lunes, 16 de diciembre de 2013

Marisela Escobedo: tres años de dudas e impunidad

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

CHIHUAHUA, Chih. (apro).-Las puertas de Palacio de Gobierno fueron cerradas esta mañana durante el acto conmemorativo del tercer aniversario luctuoso de la activista Marisela Escobedo Frayre.

Hace tres años, a las ocho de la noche, esas mismas puertas se encontraban cerradas cuando la activista intentó resguardarse de las balas que acabaron con su vida.

En Ciudad Juárez, organizaciones civiles se dieron cita también en el cementerio Jardines Eternos para recordar que ni en el asesinato de Marisela ni en el de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo han encontrado justicia.

Vía telefónica, la hermana de Marisela, Elba Escobedo, reiteró que Luis Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, no es culpable y que la familia ha señalado como responsable a Andy Alonso Barraza Bocanegra, hermano del asesino de Marisol.



En el Consulado General de México en Estados Unidos se reunió parte de la familia de Marisela, ya que viven separados después de que asesinaron a la activista. Por el clima de impunidad y al verse amenazados, decidieron solicitar asilo político en aquel país.

Apoyados por la organización “Mexicanos en exilio”, los familiares de Marisela realizaron el homenaje a las 13:00 horas. Su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo, expresó que su deseo es recordar la lucha de su madre y no su muerte.

Enfatizó que no han encontrado justicia por el asesinato de Marisela y aunque el gobierno estatal de Chihuahua, intenta acallar la voz de Marisela para lavarse las manos del crimen, no lo logrará y confirmó que para ellos, el verdadero asesino es Andy Barraza.

Además, acusó al exfiscal Carlos Manuel Salas, de filtrar información al crimen organizado, por lo que pidió que sea investigado.

En la ciudad de Chihuahua, justo donde cayó Marisela abatida por las balas al pie del Palacio de Gobierno, hoy, decenas de mujeres y hombres recordaron su historia de lucha, a partir de que su hija Rubí Marisol fue asesinada por su pareja Sergio Rafael Barraza, el 29 de agosto de 2008.

Recordaron una de sus últimas frases frente al palacio del Ejecutivo: “¿Qué está esperando el gobierno?, ¿qué venga y termine conmigo? Pues que termine conmigo aquí enfrente, a ver si les da vergüenza”. Y así fue.

El 16 de diciembre de 2010, cimbró a la sociedad chihuahuense y al país entero, recordaron sus compañeras de lucha, sin poder evitar las lágrimas: “Murió sin acariciar el rostro de la justicia, su presencia está vigente, la exigencia de justicia es compromiso de quienes compartimos su lucha y la nuestra, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Marisela buscó a su hija hasta dar con su cuerpo, gracias a las confesiones de testigos que señalaron dónde la habían enterrado. Y fue por el cuerpo, lo sepultó y continuó su lucha por la justicia.

Luego, fue por el asesino hasta encontrarlo y obligar a las autoridades que lo llevaran ante un tribunal oral, que lo dejó libre ante la impotencia y dolor de Marisela. Ella encabezó su propia defensa con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), hasta que le arrancó a un Tribunal de Casación, una condena de 50 años de prisión para Sergio Rafael Barraza, quien ya se encontraba prófugo.

Lo buscó y dio con él en la ciudad de Zacatecas, pero las autoridades no le hicieron caso. Luego de varios meses y cargada de impotencia, se colocó de manera permanente frente a Palacio de Gobierno, para exigir al gobernador César Horacio Duarte Jáquez, que le ayudara a encontrar la justicia.

Unos días antes de su asesinato, fue sacada por la fuerza por guardias de seguridad de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), cuando ingresó a la ceremonia de aniversario del alma máter, para gritar su exigencia directamente al gobernador.

Finalmente, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno el 16 de diciembre del 2010.

Justo siete meses antes, el 16 de mayo de 2010, ella misma, apoyada por sus abogadas y activistas, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH/5/2010/2852/Q.

El 13 de septiembre de 2010, denunció ante la Procuraduría General del Estado (hoy fiscalía), a Andy Barraza, por amenazas pero hasta ahora no hay investigación y a Marisela, no la protegieron correctamente.

Hasta ahora, las autoridades han presentado a dos personas como presuntos asesinos de Marisela, apodados El Payaso y El Wicked, pero ninguno convence a los familiares y defensoras. El Cedehm cuestionó a las autoridades, cuál de los dos es el verdadero culpable y como respuesta, dijo Alma Gómez Caballero, recibieron hostigamiento y una campaña de desprestigio contra el centro.

Luego de casi tres años, el 28 de octubre pasado, la CNDH emitió la recomendación 44/2013. En ese expediente se encuentran las pruebas presentadas por Marisela y por sus abogadas.

“Todo esto que nos acaban de relatar, estuvimos diciendo después del asesinato de Marisela, la CNDH documentó el caso y finalmente nos dio la razón. La autoridad es responsable de la omisión para encontrar a los asesinatos de Marisela”, señaló Alma Gómez.

Las organizaciones darán seguimiento a la recomendación, a nombre de la familia de Marisela Escobedo, hasta que se cumpla, ya que el gobierno del estado de Chihuahua, ya la aceptó.

Entre otras, recomienda ofrecer una disculpa institucional a los familiares por la omisión y negligencia en las investigaciones de los asesinatos de Rubí y de Marisela, y que garantice que no volverá se repetirá una situación como la señalada; que implemente acciones necesarias para otorgar a los familiares, la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria; que se investiguen las amenazas y homicidios contra Marisela.


Además, piden que en lo subsecuente, los fiscales especiales, jefes de unidad, directores y agentes del Ministerio Público, atiendan las solicitudes de la CNDH con motivo de las investigaciones que realicen, ya que en el caso de Marisela, les pusieron obstáculos y que el Gobernador colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que hará  la CNDH ante la FGE contra los servidores públicos involucrados a fin de que se inicie una averiguación previa.

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