AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.
Luego de ser vilipendiado por el PRI, obligado a renunciar a la dirección de Pemex y exhibido públicamente, Jesús Reyes Heroles vuelve a colarse en la arena política como uno de los cabilderos estrella de la reforma energética de Peña Nieto. Pero su historia no es muy limpia: no supo separar su vertiente pública de la privada. Aprovechando sus puestos en los anteriores sexenios, creó un consorcio que se enriqueció (y sigue haciéndolo) gracias al presupuesto, sobre todo el de la paraestatal petrolera.
Atrás quedaron los interrogatorios públicos a los cuales fue sometido por diputados para exigirle explicaciones sobre la presunta asignación irregular de contratos de Petróleos Mexicanos (organismo que dirigió entre 2006 y 2009), las acusaciones de obstrucción de la justicia por defender a Vicente Fox y a su esposa, las instrucciones de senadores para dar marcaje personal a las contrataciones de su gestión, las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en licitaciones millonarias de la paraestatal confeccionadas sobre medida, las demandas de senadores priistas de someterlo a juicio político por hacer de la función pública un negocio privado, los contratos para sus socios y clientes…
Apenas en la tercera semana del sexenio, el 21 de diciembre de 2012, el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) –integrante de Structura, consorcio de cabildeo, inversiones, fusión de negocios y relaciones públicas fundado por Reyes Heroles en 2002– obtuvo su primer contrato (el P-OS/058/2012CONVAMP) en la administración de Peña Nieto, vía Banobras, para “definir las variables para calificar la cartera crediticia de estados y municipios”.
A éste le siguió un segundo contrato (P-OS/026/2013) en febrero de 2013 para la obtención de información sobre dichas variables, todo por 320 mil pesos y adjudicación directa, según el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal.
Para mayo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asignó, mediante contratación por invitación a cuando menos tres personas, el contrato IO-0090009-88-N4-2013 para la elaboración de estudios complementarios del anteproyecto del Tren Transpeninsular Mérida-Punta Venado a los siguientes asociados:
ADHO Consultores (de Aarón Dichter, subsecretario de Transportes el sexenio pasado), Grupo Consultor Independiente (de Federico Torres Arroyo, quien fuera coordinador general de Programación Sectorial de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal), Sintra, Emartrons, EMC Consultoría en Proyectos Público-Privados (la cual asesoró a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la SCT) y GEA, que ya había trabajado a la cabeza de ADHO y EMC en otros estudios de factibilidad ferroviaria.
La asignación inicial fue de 63 millones de pesos, que poco después se ajustaron a casi 93.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1932, ya en circulación)
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