Autoridades de ese país sudamericano afirman que esperan la extradición para finales de este año; sostienen que la burocracia obstaculiza el envío de los sentenciados que viajaban en una camioneta con logos de Televisa.
“El problema es esa burocracia (en México), entonces eso es lo que está atrasando la repatriación“, aseguró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos.
En noviembre pasado, la justicia del país centroamericano anunció que realiza los trámites necesarios para repatriar a todos los presos extranjeros a sus países de origen antes de enero, incluidos los 18 mexicanos.
“Ellos (autoridades mexicanas) quieren aclarar hasta la última letra de cada nombrede cada una de estas personas”, se quejó la magistrada.
Este grupo de 18 mexicanos fue capturado en Nicaragua el 20 de agosto de 2012 con 9.2 millones de dólares ocultos en compartimientos de seis camionetas, que portaban logos de la empresa Televisa.
Además, la líder del grupo, Raquel Alatorre, alegó tener vínculos con el presentador de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre.
En el mismo sentido, la jefa de la policía nicaragüense, Aminta Granera, confirmó los obstáculos diplomáticos de nuestro país para repatriar a los sentenciados.
“Hay bastante burocracia en el traslado. Ojalá fuera en este año. Nosotros queremos que sea lo más pronto posible”, señaló Granera.
Las autoridades nicaragüenses no descartan que en México no quieran recibir al grupo. “Puede ser que no les guste mucho la idea de que vayan a su país. Esto es una especulación”, aclaró la presidenta del Supremo.
Ramos añadió que los mexicanos tendrán que regresar a su tierra natal tarde o temprano bajo las normas legales de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas en el Extranjero y un convenio bilateral sobre el cumplimiento de sentencias penales.
Los mexicanos fueron condenados en enero pasado a 30 años de prisión, la pena máxima en Nicaragua, por los delitos de transporte internacional de drogas, crimen organizado y lavado de dinero en perjuicio del Estado nicaragüense.
En octubre un tribunal de apelaciones de Managua redujo la pena a entre 16 y 18 años. Posteriormente, José Luis Borja, abogado de los sentenciados, afirmó que los mexicanos fueron presionados para firmar su orden de traslado.
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