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El pasado 4 de noviembre, ante el recrudecimiento de la violencia en la zona, elementos de la Policía Militar tomaron el control de la seguridad del puerto Lázaro Cárdenas, y de las principales oficinas del gobierno local y federal que operan en ese municipio. Ese punto es considerado “la mina de oro” del Cártel de Los Caballeros Templarios.
Sin embargo, las demandas de civiles en contra de los abusos de la Policía Militar comienzan a fluir.
La mujer agraviada, que por razones de seguridad pidió a Provincia no revelar su nombre, afirma que el militar que la ultrajó la amenazó con matarla a ella y a su hijo, de tan sólo seis meses de edad, si contaba algo de lo sucedido a las autoridades ministeriales.
El suceso se registró el pasado 25 de noviembre, justo en el “Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer”. El examen legal practicado a la ofendida dio positivo para violación y diversos traumatismos en el cuerpo, según fuentes cercanas a la Subprocuraduría Regional de Lázaro Cárdenas.
Las dos muchachas se presentaron ante la fiscalía y denunciaron los hechos. Una de ellas narró que se encontraba dormida en su domicilio, en la colonia Puente de la Vía a espaldas de la antena de Radio Horizonte. De pronto ingresaron de forma violenta varios soldados de la Policía Militar (PM), uno de los cuales le mencionó que iba al mando.
Tras discutir por supuestas acusaciones de la ofendida, el militar ordenó a los uniformados que le subieran la blusa y el sostén, que le quitaran su ropa y después le dio toques eléctricos con un aparato en la espalda y en los glúteos.
La declarante puntualizó que después de un rato, el “mando” le ordenó a otro soldado que la desnudara completamente y enseguida les dijo a todos que se salieran, para quedarse solo con la agraviada.
Más tarde abusó sexualmente de ella en dos ocasiones, según lo dicho por la ofendida, y luego la amenazó con matarla a ella y su hijo si lo denunciaba.
“Te tengo ubicada a ti y a tu familia, si nos damos cuenta o si dices algo, vamos a venir por ti y te vamos a matar para luego aventarte a los cocodrilos”, le dijo.
Según la versión de la afectada, el militar y supuesto violador fotografió a la joven con paquetes de marihuana: “¿Sabes qué es esto?”, le preguntó, y la muchacha le contestó: “No”, a lo que él respondió: “Son de 30 a 40 años de prisión si dices algo”.
En otra parte de la vivienda una amiga de la primera joven también era torturada. Denunció haber recibido varios choques eléctricos en su espalda desnuda y haber sido cacheteada.
“Les dije que estaba embarazada y uno de ellos se portó amable, me dijo: ‘todo va a estar bien’. Después de eso me tomaron fotografías y me subieron a una patrulla color azul, con una franja roja”. La unidad era la número 05230 de la Policía Municipal, lo que quedó registrado en una fotografía que tomó uno de los vecinos.
Tras haber abusado sexualmente de la agraviada, el “mando” salió de la casa y se dirigió hasta donde estaba la otra mujer, con quien platicó.
“Me comentó que él ganaba 22 mil pesos al mes, que nos viéramos después para que le presentara a más amigas y yo le dije que no tenía más conocidas”, refirió la ofendida.
Posteriormente, para las 10 de la mañana del pasado lunes 25, los policías militares regresaron a la residencia: “El ‘mando’ nos ofreció 50 mil pesos para que retiráramos la demanda y nos dijo que si no lo hacíamos a él le iba a ir muy mal y que antes de que eso pasara iba a desertar”.
Un reportero del diario Provincia llegó al sitio, donde grabó y fotografió al oficial y supuesto abusador quien salió corriendo de la zona.
Las denuncias penales de las víctimas fueron presentadas ante la Subprocuraduría Regional de Justicia de Lázaro Cárdenas, donde contactos al interior corroboraron que el examen legal sexual practicado a la agraviada dio positivo.
El delito de violación es considerado como grave en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del Artículo 493. Por tratarse de un delito cometido por un militar en perjuicio de un civil, el caso deberá ser juzgado por los tribunales del fuero ordinario o civil de acuerdo con lo establecido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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