miércoles, 13 de noviembre de 2013

Solicita la CIDH medidas cautelares para exalcalde de Oaxaca

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que adopte las medidas cautelares necesarias para preservar la vida y la integridad física del exalcalde de Santiago Amoltepec, Lorenzo Santos Torres, quien convalece en un hospital después de ser víctima de una agresión en el interior de su domicilio.

Así lo dio a conocer Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quien destacó que esta es la tercera medida cautelar emitida por la CIDH al gobierno mexicano en lo que va del año.

En su resolución, la CIDH pidió también que se informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar repeticiones.

Santiago Reyes dijo que el requisito de gravedad se encuentra cubierto en vista de los hechos alegados sobre amenazas y continuos actos de violencia en contra de Lorenzo Santos Torres y su familia, ya que el 10 de septiembre, producto de un ataque armado, falleció su hijo Jonathan Santos Girón, de 9 años.

Frente a la “ineficiencia y complicidad” de la PGJE al no investigar los más de 50 homicidios cometidos en menos de tres años en Santiago Amoltepec, acotó, se propició la emisión de la presente medida cautelar.

Por lo pronto, la Cedhapi inició una campaña de presentación de casos de violación de derechos humanos ante la CIDH, con el fin de sentar un precedente para que el Estado mexicano sea juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por vulnerar las garantías fundamentales de los pueblos indígenas en Oaxaca.

Lorenzo Santos Torres se encuentra hospitalizado al resultar herido de bala en el abdomen durante un atentado perpetrado el 31 de octubre, tras sufrir un ataque de un grupo paramilitar que presuntamente encabeza el alcalde Pedro Luis Jiménez Hernández.

Pese a que el defensor comunitario contaba con medidas cautelares luego del asesinato de su hijo de 9 años, y por las amenazas de muerte que recibió al tener conocimiento que Jiménez Hernández ofreció 150 mil pesos “por su cabeza” y la de sus parientes, el exedil sufrió este nuevo atentado.

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