AUTOR: JESÚS ARANDA
Y es que, en los últimos años, la seguridad jurídica y personal de los militares y marinos que participan en acciones en contra de la delincuencia se ha convertido en una prioridad para los titulares de la Defensa y de Marina.
Tan es así, que en el marco de la discusión para la aprobación de un nuevo Código de Justicia Militar, militares y marinos le solicitaron a los legisladores que los soldados acusados de cometer delitos contra civiles, purgaran la prisión preventiva –en casos de delitos graves– en prisiones castrenses. Esto, ante los asesinatos de soldados que ya han ocurrido en prisiones civiles.
Además, está el hecho de que hay más de 100 soldados, en calidad de “desaparecidos”, quienes fueron secuestrados olevantados cuando acudieron a entidades del norte del país a testificar en procesos penales en los que estaban involucradas personas relacionadas con la delincuencia organizada.
En la Secretaría de Marina tienen muy presente la ejecución de la familia del infante de Marina, Melquisedec Angulo Córdova, ocurrida el 22 de diciembre de 2009 en el estado de Tabasco, en represalia porque el militar participó (y murió) en el operativo en el que fue muerto Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes, seis días antes en Cuernavaca, Morelos.
Desde esa fecha, tanto Marina como la Defensa Nacional han sido particularmente cuidadosos en difundir los nombres de sus elementos que participan en operativos de seguridad interior.
Ahora, por decisión judicial tendrán que dar los nombres y poner a disposición de los jueces a los militares cuando se trate de delitos no previstos en la ley que combate a la delincuencia organizada, con las consecuencias que ello pueda tener.
Los automóviles de la SCJN
El pasado 14 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó una convocatoria de licitación para la compra de 18 vehículos sedán para sustituir los autos de los directores generales del máximo tribunal. El asunto no tendría nada de particular, sino es por el hecho de que la convocatoria establece que es para adquirir vehículos Toyota Corola LE AT, modelo 2014, exclusivamente.
Por alguna razón que no se señala en el texto referido, la convocatoria deja fuera a todas las empresas que venden carros en el mercado nacional, sin importar si hay vehículos más competitivos en calidad o precio.
El vehículo que la Suprema Corte quiere para sus funcionarios deberá incluir: película anti-asalto en cristales laterales, kit de seguridad, sistema de geolocalización por tres años y permiso para circular.
Ésta marca de vehículos maneja tres modelos: el primero con un costo inicial de 239 mil 890 pesos; el segundo, 269 mil 890 (que es el que exige la convocatoria); el tercero, 279 mil 890 pesos y el cuarto, 315 mil 890 pesos.
Habrá que sumar además, el costo de los accesorios previstos en la convocatoria.
Dicen que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas.
Justicia militar abre la puerta a la esperanza
La Procuraduría General de Justicia Militar tiene nuevamente la posibilidad de hacer justicia en el caso de la muerte del subteniente José Raúl Vargas Cortés, ocurrida el 20 de enero de 1995, en circunstancias extrañas, en la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México.
Después que la madre de la víctima recopiló durante años pruebas para demostrar que era falsa la versión de que su hijo se había suicidado y que existían elementos para, al menos, investigar la participación en el asesinato de José Raúl, del entonces comandante de la Base Aérea, el general piloto aviador Arturo Villasaña Castillo.
La señora María del Rosario Cortés Vargas le envió un escrito al general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda en el que le solicitó la reapertura del caso.
El pasado 12 de noviembre, la procuraduría militar envió un oficio a la señora Cortés, para que acudiera ante el ministerio público castrense para que, en su calidad de denunciante, ratificara o ampliara su denuncia.
No basta con escuchar, la justicia militar está en deuda en este caso, en el que tal parece que el joven subteniente estuvo en lugar equivocado y se enteró de asuntos que, al parecer, involucraban en delitos graves a los altos mandos de la Base Aérea, lo que le costó la vida.
El general Cienfuegos tiene la palabra....
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