es un buen inicio porque este nuevo sistema que se basa sobre todo en la inmediación, en la publicidad y en la transparencia, pone en el centro a la persona”, subrayó.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (NA) se pronunció a favor del dictamen y puntualizó que se pretende modernizar las normas procesales penales con pleno respeto a los derechos humanos.
Consideró que con el ordenamiento procesal único existirá homologación entre todas las áreas de los distintos niveles de gobierno encargadas de la procuración de justicia y se concede mayor certeza al imputado y a la víctima, es decir, “se busca castigar al culpable y absolver al inocente”.
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