AUTOR: DANIELA SANTOYO.
Detenido a los 14 años de edad y declarado culpable del homicidio y tortura de cuatro personas, secuestro de otras tres y posesión de armas exclusivas del Ejército, Jiménez está a 8 semanas de recuperar su libertad. No obstante, en los últimos dos años, 12 adolescentes han sido asesinados tras pagar su condena, al parecer por el crimen organizado.
La presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virginia Pérez Güemes y Ocampo, ha asegurado que este fenómeno puede continuar si el gobierno no toma medidas preventivas, y ha propuesto que el Estado ofrezca una residencia a jóvenes que terminaron su sentencia en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes (Cempla) para que puedan retomar su vida en libertad con seguridad.
“Morelos no tiene ningún albergue destinado a menores en conflicto con la ley penal. El DIF cuenta con albergues, pero no conviene mezclar a estos jóvenes, porque no se puede aplicar el mismo trato a niños que son huérfanos o han sufrido maltrato familiar que a niños que están involucrados con organizaciones criminales”. La presidente informó que la mayoría de esos jóvenes habían sido sentenciados por conductas ligadas al narcotráfico.
La magistrada considera urgente que el gobierno estatal diseñe políticas públicas que ayuden a proteger la vida de estos adolescentes, que generalmente quedan en desamparo al salir de prisión. “Son jóvenes en un estado vulnerable: de muy escasos recursos económicos, con poco apoyo familiar, con apenas instrucción y que no cuentan con ingresos económicos suficientes como para poder apartarse de las conductas delictivas, por lo que son frecuentemente acosados por las células criminales”, explica Pérez Güemes en entrevista con el diario El País.
Sobre “El Ponchis”, la presidente del TUJA asegura que su “historial de abandono tras abandono desde el momento del parto justifica su integración a las células del crimen organizado”. El joven solicitó cumplir el final de su condena en Estados Unidos, donde se encuentra su madre, pero las autoridades norteamericanas nunca dieron respuesta.
“Aunque su caso saltó a los medios por la forma en que fue detenido, hay otros muy similares al suyo, algunos de delitos del fuero común igualmente impactantes y otros de jóvenes implicados también con células criminales”, explicó Pérez Güemes. Como él, otros 65 adolescentes cumplen sanción en el Cempla por delitos contra la salud, lo que supone más de la mitad de los 120 internos.
“El niño sicario” fue declarado culpable por el juez José Luis Jaimes Olmos, del TUJA. En su momento, los peritos determinaron que fue él quien materialmente decapitó, torturó y ejecutó a sus víctimas, además de las 42 personas que rindieron testimonio. Su condena fue la más grande que prevé la legislación de Morelos contra adolescentes criminales.
Por seguridad, no se conoce públicamente el día en que será liberado. Pérez Güemes menciona que han sido tres años de sanción, terapia psicológica e instrucción académica en los que “Edgar ha aprendido a leer y escribir”. Además, de acuerdo con la funcionaria, ahora se sabe que la terapia es la única forma de protegerse y es “tan consciente” de su situación que pide a la familia que no vaya a visitarle para “no ponerla en peligro”.
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