La lista, dada a conocer en acato a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), especifica nombre y cargo del servidor público. De los 105 evaluados, 101 tienen calificación de “aprobado” y cuatro “recomendable”.
Entre los servidores públicos de cada estado y el Distrito Federal, se encuentran procuradores generales de Justicia, secretarios generales de Gobierno, subprocuradores, directores generales de la Policía Ministerial, de la Policía Judicial y de la Policía Investigadora, así como fiscales generales.
Sin embargo, no se especifica a que entidad pertenecen y no incluye a todos los procuradores del país.
De estos últimos sólo incluye a: Víctor Antonio Carranca Bourget, de Puebla; Miguel Ángel Contreras Nieto, del Estado de México; Arsenio Durán Becerra, de Querétaro; Felipe Amadeo Flores Espinosa, de Veracruz; Manuel de Jesús López López, quien fue procurador de Oaxaca hasta noviembre de 2013; Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, de Aguascalientes; Homero Ramos Gloria, de Coahuila; Alejandro Delfino Straffon Ortiz, de Hidalgo; Fernando Valenzuela Pernas, de Tabasco, y Carlos Aguirre Zamarripa, de Guanajuato.
Sólo Carranca Bourguet, de Puebla, obtuvo “recomendable” en la prueba y el resto “aprobado”.
Inicialmente la PGR había orientado al particular, que solicitó los resultados de las evaluaciones de control de confianza aplicados a altos mandos de seguridad pública de todo el país, a dirigirse el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órgano que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Luego la PGR cambió su respuesta y manifestó que la información se encontraba reservada porque los expedientes contenían información sobre los reactivos o las preguntas aplicadas cuya difusiónpodría vulnerar los procesos de admisión o de permanencia del personal.
Tras analizar el caso, el Ifai determinó confirmar la reserva de los expedientes de la evaluación pero ordenó a la PGR entregar al particular una versión pública con nombre cargo y resultado de la evaluación aplicada a los funcionarios al considerar que se trata de información que, por obligación, debe ser pública, permite conocer la idoneidad de los funcionarios para ocupar sus respectivos cargos en el Sistema de Seguridad y “contribuye a transparentar la gestión pública”.
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