En entrevista también participó la docta Ana Laura Magalon, quien dijo no tener muchas expectativas ni de la justicia federal ni local, pues, el sistema de justicia es experto en fabricar culpables.
En entrevista con Aristegui CNN, el jurista y la doctora Ana Laura Magaloni hablaron de la película que enfrenta demandas por alrededor de 3,000 millones de pesos.
Carbonell consideró importante hacer la diferencia respecto a los dos procesos abiertos, uno frente a autoridades judiciales federales, ya que si el tribunal ratifica la demanda contra los creadores del documental, Roberto Hernández y Layda Negrete, sería muy negativo porque puede generar censura, considera el investigador Miguel Carbonell.
La decisión de la jueza de ratificar el amparo al testigo que demanda “sería muy negativo” y aconsejaría llevar “el caso al Sistema Interamericano, porque en la Corte Interamericana nos revientan esta resolución sin género a alguna duda, pero en lo que se resuelve abrirían una puerta para que gobernación agarrara la facultad, obligación, de entrar a revisar este tipo de contenidos audiovisuales”.
“Uno de los testigos del testigo principal de cargo que sirvió para acusar a Antonio Zúñiga de haber cometido homicidio, sintió que su imagen se afectaba por salir en la película, narra que recibió insultos en la calle, que lo menosprecian, etc. y entonces le pide a RTC (órgano de la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal) que le retire el permiso de comercialización, distribución y exhibición del documental”, dijo.
Señaló que lo que va a resolver el Tribunal colegiado de Morelia es si se reconoce la facultad de RTC para decir, “toda vez que esta película, documental, cortometraje, sale un señor que pudiera sentirse aludido, menospreciado, yo no doy el permiso, eso aquí y en China se llama censura previa y eso no se puede dar en un estado democrático porque viola todos los tratados internacionales de derechos humanos, yo estimo que el colegiado será sensato en aplicar y reconocer, además hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana en reconocer esto”.
Relató que durante la audiencia se tendrá un órgano instalado dentro de la Secretaría de Gobernación que iría viendo cuadro por cuadro la película “para que un burócrata dijera esto si se puede y esto no se puede, o sea regresaríamos en la historia unos 50 años por lo menos”.
Refirió que la película a la tercera semana la pararon, “una juez federal en el DF que se llama Blanca Lobo, que llevo a un colegiado, el colegiado revocó esto, se siguió exhibiendo y ahora está en otro colegiado que tendrá que dar su punto de vista. Esto es ante la justicia federal”.
Carbonell consideró que ante la justicia del Distrito Federal dicho dato es muy significativo “porque es, quien fue exhibido en cuanto a las fallas, en cuanto a la falta de complemento del debido proceso, está conociendo ahora un juzgado en el DF, una demanda por daño moral y están reclamando, diversas personas que salen, fundamentalmente un policía judicial que sale mal retratado y este mismo señor Víctor,3,000 millones de pesos de indemnización por lo que ellos piensan que fue una vulneración a su honor, esto es en los tribunales del fuero común.
La Ley de Protección al Honor del Distrito Federal y que fija topes indemnizatorios para este tipo de demandas resarcitorias en aproximadamente 32,000 pesos como tope”.
Por su parte, la doctora Ana Laura Magaloni, quien aparece en los créditos del documental, narró:
“La idea central del documental fue de Roberto (Hernández) y Layda (Negrete), yo les ayude a conseguir algo de dinero pero la idea más importante era retratar el sistema de justicia.
Hasta que no podamos decirle al ciudadano como funciona eso y que tan mal está, va a ser difícil sentar un contexto idóneo para su razón. Parecía que el sistema de justicia es un todo monolítico cerrado, nadie entendía muy bien pero que no sabíamos dónde estaban las fallas y creo que el documental retrata extraordinariamente donde están las principales fallas del sistema de justicia colapsado, incapaz de impartir justicia, incapaz de dar seguridad al ciudadano.
Entonces creo que la relevancia de esto es que por primera vez se centra en una agenda publica mucho más amplia que el debate entre abogados o en el Legislativo, es un documental que informa de forma muy prudente a los ciudadanos y la segunda cosa que hace muy bien el documental es que en el sexenio de Calderón se podía hablar fácilmente de las víctimas pero era muy difícil hablar de los responsables y Presunto Culpable por primera vez colocó a todos los mexicanos en el lugar de los acusados y todos deseando que lo liberaran, porque eso fue un juicio totalmente injusto y quizá a partir de eso podemos ver de otra manera que el sistema de justicia es experto en fabricar culpables y creo que esa es la relevancia tanto en el momento que estábamos viviendo en el sexenio de Calderón, hasta el momento en que en México se está tratando de llegar a un proceso de reforma a la justicia penal que no acaba de caminar en los lugares correctos”.
Respecto a su expectativa del fallo del tribunal, dijo: “El meollo del asunto es la creatividad de los jueces para inventar demandas donde no hay, para dar suspensiones cuando era imposible para darles facultades a la RTC, tiene que ver con que los que están juzgando son los que se sienten más ofendidos, o sea que no tienes a un juez imparcial y no hay juez que de verdad este juzgando los méritos del caso y ya de entrada se sienten ofendidos y lo que me han contado Roberto y Layda es que al llegar a la audiencia la juez los regaña y les dice: se pasaron tremendamente en Presunto Culpable.
Pues ya ahí te están juzgando cuando te dicen que te pasaste yo creo que ya tomo una posición más bien motivada por su posición personal que por su experiencia en impartir justicia.
Yo no tengo muchas expectativas ni de la justicia federal ni de la justicia local ya que todos los jueces se sienten ofendidos y mi diagnóstico es que van a llegar hasta la Corte y creo que ahí puede haber una mejor lupa para tratar de proteger la libertad de expresión y en el fondo del problema lo que está tratando de hacer estos litigios. El derecho al honor vs la libertad de expresión, creo que los precedentes de la Corte dan para que este caso quede englobado pero no serán los jueces de abajo quienes las apliquen y que va a tardar tal vez dos años para que estemos al nivel de la Suprema Corte, mientras tanto me parece que este será otro ejemplo de como funciona la justicia en México.
No solo Presunto Culpable puso en los reflectores la justicia penal, ahora vamos a ver que pueden hacer los jueces para vengarse de quienes está haciendo un trabajo espléndido de periodismo y con un discurso que incomodó a los jueces que son incapaces de distanciarse de eso cuando están juzgando”.
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