jueves, 16 de enero de 2014

Exigen a gobierno yucateco esclarecer homicidio de joven

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

MÉXICO, D.F. (apro).- Por tercera vez, el padre de familia yucateco Marco Antonio Castillo realiza un plantón en la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento del fallecimiento de su hijo adolescente José Felipe Castillo, ocurrido en 2011 en Valladolid, Yucatán.

En esta ocasión, Castillo Castillo se plantó a las afueras de la representación del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, a unos metros del monumento de la Diana, en el Paseo de la Reforma.

También anunció que no se irá y que incluso se dejará morir si la Fiscalía yucateca (FGEY) desatiende la recomendación en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le exige realizar una nueva investigación para esclarecer las causas de muerte de José Felipe, debido a que la averiguación fue deficiente.

Según las conclusiones de la fiscalía yucateca, el joven se suicidó, mientras que el padre asegura que José Felipe Castillo fue asesinado.



El quejoso señaló que la obstaculización de la investigación pone de manifiesto que personas poderosas están detrás del asesinato de su hijo.

En un comunicado difundido por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Castillo y el grupo defensor de derechos humanos Indignación acusan a la CNDH de solapar la negligencia del gobierno yucateco, y de actuar de manera ilegal.

También se establece que la CNDH atrajo el caso hasta abril de 2012, a raíz de que el señor Castillo realizó una protesta afuera de sus instalaciones.

“La CNDH ha incurrido en gravísimas contradicciones e ilegalidades en su proceso: Sin la anuencia y consulta con los padres de la víctima se firmó un acuerdo de conciliación entre las partes, ello a pesar de que la CNDH detectó que la Fiscalía de Yucatán nunca realizó el estudio de criminalística necesario para determinar las causas de la muerte de José Felipe, y pese a ello, denunció el padre de la víctima, el expediente fue cerrado por el Ministerio Público local a los pocos días del deceso, afirmando que se había tratado de un suicidio”, denunciaron.

En septiembre de 2013, Castillo Castillo inició un plantón afuera de la sede de la CNDH en la Ciudad de México, lo que obligó a la dependencia a emitir la recomendación 34/2013 el 11 de ese en contra del gobernador Rolando Zapata Bello, y le demanda investigar de nuevo hasta esclarecer si se trató de un homicidio.

En la recomendación, la CNDH estableció que la Fiscalía de Yucatán extravió pruebas necesarias para realizar el estudio de criminalística (como el teléfono celular del adolescente y las prendas que vestía) y permitió que otras evidencias fueran sustraídas del expediente.

Incluso, la Fiscalía realizó algunas diligencias con un retraso de hasta un año, volviéndolas inútiles, y se no realizaron otras que permitirían acreditar el homicidio; tampoco se realizaron los dictámenes periciales necesarios para la investigación ni se recabaron los testimonios de las personas que podían ayudar al esclarecimiento de la muerte.

En esta ocasión, Marco Antonio Castillo protesta debido a que a cinco meses de emitida y aceptada la recomendación, ésta no ha tenido avances.

Además, denuncia junto con el grupo Indignación que pese a ello la CNDH entregó el pasado 9 de enero un “certificado” a la Fiscalía yucateca por su cumplimiento a los derechos humanos, tras que algunos de sus funcionarios asistieron a cursos de capacitación.

“Resulta gravísimo –señala el comunicado–| que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones con otras medidas irrelevantes, y que el criterio utilizado por la CNDH pueda estar basado en la cantidad de cursos en materia de derechos humanos que su personal ha tomado, y no en un análisis serio del desempeño de la Fiscalía y de la obligación que, como institución pública, tiene de cumplir con el respeto pleno de los derechos fundamentales.


“Deploramos que las razones de la CNDH estén sustentadas en criterios de carácter político y no de un verdadero análisis sobre la actuación de la FGEY bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos”, cuestionó el colectivo Indignación.