AUTOR: JESÚS CANTÚ.
Aunque negó que su designación signifique una desaparición de poderes de facto, Castillo aseguró en entrevista con MVS Radio el jueves 16 que entre sus actividades verá la forma de integrar “de manera externa, a quien tome las riendas de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública locales”.
Así el delegado, designado formalmente comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, realiza funciones que según la Constitución estatal corresponden al titular del Ejecutivo y al Congreso locales, como la remoción y designación de esos funcionarios.
El gobierno federal recurrió, como explícitamente lo señala en el decreto presidencial que crea la Comisión, a las facultades que el Congreso le otorgó a la Secretaría de Gobernación al aprobar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que envió el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto en noviembre del 2012, a través de los grupos parlamentarios del PRI y el PVEM.
Así concreta la restauración del “poder arbitrario y discrecional del titular del Ejecutivo federal para el manejo de asuntos trascendentales… e incrementa el control sobre las autoridades estatales” (Proceso 1883). El gobierno federal cuidó las formas y para evitar discusiones formales aprovechó la solicitud de auxilio que hizo el gobernador Fausto Vallejo para iniciar su operación en Michoacán.
La acción inmediata, tras la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad, fue el envío de militares y policías federales a la entidad, que en su primera operación dispararon a la población indefensa de Antúnez provocando la muerte de dos civiles. El miércoles, dos días después de la firma del acuerdo y la primera incursión de las fuerzas de seguridad federal en la región, publicaron el decreto que crea la Comisión, para tomar el control del gobierno de Michoacán.
La vía que utilizó el Ejecutivo evade la participación de cualquier otro poder o instancia de gobierno, pues para declarar la desaparición de poderes requiere del Senado y para decretar la suspensión de las garantías, del Congreso de la Unión (las dos cámaras); pero para ésta fue suficiente un decreto presidencial a fin de desaparecerlos de facto, evadir la convocatoria a nuevas elecciones y designar un delegado sin tener que cumplir con los requisitos establecidos para los gobernadores.
Como el mismo delegado señaló en la entrevista en la primera emisión de MVS Noticias, evitaron seguir la ruta de la desaparición de poderes porque eso implicaría, de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución estatal, que asumiera como gobernador el perredista Fidel Calderón, como presidente de la última legislatura, y desde luego convocar a elecciones a celebrarse en un plazo de tres meses.
Pero más allá de burlar disposiciones de ambas constituciones (federal y estatal) y la intervención del Poder Legislativo, está el absoluto desprecio a la voluntad ciudadana y a los principios democráticos. En este caso en la entidad reina la ley de la selva, en la cual prevalece la voluntad del más fuerte (cárteles del narcotráfico o autodefensas) donde el gobierno es un mero espectador incapaz de hacer valer el estado de derecho, por lo cual aunque no habían tenido oportunidad de expresarlo en las urnas es evidente que la ciudadanía ya demandaba un cambio de gobierno; sin embargo la vía que utilizó el gobierno federal también puede aplicarse para deponer de facto a gobiernos que sí cuenten con el respaldo ciudadano.
Y desde luego la vía utilizada vulnera todos los principios fundamentales de un gobierno democrático, pues viola los derechos fundamentales de los habitantes de Michoacán, como se constató en la primera incursión de las fuerzas federales; vulnera el estado de derecho al pasar por encima de preceptos constitucionales; evade la rendición de cuentas de las autoridades al diluir responsabilidades y, desde luego, en los hechos impone superiores a las autoridades democráticamente electas, con lo cual burla el resultado de las últimas elecciones estatales.
Es una vía inédita en el México contemporáneo, pues en el pasado los presidentes priistas recurrían a la desaparición de poderes o la remoción de los gobernadores (por la vía de su designación en puestos federales o de la presentación de su renuncia) y utilizaban sus facultades metaconstitucionales para designar a los sustitutos o interinos. En este caso se optó por utilizar las nuevas facultades del supersecretario de Gobernación y por la vía de un decreto presidencial asumir el gobierno de Michoacán.
Ante la nueva realidad política, el gobierno de Peña Nieto (sin la aparición del presidente, pues él no se ha mostrado para anunciar ninguna de las medidas adoptadas para resolver la crisis en Michoacán) optó por apegarse literalmente a las disposiciones legales. Es la restauración del autoritarismo presidencial, pero cobijado en reformas legales impulsadas con dicho fin.
A diferencia del presidencialismo metaconstitucional que basaba su poder en el control del partido hegemónico y no en las disposiciones legislativas, la omnipotencia presidencial actual sí tiene soportes legales. Los estrategas del actual gobierno tejieron su entramado institucional con anticipación y lograron la colaboración (consciente o inconsciente) de los legisladores de todos los partidos, pues las citadas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fueron aprobadas por unanimidad con el argumento de que el gobierno entrante debía tener la libertad de crear sus propias estructuras, como en su momento lo hicieron los presidentes panistas Fox y Calderón.
Dado que las condiciones de ingobernabilidad no son exclusivas de Michoacán a nadie debe sorprender que ésta sea apenas la primera de varias entidades en las que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, asuma de facto un gobierno estatal. Empezaron por un estado con gobierno priista para evitar las reacciones de los partidos opositores, pero una vez que se abrió la puerta, el origen partidista de los gobernadores se puede obviar y Osorio Chong extenderá sus dominios.
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