El magistrado Édgar Elías Azar explica que el proceso civil inició por una denuncia de un particular, descarta que haya intereses del tribunal por afectar el documental que exhibe irregularidades en un juicio penal.
Advirtió que se trata de una denuncia interpuesta por un particular que reclama el uso comercial de su imagen y los daños causados que por cuestión de competencia le corresponde resolver al tribunal que él encabeza.
Hizo notar que el TSJDF no puede rechazar sin razón una demanda sobre la que es competente, porque violaría los derechos fundamentales del denunciante. Al respecto, subrayó que resulta absurdo decir que se trata de una venganza del tribunal “que no puede cerrarle la puerta a ninguna acción judicial que se pretenda entablar en contra de una persona”.
También señaló que cualquiera que sea la resolución que emita la juez encargada del caso, podrá ser apelada ante una sala y si todavía las partes están inconformes, pueden recurrir por la vía de amparo ante el Poder Judicial federal, donde eventualmente se resolverá en definitiva.
“Lo que no se vale es el escándalo y tratar de descalificar al tribunal”, pues “lo que no podemos permitir nosotros es que nadie, nada presione a un juez para que resuelva, tienen que tener plena autonomía y plena independencia y no deben tener presiones de nada, ni amenazas de nadie”.
Elías Azar recordó que la titular del juzgado 17, donde recayó en primera instancia el asunto, se excusó, precisamente, por una serie de presiones y amenazas que optó por no resistir.
Ahora que el asunto está con la juez 18, ella es la única que puede decidir el acceso o no de representantes de los medios a la sede del juzgado. “Digamos que es la dueña del juzgado, tenemos que respetar la sala de audiencia que es del juez, y nadie más que ella manda”.
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