AUTOR: VALENTINA PÉREZ BOTERO.
Ser periodista en México no es fácil. Desde 2000 hasta la fecha han asesinado y desaparecido a más de 150 reporteros por su labor documentalista. Sin embargo, había entidades donde existían más condiciones de seguridad que otras. Tal era el caso de la Ciudad de México, donde el trabajo del comunicador era relativamente más sencillo que en el resto del país… hasta 2012, cuando se combinó el factor Enrique Peña Nieto con la administración de Miguel Ángel Mancera, quien ya probó que ser periodista en sus tiempos es un reto complicado.
Desde el 1 de diciembre de 2012, el modo de hacer periodismo cambió en la capital del país. Mientras provincia se incendiaba con la corrosión del crimen organizado que asesinaba periodistas, desde hace ocho años la Ciudad de México se destacó por ser el lugar más seguro para los comunicadores. A diferencia del Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, en el DF había condiciones para hacer el trabajo con relativa seguridad.
Pero la llegada de Miguel Ángel Mancera a la primera magistratura capitalina cambió todo.
Organizaciones de derechos humanos y en defensa de la libertad de expresión han denunciado una escalada en los operativos de seguridad desplegados por la fuerza pública durante las manifestaciones en la capital mexicana, que han derivado en detenciones arbitrarias y exceso de violencia por parte de los cuerpos policiacos.
Entre los detenidos, para sorpresa general, se han encontrado periodistas –uno de los últimos casos, el 1 de septiembre de este año, fue el del fotógrafo Gustavo Ruiz–, lo que ha llevado a muchos activistas y reporteros a preguntarse: ¿son los periodistas una víctima más o un objetivo?
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), se trata de un blanco deliberado que tiene la administración del actual jefe de gobierno, un hombre a quienes sus detractores gustan de llamar “policía Mancera” por su pasado como procurador de justicia.
“La lógica de los gobiernos es una lógica de guerra y, en este contexto, los medios de comunicación son un objetivo militar”, señaló en entrevista.
La detención de Gustavo Ruiz no fue la primera de un periodista arrestado mientras realizaba su labor documental. Acaso, el mayor delito de Gustavo fue no estar respaldado por un gran medio de comunicación masivo, pues él pertenece a la agencia de noticias independiente Subversiones, considerada como un medio alternativo.
No fue el primero, pero su caso sí fue de los más escandalosos: vía Facebook y Twitter, los usuarios de redes sociales arreciaron sus críticas al gobierno capitalino cuando se filtró una foto en la que lucía el periodista esposado. Alguien, haciendo un ejercicio de memoria, sumó a esa fotografía una instantánea de la agencia Reuters en la que aparecía el gran capo de la droga, el “Z-40”, detenido pero sin esposar.
La imagen esa poderosa: el fotoperiodista en los tiempos de Mancera era tratado peor que el sanguinario líder del grupo criminal Los Zetas.
Parecía que, con la salida de Gustavo, el fantasma de las agresiones a prensa quedaba disipado, pero a las semanas el calendario llegó hasta el 2 de octubre y aquello que parecía una excepción se confirmó como regla: durante la marcha 45 de conmemoración anual de la matanza estudiantil de 1968, 35 periodistas fueron agredidos por las fuerzas policiales, aunque iban plenamente identificados como miembros de medios de comunicación.
Los golpearon, patearon, jalaron, detuvieron y luego dejaron en libertad. Les aventaron escudos, gases lacrimógenos, chorros de agua que pegan como macanazos, algunas reporteras incluso fueron agredidas con cascos de la policía.
Aquello había llegado al extremo, por lo que el 3 de octubre un grupo de periodistas agredidos se juntaron para hacer lo que nunca antes se había visto desde que el PRI abandonó las riendas de la ciudad y las tomó el PRD.
Fue durante dos días –con mañanas, tardes, noches y madrugadas incluidas– que todos trabajaron en un departamento en el centro de la capital. Algunos ni se conocían, otros ya eran viejos amigos desde varios años. Lo que sí tenían en común es que llevaban las agresiones de la policía capitalina en la piel y la determinación de no callarse ni un día más.
Trabajaron sin descanso durante 48 horas, alternando trabajo en la agenda propia y luego regresando a ese departamento, donde montaron un fondo negro y se dieron turnos para hablar frente a la cámara y exigir un alto a Ahí estaban Pepe Jiménez, fotógrafo independiente; Quetzalli González, fotorreportera de Excélsior; Alfredo Estrella, fotorreportero de la Agencia France Press; Daniel Villa, fotorreportero; Consuelo Pagana, fotorreportera independiente y más.
“En nuestra labor informativa, más de 50 periodistas –entre ellos fotorreporteros, reporteros y camarógrafos– fuimos agredidos, en su mayoría, por policías uniformados, por policías vestidos de civil y personas con el rostro cubierto.
“Este es el último capítulo de una escalada de violencia y represión en las protestas sociales. Estamos frente a una acción recurrente. Los periodistas, documentalistas, manifestantes y defensores de derechos humanos son agredidos por registrar las marchas con sus cámaras y celulares”, dice el guión.
La relación, anunciaba el video, estaba fracturada.
Ricardo González, director de protección global de Artículo 19, apunta hacia la misma dirección: “No son incidentales las agresiones a la prensa”, explica al referir que documentar las marchas –aunque de manera elemental sirva como garantía mutua de granaderos y manifestantes– se ha convertido en una actividad penada por la policía: destruyen cámaras, agreden a quienes las usan y exigen no grabar.
¿Cuál es la gravedad de las agresiones? Ricardo González dice, con preocupación, que el contexto en el que se producen provoca la violación a tres derechos fundamentales para una democracia: la libertad de expresión, la libre asociación, y el derecho a manifestarse.
El aumento de las agresiones es proporcional al incremento en el riesgo. Cada vez es más peligroso asistir a una manifestación. No hay garantías.
”Se ha aumentado el círculo de vulnerabilidad”, resalta González. “De afectar a manifestantes, se ha pasado a agredir a periodistas e, incluso, a defensores de derechos humanos que monitorean las marchas”.
¿Qué ha cambiado en los actores? Los tres especialistas coinciden en una falta de preparación de la fuerza pública. Policías poco entrenados, con huecos en los protocolos y sin una cadena de mando efectiva. La falta de entrenamiento resulta, de acuerdo con González, en una especie de cheque en blanco para los granaderos: actúan sin consecuencias, pues el granadero que fue filmado el 2 de octubre, cuando se quitó su casco para golpear a los manifestantes, ya está en libertad.
“Es una situación inaceptable”, dice el presidente de la Limeddh y encuentra eco en las denuncias de Ricardo González. “Hay una falta evidente de entrenamiento que se suple con el número de efectivos, incluso, con policías bancarios que no tienen ninguna noción de control de multitudes”.
Para Artículo 19, la libertad de información y expresión vive en México una atemporalidad en su censura: persisten los mecanismos más rudimentarios de represión como agresiones en las marchas, asesinatos y golpes; con violaciones más sutiles como a través de las pautas publicitarias.
En suma: el anacronismo de los violadores a los derechos fundamentales.
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