AUTOR: ALEJANDRA GUILLÉN.
Tres meses después de su relanzamiento en Chiapas, en agosto pasado, el Congreso Nacional Indígena realizó a principios de noviembre su primera asamblea en San Lorenzo Azqueltán, una comunidad de tepehuanos y wixáritari que lleva años solicitando a las autoridades la restitución de sus tierras invadidas por pequeños propietarios. Los asistentes a ese encuentro no sólo avalaron su demanda, sino que incluso reconocieron la autonomía de la comunidad. “Ya es tiempo de luchar contra los ganaderos mestizos que nos han despojado por décadas”, remató don José Aguilar Márquez, un tepehuano de 70 años.
Tiene más de 70 años y es uno de los tepehuanos más antiguos en el Cañón de Bolaños. Es el único en la región que aún porta el traje tradicional –calzón de cuero encima de camisa y pantalón de manta– y ha sido testigo, dice, de la forma en que su pueblo ha sido despojado de sus tierras a punta de cuerazos y engaños.
“Ya es tiempo de luchar contra los ganaderos mestizos que nos han despojado por décadas –suspira don José–. Ya viví mucho. Si me matan, pues me muero; si no me matan, de todos modos me voy a morir.”
Don José participó en la primera asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI) región Occidente –el sábado 9 y el domingo 10–, espacio que se reactiva después de la celebración de la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso, realizada el 17 y 18 de agosto pasado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
El relanzamiento del CNI se realizó precisamente en el pueblo de don José con el propósito de fortalecer su lucha por la recuperación del territorio. Sus habitantes piden la restitución de 45 mil de las 94 mil hectáreas que aparecen en el título virreinal de 1777.
Durante el encuentro se realizó una ceremonia de reconocimiento al Comisariado Autónomo de Bienes Comunales de esta comunidad habitada por tepehuanos y wixáritari, estos últimos llegaron a la región a mediados del siglo XX.
El sábado 9 por la mañana comenzaron a llegar delegados de pueblos indígenas de Michoacán, Puebla y Jalisco, donde los anfitriones los recibieron con caldo de bagre del río Bolaños que atraviesa el territorio de Azqueltán.
Don José recordó que a estas tierras llegaron los primeros pobladores tepehuanos provenientes de lo que hoy es conocido como Durango y Zacatecas. El 23 de abril de 1777 la comunidad de San Lorenzo recibió de la corona española su título virreinal que reconocía 94 mil hectáreas.
Casi dos siglos más tarde, en 1954, la propia Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) refrendó la validez del documento. Sin embargo, seis años después se determinó restituir sólo 8 mil 336 hectáreas, aunque nunca se concluyó el trámite, con lo cual no se reconoció legalmente la posesión.
Las actuales autoridades autónomas de San Lorenzo sostienen que aun cuando la demanda es antigua, hace apenas un año interpusieron un juicio para solicitar la restitución de su territorio y demandar la expulsión de los pequeños propietarios que actualmente lo habitan.
Su participación en la Cátedra Tata Juan Chávez, en Chiapas, los marcó, dicen, en el sentido de seguir reflexionando qué significa la autonomía para San Lorenzo.
Los invasores se inventaron mil y un formas para despojar a los indígenas, como escrituras apócrifas de compra-venta, entre ellas una que data de 1900, cuando se pagaron 80 pesos por 50 hectáreas.
Lo más común es que los compradores le dijeran amablemente a los ejidatarios: “Mira, traigo unas cobijitas. ¿No le quieres llevar a tus hijos, para que no pasen frío?”; o “Llévate estos duraznitos o esta carnita, nosotros estamos para ayudarlos”. Luego, los mestizos se cobraban “a la mala”, invadiendo más y más tierras, asegura don José.
“Y así ha sido la historia. Puros engaños; asesinados o colgados, pero el problema se pone cada día más grave. Una familia es la de los Sánchez; Leandro tuvo a Josefa y ahora sus hijos y sus nietos siguen yendo y, con tijeras, mochan el alambrado de nuestra gente y acaban con su siembra. Es muy grave porque nomás andan viendo cómo largarnos de nuestras tierras”, reflexiona.
Los pequeños propietarios y un par de habitantes de la comunidad comenzaron a decir que el gobierno federal los organizó como ejido de San Lorenzo de Azqueltán y los había dotado de mil 100 hectáreas. Sin embargo, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) revisó el mosaico del Registro Agrario Nacional en 2011 y no aparece ningún núcleo con ese nombre. Por otro lado, después de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, ya no existe la creación de ejidos, pues en teoría ya no hay tierras para repartir.
Vamos a seguir luchando
El comisariado ejidal autónomo Ramiro Márquez y su secretario Catarino Aguilar Márquez consideran que eso es parte de la embestida gubernamental para frenar su lucha y comenzar un proceso de privatización de la región, así como la legitimación de nuevas invasiones en Azqueltán.
Según Aguilar Márquez, en el pueblo hay dos grupos: el de los pequeños propietarios y el de los que luchan por recuperar sus predios. “Los que estamos en la lucha –dice– sabemos que esto es genuino. También sabemos que la intención (del gobierno) es desaparecernos y vender toda la sierra en millones. Nos tienen amenazados de que nos van a correr y la gente ya no se anima a veces ni a sembrar su cuamil.
“Pero hemos entendido que debemos unirnos porque somos descendientes de gente que lucha; esta amenaza de echarnos es lo que nos une de nuevo. Por eso decidimos en julio pasado convertirnos en una comunidad indígena autónoma. Vamos a seguir luchando porque vamos a seguir viviendo. Nuestro amor es por la tierra.”
Las comunidades wixáritari de Santa Catarina y San Sebastián Teponahuaxtlán, vecinas de San Lorenzo, ya reconocieron incluso a las autoridades agrarias autónomas. Saben también cuáles son las historias de desprecio y despojo.
“Hace poco más de un año comenzaron a pensar qué hacer; algunos no descartan incluso levantarse en armas. A eso llega uno, porque el gobierno no apoya y más bien a uno como indígena lo quieren acabar, a nosotros que lo único que tenemos es la tierra, es justo lo que nos despojan. Lo que nos queda es ganar la lucha o morir en la lucha, pero dignamente”, dice el entrevistado.
En el encuentro del CNI también expusieron los casos de los nahuas de Tuxpan, Jalisco, cuyo principal problema es el despojo para la siembra de aguacates; de la explotación de hierro en Ayotitlán, donde las trasnacionales y los grupos del crimen organizado que ahí operan se benefician de la exportación del mineral hacia China.
“Nos han tenido con el zapato en el buche. Y sí, allá se sienten las intimidaciones; pero si hubiéramos aflojado ya nos hubieran corrido. Así que no hay que humillarnos. Vamos a seguir peleando por lo nuestro”, comentó Indalecio, primo del nahua Celedonio Monroy, quien fue secuestrado por un comando armado en octubre de 2012.
Salvador Torres, del municipio michoacano de Cherán, compartió la lucha de su pueblo contra los talamontes, que se conoció el 15 de abril de 2011, cando se hizo pública, aunque data de hace años. Aquel día, según Torres, “sentimos que como pueblo volvimos a nacer”.
En esa primera asamblea plenaria, los participantes pidieron que se respete el derecho inalienable de modificar sus formas de gobierno en un marco de autonomía y en ejercicio de su libre determinación. Asimismo manifestaron su respaldo a las autoridades autónomas de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltan y pidieron el cese del despojo de sus bienes comunales reconocidos desde 1777.
“Los intereses capitalistas que amenazan y afectan nuestros territorios se han coludido con grupos del crimen organizado, nacional e internacional, con los diferentes órdenes y niveles de gobierno conformando un fenómeno complejo que se dota de formas legales e ilegales para despojarnos de nuestros recursos y nuestros territorio”, indica el documento que suscribieron.
Asimismo, exigen la presentación de Celedonio Monroy y el cese a los hostigamientos contra Gaudencio Mancilla, ambos comuneros de Ayotitlán, en la región Costa Sur de Jalisco, así como el respeto a los procesos de autogobierno y autonomía de Cherán.
Por último, el pronunciamiento advierte que seguirán fortaleciendo su organización para la libre determinación en un marco de autonomía, así como para oponerse y resistir a la guerra de exterminio que los intereses “nacionales y extranjeros han emprendido en nuestra contra”.
El CNI surgió el 12 de octubre de 1996 y la región Centro-Occidente-Pacífico había sido la más activa en el país. En marzo de 2011 se realizó la última reunión, en Nurío, Michoacán, y fue hasta la Cátedra Tata Juan Chávez, en agosto pasado, que se anunció su reactivación y una nueva regionalización. La de occidente incluye a los pueblos indígenas de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Querétaro y Durango.
La Segunda Reunión Plenaria de la Región Occidente se realizará en Bancos de San Hipólito, Durango en una fecha aún por determinar.
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