Joven detenido el 2 de octubre, en riesgo de muerte tras 50 días en huelga de hambre

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ANTONIO JIMÉNEZ.

(27 de noviembre, 2013).- “Mi postura como madre ante la decisión de mi hijo de llevar una huelga de hambre es de solidaridad y de respeto total, mi hijo es un hombre muy consciente y muy autocrítico. Es un luchador social, una persona con ideales, con proyectos y realmente considero que desde el momento de su detención, que fue arbitraria, generaron en él indignación. ¿Por qué tratarlo así si él no daña ni afecta a nadie, lo que hizo fue simplemente levantar la voz y decir ‘ya basta’”.

Las palabras anteriores fueron expresadas por Patricia García Catalán, madre de Jorge Mario González García, estudiante detenido por la policía capitalina el pasado 2 de octubre, y quien ahora corre el riesgo de perder la vida por la huelga de hambre que sostiene desde hace cincuenta días.

El día de hoy, la madre de Mario dio a conocer en conferencia de prensa la decisión del joven de no recibir alimentación artificial ante el avance del deterioro de su salud y la posible pérdida de la conciencia. En caso de ser necesario, se solicitaría a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a sus médicos particulares y a sus familiares que, bajo su estricto seguimiento, se le traslade a un hospital para observación y cuidados.

García Catalán aseguró que su hijo, a diferencia de lo que comentan algunos medios de comunicación, no ha desistido de su huelga de hambre. Afirmó que en este proceso ha padecido múltiples insultos, como los que recibió de uno de los doctores responsables de la salud de su hijo, apellidado Echeverría, quien con comentarios burlescos, actitud soberbia y sonrisas sarcásticas daba información del estado de salud de Mario González.

También dio a conocer que la juez María de los Ángeles Arrieta, quien lleva el caso de Mario, le aseguró que para que su hijo pudiera salir libre tenía que recibir órdenes de “arriba”, ya que ella sólo estaba cumpliendo órdenes y haciendo su “chamba”.

Un panorama jurídico complicado

Por su parte, el defensor de Mario, el abogado Guillermo Naranjo, puntualizó que en cuanto a la situación jurídica en la cual se encuentra Jorge Mario había que hacer algunas aclaraciones y algunas denuncias en lo relativo a la audiencia de ayer.

Subrayó que la audiencia debió permitir desahogar todas las pruebas de Mario, proceder a conclusiones y finalmente que la juez dictara sentencia, pero no pudo acontecer porque los policías que el Ministerio Público (MP) ofreció como testigos no se presentaron, cuando ya se les había notificado de esa audiencia:

“Lamentablemente, y esto corrobora que hay una línea, la juez dicta una nueva audiencia para el 10 de diciembre, olvidando que Mario se encuentra en un proceso sumario y que la fecha de audiencia tenía que ser dictada dentro de los cinco días siguientes para poder ser diferida a pesar de que ella sabe que Jorge Mario se encuentra en huelga de hambre. Si vuelven a faltar, a los policías se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa, sin embargo, a nosotros no nos interesa si les imponen una multa, nos interesa que se lleve a cabo la audiencia. ¿Qué necesidad hay de que alguien a quien se le está acusando de un delito sumario, un delito no grave, se le haya tenido que diferir dos veces la audiencia porque los policías no se presentaron? ¿Será que los policías no pueden sostener su dicho?”.

Además, dijo que se solicitó al MP desistirse de las pruebas de los policías, toda vez que son inconducentes, que no se relacionan con los hechos que se le imputan a Mario, pues en las constancias ningún policía reconoce a Jorge Mario como una persona que estuviera realizando una conducta ilícita.

“Ningún policía se avienta la responsabilidad de aprehenderlo. Simplemente está en el lugar de los hechos, refieren que había varias personas y posteriormente aparece en la agencia del Ministerio Público ya imputándole responsabilidades”.

El abogado afirmó que es necesario recordarle a la juez que hay un principio de presunción de inocencia, donde a Mario no le pueden atribuir ninguna conducta hasta que no haya sentencia que diga que efectivamente él cometió un delito, ya que la juez ya lo está sancionando y castigando por un delito que todavía no se le comprueba.

Comentó que el panorama jurídico se ve muy complicado, pues se están enfrentando a una interpretación de la ley que es totalmente regresiva en derechos humanos, imponiéndole al acusado la carga de probar su inocencia cuando no hay elementos ni siquiera para acusarlo. Naranjo aseguró que se está alargando indebidamente el procedimiento porque saben que hay una huelga de hambre de por medio.

A 50 días de ayuno, un cuerpo deteriorado

“Como profesionales de la salud, nos preocupan las secuelas que conlleva el ayuno prolongado ante el riesgo de muerte, daños permanentes y los dilemas éticos que trae consigo. A nuestro parecer, el personal que trató de romper la huelga de hambre ha violentado la declaración del Tratado de Malta adoptada por la asamblea médica mundial, que establece los protocolos para la intervención de las personas que han decidido optar por la huelga de hambre como forma de manifestación política o ideológica. Ante esta grave violación, es urgente que los profesionales de la salud actúen de manera ética en las decisiones sobre el tratamiento de Jorge Mario González García, respetando su autonomía y evitando la alimentación forzada”, indicó Sebastián Ponce, doctor del estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan.

Sebastián Ponce mencionó que a 50 días de ayuno, Mario González se encuentra debilitado físicamente, con presión arterial baja, dolor estomacal y mareos; disminución drástica del peso y sensación de frío por la pérdida de masa y grasa muscular; y que actualmente tiene una disminución de 15 kilos de peso por lo que de continuar así el proceso, en los siguientes días comenzará a presentar daño hepático, renal y circulatorio, lo que podría comprometer más su estado hemodinámico y en consecuencia su vida.

Al finalizar la conferencia, la profesora Isabel Varela, quien dio clase a Mario y del cual dijo sentirse orgullosa por su valentía y por su lucha de las causas justas, responsabilizó, en nombre de los ahí presentes, a “Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal; a José Narro Robles, rector de la UNAM, porque cinco días antes de su detención lo había amenazado a través de un documento presentado por el abogado general de la universidad; al procurador de Justicia del Distrito Federal por no procurar la justicia como debe ser su tarea; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que se ha hecho de la vista gorda y que nada ha hecho por Mario; a la magistrada de la quinta sala Celia Marín Sasaki; a la juez Marcela Ángeles Arrieta, y al director del Reclusorio Oriente, Ermilio Velázquez, quién contribuyó, a hacer la tortura más grande para Mario”.