lunes, 2 de diciembre de 2013

Detienen a líder de policía comunitaria en Guerrero; exigía liberación de guardias

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

CHILPANCINGO, Gro. El dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla, Arturo Campos Hernández, fue detenido en esta capital y trasladado al penal de Acapulco acusado por el delito de secuestro agravado.

La aprehensión del activista indígena mixteco se realizó esta tarde al término de un mitin realizado en la alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, donde el centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan anunció el comienzo de una campaña denominada “Por la defensa de nuestra vida y libertad”, del 1 al 12 de diciembre para exigir la excarcelación de 12 guardias comunitarios detenidos desde finales de agosto y presos en cárceles de máxima y mediana seguridad.

En su intervención durante el acto de protesta, Campos Hernández criticó la estrategia impulsada por el gobierno de Ángel Aguirre que pretende regular a los grupos de autodefensa y guardias comunitarios que han surgido en la entidad para enfrentar directamente a la delincuencia.

Al respecto, dijo que la policía comunitaria adherida a la CRAC con sede en El Paraíso, no estaban dispuestos a sujetarse al mando de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, simplemente porque “están infiltrados por la delincuencia”.

Luego, fue detenido en esta capital por un grupo de agentes ministeriales cuando Arturo Campos pretendía dirigirse en una unidad de transporte público al vecino poblado de Tixtla.

Enseguida, fue trasladado a la cárcel de Acapulco donde fue puesto a disposición del juzgado cuarto de primera instancia en materia penal, quien libró una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado.

Al respecto, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, condenó la detención de Campos Herrera y acusó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de impulsar una campaña para desmantelar al grupo de la Policía Comunitaria adherida a la CRAC que tiene su sede en el poblado mixteco de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres.

Ello debido a que este grupo de guardias comunitarios son considerados por el gobierno como disidentes porque públicamente se han manifestado con armas en contra de la política impulsada por el presidente Enrique Peña, indicó el defensor.

También, dijo que el grupo de policías comunitarios de El Paraíso, que se extendieron a los municipios de Tixtla, Huamuxtitlán y Olinalá, exhibieron la indolencia gubernamental frente a la brutal ola de violencia e impunidad que tiene asfixiada a la población guerrerense.

Consultado posterior a la detención del dirigente de la CRAC en Ayutla, el litigante informó que Campos Herrera enfrenta cargos por secuestro agravado, integrados en dos causas penales, la 191 y 142, radicadas en juzgados de primera instancia en materia penal de Acapulco y Chilpancingo.

Se trata del mismo expediente elaborado por el gobierno de Aguirre en contra de este grupo de la PC-CRAC que mantiene presos desde finales de agosto a 12 integrantes del grupo de autodefensa con sede en El Paraíso, los mismos por los que se impulsó la campaña que exige su excarcelación.

Entre los detenidos del grupo de El Paraíso se encuentra la coordinadora de la policía comunitaria en el municipio de Olinalá, Nestora Salgado, actualmente presa en el penal de máxima seguridad de Nayarit; el dirigente de la autodefensa de Tixtla, Gonzalo Molina, que está preso en el centro de maxima seguridad de Oaxaca.

Así como el coordinador en El Paraíso, Bernardino García Francisco y nueve guardias comunitarios más, todos presos en las cárceles de Acapulco y Chilpancingo.

El abogado de Tlachinollan, afirmó que el gobierno de Aguirre no ha sustentado con pruebas las acusaciones de secuestro agravado en contra de los dirigentes de la PC-CRAC de El Paraíso.

También, dijo que la administración aguirrista está violando los derechos humanos de los guardias comunitarios al trasladar a algunos a penales de máxima seguridad fuera de la entidad porque no se les garantiza el derecho a una defensa adeucada y protección de la familia.