miércoles, 20 de noviembre de 2013

Caso “pelotón de la muerte”: la Sedena encubre a Calderón y Galván

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Militares del llamado “pelotón de la muerte” –presos por los presuntos excesos que cometieron durante el Operativo Chihuahua en el sexenio pasado– insisten en que sólo recibieron las órdenes transmitidas por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, quien habló en nombre del presidente Felipe Calderón. El abogado del teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez dice que cuando ha pedido la comparecencia de ambos exfuncionarios, las autoridades castrenses y las federales lo bloquean.

MÉXICO, D.F. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.

Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte” que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por Felipe Calderón.

La justicia federal se opone a que el expresidente sea citado; la Sedena, a que comparezcan su extitular, el general Guillermo Galván, y otros mandos del Ejército responsables de ese operativo, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido la defensa de los inculpados.

Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.

La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.

Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca; Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; y Erick Campos Valenzuela, El Campitos (Proceso 1889 y 1914).

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1933 de la revista Proceso, actualmente en circulación.