miércoles, 8 de enero de 2014

Autodefensas violan la Constitución, advierte la CNDH

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que la “inseguridad, violencia y situación socioeconómica, que se viven en Guerrero provocó el surgimiento de los grupos de autodefensa, y que “desaparecerlas, sin acabar con las causas que las originaron, sería dejar a la ciudadanía en la indefensión”.

A través del informe enviado por la CNDH a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la institución reclama que los ciudadanos están violando la Constitución al tratar de ejercer seguridad pública por su propia mano; advierte que la actuación de los grupos de autodefensa podrían generar una espiral de violencia; afectar la gobernabilidad e incluso los responsabiliza de impedir recuperar la seguridad.

“El uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad vulnera el artículo 17 de la Constitución Política y entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca y se constituya en un factor que afecta a la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública”, se lee en el documento.



Aunque la CNDH responsabiliza a los grupos de autodefensa de poder incrementar la violencia, también señala que “no hay justificación del abandono de la función de gobierno que, en el caso de algunas regiones de Guerrero, se ha dejado en manos de la sociedad”.

También resalta que “no existe justificación para que los grupos comunitarios estén llevando a cabo estas labores de defensa y seguridad pública”.

Sin embargo, añade, “debido a que estos grupos surgieron con el objetivo de abatir la delincuencia y las condiciones apremiantes de violencia en sus comunidades, desaparecer su función sin desaparecer la causa que los origina implicaría dejarlos de nueva cuenta en un estado de desamparo y desprotección”.

La coordinación entre sociedad y gobierno para trabajar en la prevención del delito, añade la CNDH en el documento, deben continuar, pero ello “de ninguna manera implica que las autoridades estatales claudiquen de las funciones que le son propias y exclusivas”.

El ombudsman nacional insiste en que la labor de seguridad y orden público corresponden a la autoridad, por lo que rechaza la participación de la sociedad:

“Para lograr estos objetivos es importante establecer mecanismos adecuados de solución pacífica de conflictos para alcanzar y resolver los problemas de Guerrero a través del dialogo constante con la sociedad y en particular con las comunidades indígenas”.

La CNDH se refiere en su último punto a los pleitos intercomunitarios como si hubieran sido el origen del surgimiento de los grupos de autodefensa, y en ningún momento hace mención a la presencia del crimen organizado o a éste como una de las principales causas.

Guerrero, gobierno ineficaz

Por otra parte, en un comunicado, el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva lamentó las declaraciones del gobierno de Guerrero respecto del informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado, mismo que calificó como “alarmista”.

Además, destacó que hasta ahora no ha recibido respuesta por parte del gobierno de Ángel Aguirre, el Congreso local y los municipios guerrerenses a los que formuló propuestas.

El martes pasado, 21 días después de que la CNDH emitió el informe sobre las autodefensas en el país, el gobierno de Guerrero expresó su rechazo al documento y exhortó al presidente del organismo a hacer una “revisión metodológica exhaustiva” del contenido del mismo y a atender el llamado que hizo el gobierno estatal en 2013, en torno a buscar “soluciones integrales” bajo una óptica de respeto y de los usos y costumbres de los pueblos originarios.

Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno de la entidad, declaró que la CNDH señaló “de forma alarmista” que en más de la mitad de los municipios guerrerenses hay presencia de grupos de autodefensa, cuando –aseguró– sólo existen dos organizaciones, las cuales tienen presencia en 35 municipios.

Una de ellas es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que aglutina a 100 comunidades indígenas en 15 municipios de la Costa Chica y Montaña de Guerrero y opera desde hace más de 18 años con reconocimiento legal, y una más es la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), que tiene presencia en 20 municipios, refirió Martínez Garnelo.

“La CNDH incurre en graves errores de carácter epistemológico que la llevan a tener conclusiones sesgadas y altamente cuestionables”, con lo que –abundó–, “sin investigar a fondo”, se atreve a afirmar que el gobierno del estado financia a los grupos de autodefensa y que ello podría derivar en la formación de grupos paramilitares.

En su comunicado, la CNDH sostiene que el informe se realizó a través de “una importante labor de investigación documental, hemerográfica y de campo”, consistente en 52 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales, así como 58 visitas de trabajo a 64 municipios y 37 comunidades de Guerrero.

A partir de ello, ratifica la CNDH, “se logró constatar las violaciones a los derechos humanos en que se han visto inmersos los guerrerenses, debido a que las autoridades estatal y municipales no han atendido de manera eficaz las condiciones de inseguridad que aquejan sus zonas, lo cual ha originado el surgimiento y la proliferación de grupos comunitarios de autodefensa”.

Con el informe, apunta el organismo, se logró constatar que el origen de los grupos de autodefensa radica “en una incidencia delictiva elevada y en la desconfianza en las instituciones derivada de su abandono, lo que los ha llevado a constituir un sistema paralelo de seguridad pública, procuración e impartición de justicia”.

Y remata:

“Orillar a estos grupos comunitarios a asumir su propia defensa y preservación no es más que una justificación del Estado para renunciar a su función indelegable de garantizar la seguridad pública”.


La CNDH sostiene que el abandono institucional y la inseguridad no se han transformado, por lo que hizo votos para que el gobierno de Ángel Aguirre, “en lugar de eludir su responsabilidad, atienda de manera eficaz las causas del surgimiento y tome acciones sustantivas” adoptando las propuestas planteadas en el informe.