AUTOR: KARINA AVLÉS.
Entre ellos se encuentran el ex secretario de Finanzas, el ex edil de Villahermosa y seis ex integrantes del gobierno estatal.
El área jurídica de la SFP denunció penalmente a los siguientes ex servidores públicos: Del gobierno de Tabasco, al secretario de Administración y Finanzas, el secretario de Asentamientos y Obras Públicas, y el secretario de la Contraloría.
Del Conavi: el director General; el subdirector General de Fomento de Suelo para la Vivienda y Enlace con los estados y municipios y como subdirector general de Política de Vivienda y Esquemas Financieros; así como a dos coordinadores generales de Asuntos Jurídicos.
Del Invitab: al director general y a su sucesora; al secretario de Asentamientos y Obras Públicas y presidente del Consejo de Administración; al subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y primer vocal del Consejo de Administración del Invitab. Además del ex presidente municipal del ayuntamiento de Centro de Tabasco.
Lo anterior, como resultado de una investigación en la que se acreditó que la Conavi y autoridades del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), suscribieron un convenio de colaboración el 14 de diciembre de 2007, para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, con el propósito de resarcir los daños ocasionados a habitantes de 17 municipios de la entidad, debido a las inundaciones registradas en octubre de aquel año.
Para tal efecto, se acordó que la Conavi aportaría 350 millones de pesos y el estado agregaría 38.5 millones de pesos. A 10 días de haberse firmado el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la secretaría de Finanzas estatal, la cual a su vez, canalizó los recursos al Invitab, hasta agosto de 2008.
Cabe señalar que, el Invitab con autorización de su Consejo de Administración, adquirió 5 terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas.
Posteriormente, indicó la SFP, el propio Invitab solicitó al comité de Obra Pública federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los 5 predios adquiridos. Dicho organismo federal se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, organismo que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago.
De esta forma, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente, mediante el cual la inmobiliaria se comprometía finalmente a construir solamente mil 338 viviendas.
En 2011, al no haberse cumplido el convenio original, los funcionarios involucrados, tanto federales como estatales, signaron un nuevo documento de transacción, para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, pese a que en enero del mismo año, la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los recursos federales y sus cargas financieras.
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