Así lo dio a conocer el diplomático Leandro Arellano Reséndiz, quien fue propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto como embajador ante la República Bolivariana de Venezuela, luego de comparecer ante el Senado, donde presentó su plan de trabajo.
Sin ofrecer mayores detalles, el embajador dijo que las personas que viajaban en el jet Hawker 25, matrícula XB-MGM, llegaron procedentes de Colombia.
La declaración del Arellano Reséndiz se da luego una semana después de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó que sólo uno de los pasajeros dio su nombre verdadero y que éste ya se encontraba plenamente identificado, aunque no dio a conocer su identidad por la reserva de la investigación.
Días antes, en medio del escándalo, el gobierno de Querétaro reveló los supuestos nombres de los pasajeros y tripulantes de la nave. De acuerdo con el secretario general de Gobierno del estado, Jorge López Portillo, en la aeronave viajaban Isaac Pérez Dubond, Susana Bernal Rivas, Adriana Gesabel Cruz Méndez, Sergio David Franco Moga y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez, además del piloto y el copiloto, Carlos Alfredo Chávez Padilla y Mauricio Pérez Rodríguez, respectivamente, quienes tienen su base en Toluca, Estado de México.
“Se corroboraron los nombres de los cinco pasajeros y de los dos tripulantes, se anexaron pasaportes de todos ellos y ninguno expedido en Querétaro”, afirmó López Portillo Tostado en aquella ocasión.
La destrucción de la aeronave mexicana en territorio venezolano trascendió el martes 5, un día después del hecho, cuando el jefe del Comando Estratégico Operacional del Ejército del país sudamericano, Vladimir Padrino López, publicó en su cuenta de Twitter (@vladimirpadrino) que habían inmovilizado a un “incursor aéreo” siete millas náuticas (13 kilómetros) al norte de Buena Vista del Meta, en el estado de Apure, cercano a la frontera con Colombia.
Un día después, a través de la Embajada de México en Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una nota diplomática en la que solicitó el esclarecimiento de los hechos “en estricto apego al derecho internacional”.
“La SRE se mantendrá atenta a la respuesta que se otorgue a esta solicitud y ha entrado en contacto con autoridades venezolanas, a fin de obtener la información con la prontitud que el caso amerita y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar”, puntualizó en un comunicado.
El jueves 7, la Cancillería confirmó que los ocupantes del jet habían abandonado la aeronave antes de que las autoridades procedieran a incendiar el aparato.
“Según la información contenida en la nota diplomática del gobierno venezolano, los ocupantes abandonaron la aeronave antes de su inhabilitación”, señaló en otro comunicado difundido ese día.
No obstante, la dependencia no precisó el número de ocupantes del avión ni su nacionalidad y el motivo de encontrarse en el país sudamericano.
Marcelo López, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, señaló en aquella ocasión que la aeronave llegó a esa entidad proveniente de Nuevo León, en cuya capital tiene el registro oficial, y posteriormente despegó a las 11:50 horas del lunes 4.
También se dio a conocer que el aparato, comprado apenas el 30 de octubre pasado a la empresa Monterrey Jet Center, a través de la compañía Projets, tenía registros de 8 mil 107 aterrizajes, con paradas frecuentes en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
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