martes, 26 de noviembre de 2013

Insisten ONG en alerta de violencia de género para Guanajuato

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

LEÓN, Gto. (apro).- Son las dos caras de la moneda de la circunstancia que padecen las mujeres guanajuatenses: mientras el gobierno panista anuncia el endurecimiento de sanciones contra el feminicidio, activistas insisten en la declaratoria de alerta de violencia de género para la entidad

En la ceremonia oficial por el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Mujeres, el gobernador panista Miguel Márquez Márquez firmó la iniciativa de reforma para aumentar el castigo a quien cometa feminicidio, con lo que la máxima sanción por este delito pasará de 36 hasta 60 años de prisión.

Pero también en este día el Centro Las Libres lanzó una campaña digital para recabar firmas que apoyen la solicitud dirigida a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que en la entidad se declare alerta de violencia de género por los asesinatos violentos de mujeres, que a la fecha suman 67.

Además, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez elaboró y presentó hoy el informe Inefectividad del mecanismo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia en Guanajuato.

El reporte es un seguimiento documental y testimonial de mujeres que acudieron ante la PGJE a solicitar protección contra violencia de género y les fue negada, proporcionada fuera de tiempo o notificada semanas después del plazo estipulado por la ley.

En el acto oficial realizado en Irapuato, el gobernador argumentó que la reforma al artículo 153-a del Código Penal “es un mensaje claro a aquellos que están atentando contra las mujeres y contra su vida, por eso estamos incrementando de manera drástica la sanción para el tipo penal de feminicidio”.

Lo anterior significa, acotó, “que Guanajuato se ubicará entre los cinco estados con penas más severas”, dijo Márquez Márquez al firmar esta iniciativa junto con representantes de los poderes Judicial y Legislativo.

“Debemos reconocer que seguimos en deuda con las mujeres, pero estamos poniendo alma, vida corazón, pero también presupuesto. No es un discurso más, no es un evento más”, señaló el gobernador.

También dio a conocer que en el paquete presupuestal previsto para el año próximo se prevé un incremento del 29% al presupuesto del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug).

Luego dijo que su gobierno pretende disponer de 12 millones de pesos para un centro itinerante a mujeres víctimas de violencia, con lo que el presupuesto para este proyecto aumentaría en mil por ciento.

La alerta, la negligencia

El Centro Las Libres promovió una nueva solicitud –la segunda en el año– para que el gobierno federal declare la alerta de género ante los más de 60 homicidios violentos de mujeres, una tercera parte de los cuales fueron cometidos por sus parejas o exparejas.

Por ello, el día de hoy lanzó a través de las redes sociales una campaña para recabar firmas de apoyo a esta declaratoria por parte de la ciudadanía, por medio de change.org, misma en la que incluyó los nombres de la mayoría de las víctimas de feminicidio en lo que va del año en la entidad, y mediante la página de Facebook Alerta género Guanajuato.

Por su parte, el Centro de DH Victoria Díez elaboró un estudio de seguimiento para la aplicación de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, previstas en la ley estatal en la materia, en el que concluyó que dicho mecanismo es inefectivo para asegurar la vida de las mujeres y presentó varias sugerencias dirigidas a la PGJE para mejorar su implementación.

Hasta la fecha, desde que entró en vigor la ley estatal, la Procuraduría ha emitido unas 280 órdenes de protección, aunque la cifra precisa y todos los datos relativos a éstas no han sido divulgados por la dependencia, que tampoco reporta el número de denuncias interpuestas en el primer año del actual gobierno.

Las órdenes de protección son un mecanismo urgente y preventivo, y compete girarlas a las agencias del ministerio público en un plazo máximo de ocho horas para prohibir al agresor acercarse al domicilio o lugar de estudio o trabajo; depositar a la víctima y/o sus hijos en un refugio del estado, o la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor.

Sin embargo, en la práctica, el Centro Victoria Díez se encontró con que personal de las agencias del MP desconoce la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que hay omisiones y fallas desde que una víctima acude a pedir la medida.

“Las principales causas de la inefectividad de este recurso legal deriva de la conducta que tiene el MP, sea por acción o comisión”, señala el informe, que detalla que la PGJE no pudo informar si alguna de las mujeres asesinadas en lo que va del año solicitó previamente una orden de protección.

La ONG se encontró además con que en varios casos el MP pidió a la víctima presentar pruebas de que era necesario que se le otorgara la medida de protección, porque su dicho no era suficiente; se negó a proporcionar copias de la resolución en la que negó alguna orden de protección solicitada por una mujer víctima de violencia, y en otros casos, notificó de la medida hasta 40 días después de que ésta fue requerida.

“Los resultados de este acompañamiento nos permiten afirmar rotundamente que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, a través de sus agencias del MP, no mueve un dedo para contribuir en la prevención de la violencia contra las mujeres si su Código Penal no lo señala… trabaja en una lógica tradicional y obsoleta”. Hay una evidente inaplicación de la ley en la materia por parte del MP, acusó.

Por ello, exigió al Estado clarificar al personal de la PGJE los requisitos para la presentación de las solicitudes; vigilar que no se exija a las víctimas que sean ellas quienes presenten elementos de prueba –algo que no es requerido por la ley–, así como diseñar un protocolo para aplicar las órdenes de protección.

Asimismo, disponer de un banco de datos sobre esta medida para evaluar su funcionamiento; garantizar la coordinación con las otras instancias encargadas de atender estos casos, y un protocolo de actuación policial, además de difundir adecuadamente este mecanismo para que las víctimas lo conozcan y puedan utilizarlo para salvaguardar sus vidas.