AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Ahora el Juez será juzgado por abuso de autoridad. La abogada que fue corrida de una audiencia oral presenta una queja contra Juan Manuel Sánchez Rodríguez.
El funcionario judicial tendrá que explicar ante el Consejo de la Judicatura del Estado su polémico comportamiento en una audiencia donde expulsó a la abogada regiomontana Mariana Elizondo.
El Juez fue denunciado por abuso de autoridad por la litigante, quien el pasado 24 de octubre fue desalojada de una audiencia que era presidida por este juzgador con un historial negro en el Poder Judicial de Nuevo León.
Reporte Indigo tuvo acceso al recurso de queja presentado hace dos semanas ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Gustavo Adolfo Guerrero.
En la denuncia se acusa al Juez estatal de haber actuado de manera abusiva, discriminatoria y excesiva en contra de la litigante.
El escrito está firmado por la litigante Mariana Elizondo, socia del despacho Estudio Legal Abogados, ubicado en San Pedro Garza García.
“Se solicita que se ordene el inicio de una investigación exhaustiva, respecto al comportamiento, proceder y aplicación del Juez de Control de mérito, ante la audiencia aquí invocada, atento a su intervención abusiva, discriminatoria, excesiva y humillante y aberrante al que fui sujeta por parte de éste”, señala la denuncia.
Reporte Indigo publicó ayer que la implementación de la reforma penal en Nuevo León estaba siendo boicoteada por jueces del Poder Judicial.
Un video revela cómo un Juez de Control –figura que se creó para garantizar los derechos de los actores en el proceso- reprende de manera excesiva a una abogada e incluso ordena su desalojo de una audiencia oral.
¿El motivo?
La abogada se atrevió a presentar, como asesora legal de una víctima de violencia familiar, el primer recurso de queja del que se tiene conocimiento en contra del Ministerio Público en Nuevo León, por inactividad en la investigación.
En su recurso de queja la abogada acusa al Juez Sánchez Rodríguez de violar la Ley General de Víctimas, que establece que la parte ofendida puede coadyuvar con el Ministerio Público, ser representadas por un asesor jurídico en la investigación e impugnar a la autoridad por las omisiones.
La queja también se presentó en contra de Esaú Manzano González, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Cuatro, Especializada en Justicia Familiar en Monterrey.
La abogada explica en su denuncia que los artículos que citó el agente del Ministerio Público - y que el Juez hizo como suyos- no le aplican a ella por su carácter de coadyuvante del Ministerio Público.
“Ninguno de ellos aplica para la representación de la víctima u ofendido, a decir, son supuestos estrictamente aplicables a la defensa del imputado, lo que denota un franco desconocimiento de las leyes por parte de la representación social”, aclara el escrito.
“Es una tergiversación que fue tolerada por el Juez de Control, ya que contrario en cuestionar su proceder, impulsó esa ambigüedad exigiéndome le acreditara ´en términos de ley´ mi autorización como coadyuvante”.
La abogada solicita también que el Consejo de la Judicatura del Estado ordene la suspensión de la instrucción emitida por el Juez Tercero de Control del Estado, con respecto a la anotación en los libros del Tribunal Superior de Justicia, de la amonestación formal que le hizo el Juez Tercero de Control durante la audiencia.
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