AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Pese a que las leyes federales establecen el delito de feminicidio, algunos gobiernos estatales, como el de Guanajuato –de derecha, tradicionalmente sumiso a los dictados de la Iglesia y donde rige una ley hecha a modo por el anterior gobierno–, se resisten a utilizar ese término. Este año al menos 62 guanajuatenses han sido asesinadas y las autoridades del estado sólo han aceptado clasificar seis de los casos como feminicidios. Los homicidas, si los aprehenden, se hacen acreedores a penas ridículas: aparentemente matar a la pareja no es delito grave.
El cuerpo calcinado de Juana Mena, una joven irapuatense de 16 años, fue encontrado el 9 de enero en un lote baldío, 11 días después de ser reportada desaparecida. Dos supuestos amigos suyos la quemaron. Uno fue detenido.
El 27 de enero Jéssica González fue rociada por su esposo Ricardo Frausto Ávalos con un líquido inflamable. Le prendió fuego. Tras quemarla, Ricardo se vació el solvente encima y murió días después por las quemaduras. La pareja vivía en León y tenía una hija de tres años.
A sus 17 años la estudiante Irán Eunice Cortés quedó embarazada de su novio, Sergio Eduardo Zata, quien pagó 20 mil pesos a tres amigos para fingir su secuestro. La estrangularon el 3 de febrero para evitar que se supiera su estado, aunque él ya le había prometido matrimonio. Tiraron su cuerpo en un canal de riego. Dos de los responsables fueron detenidos. Uno recibió una sentencia de 20 años y seis meses. Sergio Eduardo sigue prófugo.
María Isabel Fuentes Medina desapareció el 5 de marzo de su casa en Celaya. Sus familiares reportaron su desaparición y añadieron un dato: el maltrato constante que recibía de su esposo Néstor Beltrán. Cinco días después fue encontrada, asfixiada, en un camino de terracería. El marido fue detenido. Este fue el primer caso clasificado como feminicidio por la Procuraduría de Justicia de Guanajuato este año.
Estas son las historias de cinco de las 20 niñas y mujeres asesinadas por sus parejas, hijos, amigos o padrastros de enero a octubre de 2013. Cinco de las 62 mujeres cuyas muertes violentas han sido conocidas públicamente en éste, el año más cruento –“en datos numéricos y en brutalidad y saña”– en más de una década, según registros de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Son los casos del Centro Las Libres y del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, que desde 2000 hacen un trabajo de seguimiento, documentación, acompañamiento y defensa contra violaciones a los derechos humanos de las guanajuatenses y mantienen una postura de denuncia ante lo que califican de “violencia institucional” del estado y sus servidores.
“Es la impunidad. No atender la violencia, no prevenirla; pero sobre todo no sancionarla. Porque el mensaje es que puedes violentar a las mujeres y si las violentas, no habrá castigo”, dice a Proceso Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1930, ya en circulación)
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