El Dragonario: 2014

lunes, 29 de diciembre de 2014

El Dragonario les desea un feliz Año nuevo y que hayan tenido una feliz Navidad

Estimados compañeros, compañeras y compañeroas:

De parte de este blog informativo les desea a todos ustedes que a pesar de este narco-estado fallido y este estado criminal tengo un buen y prospero 2015 y que hayan disfrutado con todos sus familiares y amigos de esta navidad que acabo de pasar y que todos sus deseos se hagan realidad y que la lucha continua.

Como han visto en estos días me he tomado este tiempo para poder descansar un poco y también por las fiestas no he podido escribir algo al respecto.

Nos vemos el próximo año.

lunes, 22 de diciembre de 2014

La policía se ha vuelto una fuerza criminal en México: Denise Dresser

Son sicarios con sueldo y sin ley que la regule, en tanto que la PGR padece una incredulidad compartida y ganada a pulso.

La policía en México se ha vuelto una fuerza criminal, una fuerza delictiva que en vez de proteger y servir, con gran frecuencia hace lo contrario, afirmó Denise Dresser, a propósito de que en la matanza de San Fernando, Tamaulipas, participaron agentes municipales.

Las policías mexicanas se han convertido en sicarios con sueldo y no hay ley que los regule, y por ello hacen lo que se les da la gana, afirmó la politóloga.

La policía fabrica culpables, tortura arrestados, manipula testigos, planta evidencias, asesina y le pagan por hacerlo, señaló Denise Dresser y agregó:

-No existe legislación que la frene, no hay legislación que la sancione y por eso la policía no sabe cómo llevar a cabo los procedimientos más básicos: interrogar sospechosos, realizar cateos, decomisos e identificaciones.

-Además, no sabe cómo preservar evidencias biológicas, no sabe cómo detener un camión lleno de estudiantes, como en Ayotzinapa.

-Estamos en un momento de crisis de la policía y debe ser una oportunidad para reglamentar su actuación. Si no lo hacemos, perpetuaremos un sistema disfuncional y criminal.

PGR: el peso de la desconfianza

Al participar en la mesa política de MVS y aludir al caso Ayotzinapa y los reportajes de Anabel Hernández y Steve Fisher, Dresser comentó que la PGR carga con el peso del cuestionamiento público, con una sociedad que confía más en la DEA (la agencia estadounidense especializada en drogas), que en la Procuraduría General de la República.

Tenemos en México una incredulidad compartida -añadió-, una incredulidad ganada a pulso por la PGR, a lo largo de los años.

Recordó también que Raúl Salinas fue exonerado recientemente porque la PGR no pudo probar los cargos de enriquecimiento ilícito, a pesar de toda la evidencia, incluidos los pasaportes falsos.


PGR se rasga las vestiduras por el reportaje revelador de Hernández y Fisher, pero haría bien en mirar su propia historia de omisiones, para entender el porqué contribuye a  la crisis de confianza en las instituciones, concluyó la politóloga.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÍN.

Tras de su exoneración por enriquecimiento ilegal, Raúl Salinas se va a Europa

La PGR lo había acusado de beneficiarse de 224 millones de pesos de la "partida secreta" de la Presidencia.

Tras de su exoneración por enriquecimiento ilegal, que ha causado indignación en algunos círculos políticos, Raúl Salinas de Gortari salió de México, informó Proceso.

Cinco días después de que un tribunal lo exoneró, Raúl Salinas viajó a Europa -al parecer a París-, acompañado de una guapa mujer.

La mañana del miércoles 17, relajado y parsimonioso, el hermano del expresidente Carlos Salinas (1988-1994) llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para documentar su equipaje en el mostrador de Air France y KLM, recién fusionadas.

Al concluir el trámite, se encaminó hacia una tienda, acompañado de la mujer.

El viernes 12, el Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal exoneró a Raúl Salinas del delito de enriquecimiento ilícito, porque consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó que su fortuna provenga del erario federal y este fallo le fue notificado el martes 16, un día antes de su viaje a Europa.

El diario Reforma informó que Raúl Salinas fue absuelto de forma definitiva e inapelable de enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos que, según la PGR, provenía de la denominada “partida secreta” de la Presidencia de la República encabezada por su hermano Carlos y de la que fueron desviados 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994.


Apenas en marzo, el titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, Carlos López Cruz, ordenó devolver a Juan Manuel Gómez Gutiérrez, presunto prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, alrededor de 30 millones de pesos depositados en cinco cuentas bancarias que se mantenían congeladas desde hace 18 años.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen al presidente del Congreso de Guerrero que pida a sus hermanos liberar a secuestrados

AYOTZINAPA, Gro: Familiares de cinco hombres desaparecidos pidieron al presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, que le pida a sus hermanos, identificados como líderes del grupo criminal “Los Ardillos”, que liberen a las víctimas.

Los familiares acusaron al legislador y coordinador de la fracción ‎parlamentaria del PRD de proteger a sus hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez, identificados por el gobierno federal como jefes de una banda criminal que opera en el municipio de Quechultenango, ubicado en la región Centro de la entidad.

Los familiares de las víctimas identifican a los líderes de este grupo delictivo como los responsables de la retención y desaparición de los cinco hombres.

El pasado 26 de noviembre, un grupo armado se llevó por la fuerza a cinco hombres, entre ellos un empresario constructor y dos arquitectos que ejecutaban un proyecto del programa Escuelas de Calidad en una zona marginada del municipio de Chilapa de Álvarez.

El hecho se registró en las inmediaciones del poblado de El Jagüey, colindante con el municipio de Quechultenango, donde sicarios al servicio de “Los Ardillos” y “Los Rojos” mantienen una confrontación que se ha recrudecido en los últimos días y ha dejado durante este año al menos 18 personas desaparecidas y varios homicidios.

Las víctimas fueron identificadas ‎con los nombres de: Vicente Apreza García, Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, ambos procedentes del municipio de Cuautla, Morelos; así como los hermanos Hugo y Alejandro Díaz Navarro, comerciantes originarios de Chilapa.

José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, acudió acompañado de familiares a la normal de Ayotzinapa , donde el nuncio apostólico en México, Christopher Pierre, ofició una misa en la normal para tratar de aliviar el dolor de los padres de los estudiantes que siguen desaparecidos.

Los familiares de los desaparecidos de Chilapa pidieron al jerarca católico que intervenga para que las autoridades reduzcan la violencia en dicho municipio, donde también fue ejecutado y enterrado en una fosa clandestina el sacerdote de origen ugandés John Ssenyondo.

José Díaz reprochó la indolencia gubernamental frente al caso de los cinco desaparecidos y aseguró que el presidente del Congreso de Guerrero está interviniendo ante autoridades federales para proteger a sus hermanos.


A casi un mes de este hecho, el gobierno federal no ha implementado un operativo en el municipio de Quechultenango, a pesar de que los familiares de las víctimas ubicaron dos casas de seguridad donde fue llevada la camioneta en la que viajaban los cinco desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes

El primer documento oficial sobre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de grupos del narcotráfico, en este caso Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.

La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:

Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar.

Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.

El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.

En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

EU investiga a cuatro exgobernadores priistas por lavado de dinero

Saltillo, Coah: Los exgobernadores tamaulipecos Eugenio Hernández y Tomás Yarrington y los coahuilenses Jorge Torres López y Humberto Moreira estarían implicados en el lavado de 699 millones de pesos provenientes de dos fuentes: el erario y sobornos del narcotráfico a cambio de favores.

Según se desprende de documentos de cortes federales de Texas, en esa compleja red de corrupción habrían participado también el extesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, y el secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, además de cuatro empresarios, entre ellos Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, Coahuila, quien presuntamente lavó alrededor de 30 millones de dólares.

De acuerdo con los fiscales estadunidenses, parte de esos recursos eran sobornos de Los Zetas que fueron entregados a Eugenio Hernández.

Tomás Yarrington y Jorge Torres López tienen demandas civiles en las cortes federales por la incautación de más de 10 millones de dólares que depositaron en bancos de Texas y las Bermudas o que lavaron en la compra de bienes inmuebles y negocios.

Desde mayo de 2012 se presentaron demandas civiles en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi contra Yarrington Ruvalcaba, a quien se acusa de lavar dinero con la compra de propiedades a través de prestanombres.

El exgobernador habría recibido esos recursos como pago por la protección que brindó al Cártel del Golfo, cuando fue alcalde de Matamoros y posteriormente como mandatario de Tamaulipas.

Las autoridades estadunidenses aseguraron a Yarrington un departamento de lujo en la Isla del Padre y dos residencias más, una de ellas de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de McAllen, además de una aeronave y cuentas en bancos de las Bermudas y de Texas.

El total de los bienes incautados suman alrededor de 7.5 millones de dólares.

Algunas de las propiedades fueron adquiridas a través de dos prestanombres: el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza y su exsecretaria Cindy Chapa.

En septiembre de 2013 fiscales federales presentaron una demanda civil en contra el exgobernador de Coahuila Jorge Torres –quien sustituyó a Humberto Moreira cuando éste renunció al cargo–, a quien se le decomisaron 2.8 millones de dólares que fueron lavados en bancos de Texas y las Bermudas.

El tercer exgobernador implicado en los juicios que se llevan en las cortes de Texas es Eugenio Hernández Flores, acusado de recibir dinero del crimen organizado que controla Tamaulipas, y que fue depositado en bancos de Texas a través de prestanombres.

“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, informó la fiscal asistente Julie Hampton en la audiencia contra el empresario Guillermo Flores Cordero, quien supuestamente lavó esos fondos.

En el proceso que se le sigue al extesorero de Coahuila, Javier Villarreal, las autoridades estadunidenses demostraron que en bancos de Texas lavó más de 357 millones de pesos.

Las cuentas bancarias descubiertas hasta ahora a su nombre y el de su familia están calculadas en 6.5 millones de dólares, y ya le fueron requisadas distintas propiedades.

Los últimos reportes de los fiscales que llevan su caso en cortes de Texas aseguran que parte de ese dinero provino de favores por contratos otorgados por el gobierno de Humberto Moreira a proveedores, entre ellos una empresa relacionada con el grupo criminal Los Zetas.

La demanda civil contra el exsecretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, busca confiscarle 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los fondos presuntamente provienen del lavado de dinero derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos.

A los empresarios tamaulipecos a quienes se les siguen procesos en Texas son: Fernando Cano y Napoleón Rodríguez de la Garza –ambos señalados como prestanombres para lavar dinero de Tomás Yarrington, proveniente de sobornos–, así como los coahuilenses Guillermo Flores Cordero y Rolando González Treviño.

El primero fue detenido junto con su esposa Leticia María de Guadalupe Galán Villalobos en agosto de 2013, en San Antonio. Posteriormente se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Corpus Christi.

El diario San Antonio Express News difundió las declaraciones de empresario en una audiencia de la Corte Federal de Corpus Christi.

“Él utilizó empresas ficticias para enviar dinero de México a cuentas bancarias en el Valle del Río Grande a nombre de terceros, para encubrir la procedencia de los fondos”, dijo la fiscal asistente Julie Hampton.

Entre los años 2009 y 2012, el empresario coahuilense lavó al menos 30 millones de dólares a través de empresas ficticias. Parte de ese dinero era propiedad del exgobernador de Tamaulipas.

Rolando González Treviño forma parte de la familia dueña de la cadena de Televisión RCG de Coahuila, que recibió contratos millonarios durante la administración de Humberto Moreira, y también tuvo arreglos con el PRI para que manejara anuncios de campaña de sus candidatos.


Los fiscales demostraron con pruebas proporcionadas por la DEA que los políticos y hombres de negocios cometieron los ilícitos señalados. No obstante, la mayoría de ellos no tiene procesos judiciales en su contra en México.

FUENTE. PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.

Partido alemán pide a Angela Merkel prohibir venta de armas a México por caso Ayotzinapa

Berlín, 20 dic: El partido alemán de Los Verdes, en la oposición, ha presentado una iniciativa en el Parlamento germano para instar al gobierno de Berlín a apoyar con medios y expertos a las organizaciones que investigan la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.

En su propuesta, Los Verdes piden también al Ejecutivo que lidera Angela Merkel que señale ante la UE y ante la ONU “la responsabilidad del gobierno mexicano en las violaciones de derechos humanos” y que prohíba la venta de armas a México.

Los diputados ecopacifistas denuncian que “la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia” está instalada en las estructuras del Estado mexicano y reclaman una respuesta.

En este contexto, consideran necesario que el Gobierno alemán se implique y apoye a las familias, a los abogados y a los activistas que investigan las desapariciones de Ayotzinapa.

El Ejecutivo, a su juicio, debería también frenar las negociaciones en marcha para la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad con México, una petición que también ha realizado Amnistía Internacional.

Tanto en el ámbito bilateral como en el internacional, continúan Los Verdes, Alemania tiene que subrayar la obligación de México de consolidar un Estado de derecho, reformar su sistema judicial y policial y luchar contra la impunidad y la corrupción.

“Iguala no es un caso único”, recalcan los Verdes en referencia a la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre después de una ola de ataques a tiros presuntamente ordenados por el alcalde de la localidad, situada en el estado de Guerrero.

Según la investigación oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula, vecino a Iguala, una versión en la que los familiares no creen.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-12-2014/1197871.

Nueva evidencia liga al “Niño Verde” con violación y muerte de modelo búlgara en Cancún

Ciudad de México, 22 de diciembre: Minutos antes de “brincar” desde la terraza del piso 19 de la Torre Emerald Cancún, la búlgara Galina Chankova Chanev fue violada y existen evidencias de que intentó defenderse de sus agresores, así lo reveló en su momento el informe del levantamiento de cadáver realizado por el médico forense de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Quintana Roo, Alberto Domínguez, la madrugada del 2 de abril de 2011 y del que da cuenta el semanario Luces del Siglo.

Galina Chankova tenía apenas unas horas de haber arribado al aeropuerto de Cancún, procedente de Ámsterdam, Holanda, en compañía de Gergana o Ivanova Ralitsa, contratadas por una agencia de modelos para que esa misma noche trabajaran en la fiesta organizada por el ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez.

Lo anterior se desprende de la declaración rendida aquella madrugada por el búlgaro Mario Pidev ante el subprocurador de la Zona Norte, Ludwig Alejandro Vivas Arjona, y la representante de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, Ingrid Alejandrina Flores Arjona.

Amigo del Senador verdecologista y operador de la agencia de modelos internacionales, Pidev declaró que él habitaba el departamento donde ocurrió el incidente porque se lo había prestado el propio González Martínez, verdadero propietario del inmueble. El búlgaro también reveló que fue su “amigo” quien le pidió organizar la fiesta y contratar a las modelos.

Ante los señalamientos que le hicieron los medios de información por la muerte de la ciudadana búlgara en su departamento, González Martínez negó que fuera dueño del mismo y que ese día hubiera asistido a la fiesta de la tragedia.

Posteriormente, el diario Reforma documentó que él era el propietario de dos lujosos departamentos del complejo Emerald, el 19 B y el 19 C, que fueron fusionados. Ante ello, González Martínez admitió que los departamentos eran de su familia pero negó rotundamente haber asistido a la fiesta.

“Lo juro por la memoria de mis abuelos: jamás he hecho una fiesta ahí, no tengo ni una propiedad en el Emerald. Ninguna”, insistió “El Niño Verde”.

En su declaración, que cita Luces del Siglo, la cual está asentada en la averiguación previa CAN/1617/2011, Pidev da cuenta de las últimas horas de vida de Galina, desde que arribó al aeropuerto de Cancún, los preparativos, el inicio y el desarrollo de la fiesta, hasta el momento en que salió furiosa de la habitación, a la que previamente había entrado con dos tipos, para exigir, sin éxito, que la sacaran del lugar o buscaría otra forma de irse: “Galina no quería como escuchar (sic) y solamente vimos cómo se aferró con las manos al balcón y se brincó al vacío”.

Según Pidev, al inicio el ambiente fue ameno, como era costumbre en ese tipo de reuniones organizadas por González Martínez. Había infinidad de botellas de marcas variadas y cocaína para los que quisieran.

DETRÁS DE LAS CÁMARAS

La fiesta se descompuso pasadas las 12:30 horas del 2 de abril de 2011, luego de que Galina se metiera a una habitación con dos tipos para salir furiosa y le suplicó a su amiga Gergana que la sacará de ese lugar, que estaba desesperada, a lo cual se opuso Pidev bajo el argumento de que para eso había sido contratada.

“Yo contacté a la muchacha que se llama Galina en el aeropuerto de Cancún ya que ella procedía de Holanda y se dirigía a esta ciudad para trabajar con nosotros en una agencia de modelos y edecanes, que le presta servicios a algunos políticos y funcionarios del gobierno”, introdujo el búlgaro.

“Ella llegó muy tranquila, de hecho fuimos de compras, la llevé a Liverpool a comprarse ropa porque sólo traía una pequeña maleta y no sólo no era suficiente sino que no era adecuada para su nuevo trabajo, ella no hablaba mucho y su amiga era la que tomaba las decisiones ya que para comunicarse era muy mala pero yo la verdad sólo la noté muy rara, no sé si venía drogada o algo así.

“Sin embargo –continúa el relato de Pidev–, le dije que descansara un poco y se arreglara, ya que por la noche vamos a atender a la persona que me presta el departamento, que es donde pernocto, que se llama Jorge Emilio y que se dedica a la política junto a su familia y que son personas importantes en ese ámbito, la muchacha hizo lo que se le ordenó y se fueron a descansar”.

El búlgaro añadió: “Yo llegué al departamento después de las 6 de la tarde pues se organizaba una fiesta para mi amigo Jorge Emilio que llegaba de la capital de México en compañía de otras personas, por lo que me solicitó que organizara una fiesta ya que venía con su novia y otros amigos y quería que le llevara edecanes guapas, si eran de origen europeo pues decía que mucho mejor”.

Pidev reconoció que le había resultado “muy provechoso” el arribo de Galina y Gergana o Ivanova, quien en realidad resultó ser la responsable de contactar mujeres europeas para la agencia.

“[…] cuando arribé al departamento ya había varias chicas de diferentes nacionalidades, entre ellas Galina, por lo que la reunión resultó muy amena y a eso de las 8 de la noche comenzaron a llegar los invitados, para esa hora Jorge Emilio ya estaba con nosotros, pues nos dijo que posiblemente su novia no llegaría y se había quedado a dormir en otro de sus departamentos que tiene en el mismo edificio.

“Ya […] pasando las 8, estuvimos con muchas personas, ya en su departamento de Jorge Emilio, todo muy tranquilo y ameno como normalmente sucede en esas reuniones. Había bastantes botellas para tomar de diferentes marcas, no voy a negarlo hubo personas que estuvieron consumiendo creo que drogas y sí vi a Galina un par de veces inhalar algo que parecía ser cocaína, no tengo certeza qué fue pues tampoco soy su carcelero, simplemente cada quien es libre de hacer lo que quiere.
“Transcurrieron varias horas y todo estaba bien, el problema fue cuando Galina llegó a una de las habitaciones acompañada de dos personas, de las cuales desconozco quiénes son. Sería la hora exacta como a las 12:30 [sic], pero después de unos 20 minutos salió muy alterada de la habitación y salió un momento al balcón, luego regresó a la estancia y nos dijo que no quería estar más tiempo en el lugar y que por favor nos fuéramos de ahí, situación a la que me negué ya que ella había sido contratada de manera seria para acudir a esa fiesta, por lo que se volvió como violenta [sic] y se metió corriendo de nuevo a la habitación, pero salió de nuevo como desesperada y notamos que traía una pequeña herida en una de las manos, la cual se hizo con un objeto que después supimos fue un abrecartas que había en la habitación, salió de nuevo al balcón y se puso a discutir con nosotros, me refiero a Gergana y a mí, situación que se tornó áspera pues nos señaló que ya estaba harta y desesperada, que se iba a ir a como diera lugar, después de unos minutos de que tratamos de convencerla de que se calmara y tranquilizara para que todo volviera a la normalidad, Galina no quería como escuchar [sic] y solamente vimos cómo se aferró con las manos al balcón y se brincó al vacío [sic]”.
Posteriormente, sigue Pidev su relato, hubo gritos, los invitados se espantaron y salieron en estampida, al grado que los elevadores de la torre estuvieron saturados por varios minutos.
“[…] supongo que alguien llamó a la policía porque cuando nos dimos cuenta ya estaban en la parte de abajo. Todo mundo se asustó mucho y comenzaron a retirarse de inmediato, yo sólo traté de bajar para ver si se podía hacer algo por ella pero el elevador de servicio era un caos, por lo que tuve que esperar un tiempo, cuando bajé había algunos vecinos y los de seguridad del edificio muy asustados, casi todos se habían ido y yo solo de manera muy apenado traté de buscar a Jorge Emilio para decirle que tratara de remediar la situación ya que le podría ocasionar algún problema, pero no lo encontré, seguramente ya había ido a otro de los departamentos que tiene ahí o al de algún amigo porque no hacía mucho aún lo había visto dentro de la fiesta”, concluyó.
CABOS SUELTOS

De acuerdo con el dictamen del médico forense Alberto Domínguez, Galina presentaba huellas de que había sido violada “por el ano”, provocándole desgarramientos y que la cortada con arma punzocortante que llevaba en la mano era de las clasificadas como herida en defensa.

Sin la autorización de sus familiares ni de la embajada de Bulgaria en México, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo decidió cremar los restos de Galina el día 7 de abril.

Después de la muerte de Galina, las autoridades estatales no volvieron a citar a Pidev ni a Gergana o Ivanova. Lo único que conserva la procuraduría de esta última es una copia de su pasaporte de Nacionalidad Búlgara con número de serie 440028523 emitido por la Republica de Bulgaria y expedido en la capital Sofía.

Fue ella misma quien informó a la familia de Galina en Karnobat. Veliko Chanev, hermano de la occisa, ha dicho a la prensa de su país que abrieron un proceso ante la justicia búlgara para llegar hasta el fondo del asunto y  que se han dado a la tarea de buscar a Ivanova Ralista, porque ella es una de las piezas claves en los hechos.

La muerte de Galina apareció en diminutas noticias de las páginas interiores de algunos medios locales que esos días dedicaron las primeras páginas al evento de toma de posesión del Gobernador Roberto Borge Angulo, acto al cual asistió González Martínez.

Las primeras revelaciones surgieron un año después, al calor de la disputa por las candidaturas a senadores y diputados federales dentro de la alianza PRI-PVEM, en la cual el “Niño Verde” contó con el apoyo directo del entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.

Su más cercano contrincante, el ex Gobernador Félix González Canto, con pleno conocimiento del expediente, hizo circular algunas partes de su contenido entre columnistas y directores de periódicos locales a su servicio para tratar de bajar al “Niño Verde” de la primera candidatura en la fórmula de Senador para las elecciones de julio de 2012.

En defensa de González Martínez tuvo que salir Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, con fuerte reproche contra el ex Gobernador de Quintana Roo porque la posición del “Niño Verde” estaba dentro de los pactos de alianza PRI-PVEM, por lo que González Canto tuvo que ir, callado, en la segunda posición.

Ante los señalamientos que le hicieron los medios de información, González Martínez negó que fuera dueño del departamento y que ese día hubiera asistido a la fiesta de la tragedia.

Posteriormente, el diario Reforma documentó que él era el propietario de dos lujosos departamentos del complejo Emerald, el 19 B y el 19 C, que fueron fusionados. Ante ello, González Martínez admitió que los departamentos eran de su familia pero negó rotundamente haber asistido a la fiesta.

“Lo juro por la memoria de mis abuelos: jamás he hecho una fiesta ahí, no tengo ni una propiedad en el Emerald. Ninguna”, insistió “El Niño Verde”.

FUENTE: SIN EMBARGO/
Luces del Siglo.
AUTOR: REDACCIÓN/Enrique Huerta.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-12-2014/1198834

“No caben excusas y disculpas de nadie, afirma…¡Enrique Peña Nieto!

La sociedad está "lastimada, conmovida, enojada” por los hechos recientes de violencia e inseguridad, afirmó el Presidente en el Consejo Nacional de Seguridad.

Al referirse a una sociedad “lastimada, conmovida, enojada” por los recientes hechos de violencia, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la meta es lograr un México libre de violencia, de impunidad y de corrupción, y que la seguridad es una tarea compartida de todos los órdenes de gobierno.

Advirtió que aquí no caben excusas y disculpas de nadie, sino asumir la responsabilidad que cada quien tiene.

Dijo que las Fuerzas Armadas han acompañado a las instituciones de seguridad pública para darles mayor capacidad de control territorial y fuerza para hacer frente al crimen organizado, si bien reconoció la existencia de ‘hechos aislados’ que han marcado a las Fuerzas Armadas.

Ante casos como el de Iguala, Guerrero, el mandatario dijo que en la sociedad hay falta de credibilidad hacia sus autoridades y desconfianza ante el clima de inseguridad. Se refirió de manera particular al ámbito municipal.

Ello no significa, aclaró, que no haya problemas en los gobiernos estatales con el federal, aunque es en los ayuntamientos donde están los mayores retos.

Ante los gobernadores del país, reunidos en la 37 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que no se debe esperar a que lleguen las fuerzas federales a poner orden.


Destacó el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil para cumplir esta tarea, y en el caso Iguala dijo que será la Procuraduría General de la República la encargada de dar el resultado final de las investigaciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías municipales participaron en la masacre de San Fernando, Tamaulipas

La organización estadounidense National Security Archive logra, con intervención del IFAI, tener acceso a una tarjeta informativa de la PGR:


La policía municipal de San Fernando participó en la detención de decenas de migrantes asesinados en Tamaulipas en marzo de 2011, se informó en la primera emisión de Noticias MVS.

Al menos 17 agentes de la Policía Municipal de San Fernando se dedicaban a interceptar y detener personas para posteriormente entregarlas a “Los Zetas”, quienes asesinaron a los migrantes, cuyos cuerpos, 194, fueron hallados posteriormente en fosas clandestinas. También realizaban labores de “halconeo” o vigilancia para esa organización criminal.

A cambio, recibían un pago de ese grupo criminal, según revela una tarjeta informativa desclasificada por el Instituto Federal  de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), a petición de la National Security Archive.

Dicha organización estadounidense, especializada en acceso a la información pública, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que diera a conocer los correos electrónicos, minutas, acuerdos y otros documentos oficiales relacionados con el caso San Fernando, dependencia que se negó a entregar cualquier información argumentando que formaba parte de diversas averiguaciones previas.

EL IFAI revocó dicha respuesta y le ordenó a la PGR entregar la información no relacionada con averiguaciones previas, por lo que esa dependencia se vio obligada a dar a conocer una tarjeta informativa que resume la participación de los policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, en el caso de las 194 personas secuestradas y  asesinadas a su paso por dicho municipio.

La tarjeta informativa  emitida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) da a conocer los nombres de los policías municipales de San Fernando que colaboraron con “Las Zetas” en el secuestro y asesinato de las 194 víctimas halladas en las fosas clandestinas descubiertas en dicho municipio.

Hay por lo menos ocho testimonios de presuntos integrantes de “Los Zetas” que describen la complicidad de los policías municipales en uno de los mayores crímenes colectivos cometidos por esa organización criminal.

En un primer momento, se reconoce que no hay imputaciones particulares contra los elementos de la policía municipal, pero se insiste en que hay testimonios de la colusión entre ambas partes, por lo que el Ministerio Público Federal encargado del caso giró órdenes de localización y presentación  contra 17 policías municipales de San Fernando, misma que fue cumplimentada por la Policía Federal el 3 de abril del 2011.

Al comparecer ante el Ministerio Público Federal, la mayoría de los agentes locales negaron las imputaciones que les realizaron otros miembros de “Los Zetas”, pero uno de sus compañeros corroboró la versión de los presuntos delincuentes.

Álvaro Alba Terrazas, alias “El Junior”, dijo ante la PGR que si había participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito del municipio de San Fernando, Tamaulipas, con “Los Zetas”. La tarjeta informativa dice textual del testimonio rendido por Alba Terrazas:

“Y pregunta directa cita (sic): sé que los policías de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la lleven al Pentágono, es decir la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas, el mero bueno es un policía viejito que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de esa organización para colaborar”.


Sin embargo, el propio Oscar Jaramillo Sosa y el resto de los agentes municipales que fueron presentados ante la PGR, negaron los hechos.   Finalmente, el 20 de mayo del 2011 la PGR decidió ejercer acción penal contra 72 presuntos integrantes de “Los Zetas” involucrados en el caso de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, entre los cuales se encontraban 17 policías municipales, para lo cual consignó el expediente con las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La matanza de Acteal 17 años después; padres de Ayotzinapa visitan Chiapas

Comparten experiencias los familiares de los afectados por la violencia tanto en Chiapas como en Guerrero.

Padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre llegaron a Acteal este domingo 21, para ser parte de las actividades en conmemoración de la matanza de 45 indígenas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

La Jornada informó que arribó a esa comunidad de Chiapas una delegación integrada por 14 personas, entre padres de familia y parientes de los normalistas.

Melitón Ortega, padre de Mauricio, uno de los 42 estudiantes desaparecidos afirmó que la tragedia de Acteal “es parecida a la nuestra, no tiene diferencias porque es el mismo Estado mexicano el que cometió esa masacre hace 17 años. Por ello, vamos a decirle a la gente que exigimos también la justicia para nuestros familiares caídos más los que están desaparecidos al día de hoy”.

Ortega añadió que además de exigir la recuperación con vida de los desaparecidos, también urgen a que se abra otra línea de investigación en contra del 27 batallón del Ejército Mexicano que está en Iguala. “Que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por tener responsabilidad, aunque parece que no se le está investigando para que sea encarcelado, porque tiene mucho que ver”, dijo.

Los padres de los desaparecidos fueron acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La organización de la sociedad civil Las Abejas, fue víctima de una matanza de sus miembros que oraban por la paz en esa comunidad hace 17 años, cuado el actual secretario de Educación, Emilio Chuayffet, era secretario de Gobernación.


Las actividades conmemorativas por el 17 aniversario de la masacre ocurrida en 1997 iniciaron desde el sábado en esa localidad perteneciente al municipio de Chenalhó, y concluirán este lunes 22 de diciembre con una misa durante la mañana.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Delegación Iztapalapa da contratos por 50 millones a una empresa con domicilio falso

Lo revela el diario Reforma tras de investigar la camioneta con la que el jefe delegacional, Jesús Valencia, chocó hace unos días.

Al jefe delegacional de Iztapalapa le sigue lloviendo después de que chocó con su camioneta.

El diario Reforma reveló el domingo 21 que Jesús Valencia ha dado contratos por alrededor de 50 millones de pesos a una empresa que tiene domicilio fantasma.

Luego de que el funcionario perredista chocara el miércoles una Jeep Cherokee 2015 con valor de 877 mil pesos, se reveló que el vehículo pertenece a la constructora Amexire.

Dicha empresa ha sido consentida de la demarcación gobernada por Valencia, pues se le han asignado los contratos millonarios IZP-DGODU-IR-PF-O-075-13, IZTP/DGA/AD/324/2014 y IZTP/DGA/AD/325/2014.

Sin embargo, en el domicilio reportado por la empresa en internet, Primavera 210, Colonia La Joya, en el municipio mexiquense de Santa Cruz Atizapán, sólo hay una bodega en desuso.

De acuerdo con vecinos de la zona, dicho almacén, que en algún momento fue utilizado para fabricar y almacenar ropa, tiene tiempo abandonado.

“La bodega ha cambiado en tres ocasiones de dueño. Primero era una fábrica de ropa. Había costureras y diseñadoras que trabajaban todo el día, pero al año cerró”, explicó el propietario de una tienda cercana, quien pidió omitir su nombre.


El último dueño del local, según el comerciante, usó la bodega como lavandería.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La guerra de Calderón triplicó la criminalidad, es el origen de la espiral de violencia: estudio

México se mantiene en una espiral de violencia, asegura el Instituto para la Economía y la Paz. En un reporte denominado Índice sobre la Paz Global se ubica a México entre los diez países con mayor retroceso en cuanto a sus niveles de inseguridad, pues desde 2008 triplicó sus tasas de criminalidad.

Pese a que en 2006 Felipe Calderón declaró “la guerra contra las drogas”, un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados identificó a Morelos, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo como las peor evaluadas.

Mientras que Campeche, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Baja California Sur ocupan los primeros lugares en “el clima de paz”.

En el documento se explica que existe una relación entre los cinco estados mejor evaluados con los peor calificados en cuanto a número de homicidios, crimen armado y crimen violento.

Al respecto, el investigador Gabriel Fernández Espejel opinó que la guerra contra el narcotráfico emprendida por la administración anterior no representó una mejora en cuanto a seguridad, pese al aumento cuantitativo de fuerzas de seguridad.

A su vez, Fernández retoma a la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen al apuntar que “las tasas de criminalidad en las zonas de conflicto en México se triplicaron desde el comienzo de la guerra contra las drogas”.

Sobre el costo económico de esta violencia, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública apunta que el impacto fue de 4.8 billones de pesos.


“Este costo se compone del gasto que erogan los gobiernos para mantener la ley y el orden a través de la policía, el sistema judicial y el penitenciario; la pérdida de productividad por el crimen; por la dificultad para crear empleos bajo condiciones adversas de criminalidad, así como por la reasignación del gasto que deja de invertirse en infraestructura, en la industria y en educación”, explicó.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

La PGR, “empecinada” en darle carpetazo al caso Ayotzinapa: ‘Proceso’

Exonera por anticipado al Ejército y la Policía Federal, en una actitud que recuerda el caso Tlatlaya, afirman los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher.

Hay un “empecinamiento” de la PGR en darle carpetazo al caso Ayotzinapa , señalan los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, en un nuevo texto en el cual reiteran la participación de fuerzas federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En su texto, “La noche de Iguala: el encubrimiento”, publicado en la revista Proceso 1990 de fecha 21 de diciembre de 2014, los periodistas sostienen:

“La estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el gobierno federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México”.

Hernández y Fisher también escriben lo siguiente:

Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos de Tlatlaya, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde –muy tarde– a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.

Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.

La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado “La historia no oficial” mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la Procuraduría General de la República (PGR) para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.

El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “… Sí, del conocimiento de que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta 3 de la carretera Chilpancingo-Iguala), sí, claro. De que estaban (la PF) del lado de la caseta, sí, claro. Eso todo está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.

En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El grupo de jóvenes subió a bordo de dos camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente, se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

“El expresidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de radio de la central de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, que los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”

En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que desde las 20:00 horas seis policías federales, a bordo de tres patrullas, monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal desde las 17:59 horas, cuando salieron de su escuela rumbo a Iguala, por el C4 de Chilpancingo, donde hay presencia de representantes de las policías Federal, Estatal, Municipal de Chilpancingo y del Ejército.

El mismo martes 16, Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal que viene hoy en La Jornada, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.


(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 1990, ya en circulación)

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El gobierno federal suspendió la búsqueda de los 42 normalistas: centro Tlachinollan

Se espera la llegada del grupo de expertos de la CIDH para apoyar las labores. Los padres solicitarán ayuda de la policía comunitaria de Guerrero para continuar el rastreo.

Chilpancingo, Gro. El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que se espera la llegada del grupo de expertos en diversas áreas que enviará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en la búsqueda de los 42 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el 26 de septiembre en Guerrero.

En entrevista telefónica confirmó que el gobierno federal suspendió las labores de búsqueda de los alumnos en las inmediaciones de Iguala, y señaló que los especialistas de la CIDH revisarán en qué situación están las averiguaciones y los protocolos de indagaciones.

Indicó que quienes sí están trabajando en el terreno de las investigaciones son los peritos y antropólogos forenses argentinos, quienes se han mantenido muy en reserva, en espera de los resultados de las indagatorias (de algunos restos) que se realizan en un laboratorio de Austria, sobre todo para el tema de los restos.

Barrera Hernández mencionó que por ahora los especialistas argentinos continúan trabajando y colaborando en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República(PGR), aunque admitió que hasta el momento no ha habido avances en éstas: continuamos igual.

Destacó también que en lo que queda del año, los padres trabajarán en las acciones de rastreo de los normalistas que realizan diversos sectores de la sociedad. En particular se trabaja en solicitar apoyo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana(CRAC-PC), para continuar con la búsqueda.


Los progenitores, recalcó, se han percatado de que las autoridades han perdido interés en la indagatoria y en el compromiso de dar cumplimiento al plan de búsqueda que se había diseñado, por eso se mantienen firmes en su postura en la búsqueda de sus hijos.

Por eso estamos en la expectativa y en espera de los expertos de la CIDH, que confiamos lleguen lo más pronto posible, para que nos den opiniones y recomendaciones sobre cómo se están enfocando las investigaciones y, de hecho, la misma búsqueda de los 42 normalistas, precisó.

El pasado 22 de noviembre, Vidulfo Rosales, abogado del centro Tlachinollan, informó que se propondría la participación de 10 expertos de la CIDH, entre ellos el argentino Ariel Dubovsky; la guatemalteca Claudia Paz; el chileno Roberto Garretón y el peruano Gino Costa.

Barrera Hernández lamentó que el gobierno federal haya suspendido las labores de búsqueda: Ha sido muy limitada su participación, por eso los mismos papás han visto que todo depende de que haya alguna propuesta o iniciativa (del gobierno), y prácticamente es mero formalismo de cubrir el compromiso ante un planteamiento muy concreto.

Reprochó que la Federación no cuente con ningún plan de búsqueda, mucho menos una estrategia mucho más integral de cómo llevarla a cabo. Por eso los papás de los 42 jóvenes están realizando su propio trabajo.

Dijo que ante el proceder del gobierno federal, los paterfamilias buscan nuevas rutas, entre ellas el apoyo de organizaciones sociales como la policía comunitaria, ya que con ellos se puede hacer un trabajo mucho más profundo, más minucioso, sobre todo en el terreno.


Aseguró que la propuesta de los padres de los 42 desaparecidos es hacer recorridos en lugares de difícil acceso, sobre los que han tenido información, donde haya presencia de personas que pudieran tener a sus hijos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.

La Asamblea Nacional Popular acuerda boicotear los comicios del año próximo

La presentación con vida de normalistas desaparecidos, eje principal del plan de acción. Advierte que continuará el bloqueo a autopistas y la toma de casetas de peaje y medios de comunicación.

Chilpancingo, Gro. La séptima Asamblea Nacional Popular (ANP), celebrada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se pronunció por la anulación y boicot a las elecciones 2015. Para ello hacemos un llamado al pueblo mexicano a preparar las condiciones en cada municipio, en cada estado y a escala nacional, para hacerlo efectivo.

Con la presencia de representantes de más de 30 organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, se ratificó, como ejes principales del plan de acción, la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa, castigo a los responsables de su desaparición y de los asesinatos perpetrados contra nuestros compañeros.

También, la caída inmediata de Enrique Peña Nieto, porque no representa los intereses y las aspiraciones del pueblo mexicano, y la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

La ANP intensificará los bloqueos de puertos y aeropuertos, la liberación de casetas de peaje, el cierre de autopistas, la toma de gasolineras y distribución gratuita de combustible, la toma de medios de comunicación y el bloqueo total al Distrito Federal, acciones que deberán realizarse en el contexto de las Jornadas de Acción Global por Ayotzinapa, preparando las condiciones hacia la huelga política general.


Se acordó exigir la salida inmediata de Guerrero del Ejército, la Marina, la Gendarmería Nacional y todos los cuerpos policiacos, ya que su presencia ha generado mayor inseguridad y represión contra el pueblo guerrerense. Luchamos por la derogación de las reformas estructurales, por una nuevo Constituyente y una nueva Constitución, por el poder popular.

También se pactó convocar a todos a seguir con la construcción de asambleas populares en cada comunidad, ejido, barrio, colonia, fábrica, centro de trabajo y centro de estudio, de cada estado, creando las bases para construir una Gran Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México.

Otro acuerdo fue reforzar con guardias las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, para garantizar su seguridad. Asimismo, se hizo un llamado a reforzar el plantón magisterial popular instalado en el zócalo de Chilpancingo.

Se convino impulsar un programa político que recupere las demandas y aspiraciones de todos los sectores del pueblo mexicano, en la perspectiva de la convocatoria a un nuevo Constituyente, que redacte la nueva Constitución, en la que se establezcan los principios de un nuevo país verdaderamente democrático, con justicia social.

Una resolución más fue convocar a un acto internacional de solidaridad con Ayotzinapa, para lo cual la ANP nombrará una comisión que elabore el aviso. Se impulsará una campaña nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos y por la presentación con vida de todos los desparecidos. Como parte del plan de acción se contempla para este lunes la instalación de un plantón indefinido en la Secretaría de Gobernación.


Finalmente, la ANP se pronunció por la libertad inmediata e incondicional de Rubén Sarabia Sánchez, dirigente de la Unión Popular de Vendedores 28 de Octubre, en Puebla, detenido el pasado viernes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO ARISTA.

FBI ayudó a la investigación sobre Ayotzinapa, dice subsecretario de SRE

Algunos agentes de la Oficina Federal de Investigación de EU ayudaron, sobre todo, a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron: Sergio Alcocer.

Agentes de la FBI de Estados Unidos ayudaron en las investigaciones del caso Ayotzinapa, admitió el subsecretario de la SRE para América del Norte, Segio Alcocer

No lo mencionó el subsecretario, pero es evidente que ese caso estará en la agenda de la reunión que los presidentes de México y EU, Enrique Peña Nieto y Barack Obama, respectivamente, sostendrán en enero próximo.

Al referirse a la asistencia forense del gobierno de EU a México tras de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Alcocer, señaló que incluso el procurador Jesús Murillo Karam, reconoció el envío de algunos agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que vinieron y ayudaron, sobre todo a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron.

En conferencia de prensa, el funcionario de la cancillería destacó que la colaboración en este aspecto tuvo lugar días después de los hechos ocurridos en Iguala.

Se refirió también a la ayuda que ofreció hace unos días el embajador de EU en México, Anthony Wayne, al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como apoyo en el marco de la Iniciativa Mérida.
Sergio Alcocer recordó que una de las vertientes de este acuerdo firmado por Estados Unidos y México es el fortalecimiento de las capacidades de procuración de justicia en el estado”.


El subsecretario mencionó que una de las vertientes de la Iniciativa Mérida es la prevención del delito y la procuración de justicia con recursos que se han destinado a la capacitación de jueces. Es la evolución de un sistema de justicia que se acerca a los canadienses y estadunidenses, pues tienen experiencia y han aportado los recursos para ello, y han hecho el ofrecimiento y seguramente será refrendado por el gobierno mexicano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tribunal electoral resuelve que la propaganda del gobernador de Chiapas ¡no es propaganda! (20 DICIEMBRE 2014)

La Sala Especializada del TEPJF declaró inexistente la adquisición de propaganda integrada en televisión para promover la imagen del gobernador en un partido de futbol.

Un tribunal electoral consideró que la propaganda del gobernador de Chiapas en televisión no es propaganda y lo exoneró este sábado.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró inexistente la adquisición de propaganda integrada en televisión para promover la imagen del gobernador Manuel Velasco Coello, durante la transmisión de un partido de futbol.

En la sesión pública de este sábado, los magistrados resolvieron que los hechos denunciados por Pablo Gómez en su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), contra Velasco Coello, se enmarcan dentro del libre ejercicio de una labor informativa.

Lo anterior, luego de que en su queja, Gómez Álvarez argumentó que el mandatario emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), promovió su imagen durante el partido de fútbol transmitido por televisión el 27 de noviembre pasado, entre los equipos Jaguares de Chiapas y el Toluca.

Por unanimidad, los magistrados consideraron que la difusión de la imagen del mandatario estatal no puede considerarse como “adquisición de tiempo en televisión”, lo cual está prohibido por la ley electoral.

Además, aclararon, no existen disposiciones legales a las que, en este caso, se deba sujetar la transmisión y narración del evento deportivo, “ni mucho menos, un tipo administrativo que sancione ciertas prácticas que ocurren en el ejercicio periodístico”.

El colegiado consideró que la transmisión “no tuvo por objeto efectuar promoción personalizada de servidor público”, pues las expresiones e imágenes emitidas durante la transmisión no buscaban resaltar la imagen, virtudes o cualidades del gobernador.

Respecto a la presunta contratación, adquisición, difusión de tiempos en televisión, precisaron que tampoco existen los elementos necesarios para poder considerados como propaganda prohibida.

Durante la transmisión del evento deportivo no se difundieron ideologías, programas o acciones con el fin de influir en los ciudadanos para adoptar determinada conductas políticas y tampoco se advierte que se busque promocionar alguna opción política en particular, subrayó.

En otro asunto, la Sala Especializada también declaró inexistente la presunta difusión de propaganda en televisión e Internet, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la intención de calumniar la imagen del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, de extracción panista.

El magistrado presidente, Clicerio Coello, su homólogo, Felipe de la Maza, y la secretaria de estudio y cuenta en funciones de magistrada, Imelda Guadalupe García Sánchez, consideraron que la crítica que se hace al ex mandatario se enmarca dentro de la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Al resolver el asunto SRE-PSC-2/2014, el pleno del organismo jurisdiccional informó que en su queja, Reynoso Femat argumentó que en la transmisión de un promocional del PRI, difundido en un portal de Internet y en televisión, “contiene expresiones que lo calumnian a él y al Partido Acción Nacional (PAN).

En el promocional con cobertura en Aguascalientes difundido del 1 agosto al 23 de noviembre pasado, se hace referencia a que durante 12 años en esa entidad los gobernadores “sólo pensaron enriquecerse” y se difunde una imagen del ex mandatario tras las rejas.

“Dicho promocional dura 30 segundos y la imagen en cuestión aparece cinco segundos”, informaron los magistrados.

Consideraron que la transmisión del promocional “se realizó en apego a la libertad de expresión dentro de los parámetros permitidos dentro de propaganda político y electoral, al tratarse ésta de un derecho fundamental”.


Esto es, que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática que permite la crítica hacia los personajes públicos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Insulto gubernamental, empresarial y militar

MÉXICO, D.F: La semana antepasada fue pródiga en declaraciones de autoridades, líderes empresariales y hasta intelectuales que buscan “cerrar esa página”: las protestas sociales por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la denuncia pública por la Casa Blanca –propiedad de la esposa del presidente–, sin costo alguno para el gobierno federal y Enrique Peña Nieto.

Primero fue el artículo de Enrique Krauze, en el New York Times, que señala: “Esta es quizá la más difícil petición que yo haría: que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad”. Abunda: “Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un liderazgo ético, especialmente en tiempos de crisis. Encarnar ese liderazgo debe ser la prioridad inmediata de Peña Nieto”. Y más adelante le pide realizar cambios en su gabinete, e incluso propone que uno de los sacrificados sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable de la licitación del tren México-Querétaro.

La recomendación pública de Krauze pasa por alto que el presidente es el primer obligado a cumplir las leyes y que, por lo tanto, el presunto conflicto de intereses en que incurrió debe ser motivo de un procedimiento sancionatorio, puesto que existe una instancia jurídicamente responsable de exonerarlo o sancionarlo; su conducta no puede olvidarse con una simple disculpa.

Aunque fuese un acto inédito en la vida política mexicana, la disculpa pública no puede solventar la presunta violación al estado de derecho; en consecuencia, no es la vía para concluir el debate del caso.

Siguió el secretario de Marina, Vidal Soberón, quien recurrió al ancestral discurso de “los intereses ocultos” que pretenden desacreditar la labor gubernamental. El almirante manifestó: “Más coraje me da” que a “esta gente” que supuestamente “manipula” a los padres de familia, “no le interesan ni los padres ni estos muchachos…”.

Olvida el almirante Soberón que la investigación en torno al hecho todavía tiene muchos cabos sueltos, y que no es un caso aislado, sino parte de las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, entre las cuales se encuentran los otros 28 cadáveres encontrados en las fosas localizadas en el municipio de Iguala, y que, como no correspondían a los estudiantes, han sido totalmente ignorados, pues no han merecido siquiera una declaración pública de las autoridades responsables.

El Estado no quiere reconocer que el país vive la “peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años”, según denunció el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón. No entienden que son decenas de miles las familias mexicanas afectadas por el asesinato o la desaparición de uno de sus miembros; son seres humanos que protestan y se manifiestan por el dolor que les provoca la desaparición de un ser querido, no por la manipulación de nadie.

También son irritantes las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solana, quien en rueda de prensa manifestó que se debe dar vuelta a la página de las protestas por los 43 desaparecidos de Ayot­zinapa, ya que “es injustificado” que el “pequeño número de personas” que las realizan estén provocando un “daño terrible” a los “3.5 millones de habitantes que tiene Guerrero, 150 mil empresas y 800 mil familias. No hay proporción”.

Y concluyó, de acuerdo con los medios de comunicación: “Para mí, (los estudiantes) están muertos, porque si encontraron los restos de ADN de uno de ellos en el basurero, es por lógica que, si desaparecieron 43 juntos, la conclusión final es que los otros 42 están ahí también (…) Esperemos que con la aparición de otro muchacho, otros dos o tres, pudiéramos concluir para cerrar esa página”.

Más allá de los sentimientos de ira que generan sus expresiones, éstas muestran los dobles discursos y las auténticas preocupaciones de un sector de los empresarios mexicanos: promueven la cultura de la legalidad y reclaman la vigencia del estado de derecho mientras no toquen sus intereses particulares, y están dispuestos a sumarse a las marchas contra la inseguridad cuando afecta a las familias de sus agremiados si tales manifestaciones no perjudican sus negocios o rendimientos económicos.

Ante la desbordada indignación de la ciudadanía, que sin duda trastorna la vida cotidiana, afecta el clima de negocios y muestra la ingobernabilidad, las voces de los beneficiarios del statu quo se unen para tratar de “cerrar esa página”, sin importar que ello implique tolerar los atropellos y abusos de autoridad de los cuerpos armados mexicanos, aceptar la corrupción del presidente de la República y los más altos funcionarios gubernamentales, permitir la violación de los derechos humanos, el incremento de la incidencia delictiva y la creciente inseguridad; en síntesis, decretar la inexistencia del estado de derecho en beneficio de una minoría poderosa política y/o económicamente.


Mientras unos demandan hacer justicia y recuperar con vida a sus familiares desaparecidos, los personeros de la clase gobernante, un sector del empresariado y un grupo de la intelectualidad pretenden que todo termine simplemente con un “usted disculpe” para que el país recupere la paz que ellos requieren con el fin de seguir enriqueciéndose.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.