El diputado Fernando Cuellar asegura que tiene documentos oficiales que lo deslindan del fraude procesal en el caso de divorcio ente Juan Carlos Beltrán Cordero y Laura Campuzano
Esa fue la conclusión de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sobre el supuesto préstamo entre el diputado federal perredista, Fernando Cuellar y Juan Carlos Beltrán Cordero, exasambleista del DF.
El caso se dio por concluido luego de una serie de peritajes y declaraciones de los involucrados. Cuellar insiste en que tiene todo un expediente y documentos oficiales que lo deslindan de ese fraude procesal en el caso de divorcio ente Beltrán Cordero y Laura Campuzano.
“Yo lo que quiero es deslindar la parte legal, que es la parte que como servidores públicos nos puede afectar. Yo he hecho las cosas correctamente.
“Yo lo que siempre hice fue demostrar que nunca me he prestado para dañar a un tercero”, dijo.
>¿El expediente en que se le involucra es real?
Sí. Totalmente.
>¿Se intentó involucrarlo?
“Es correcto. Se intentó utilizar mi nombre, mi firma, en un documento que hablaba de que se me debían 2 millones de pesos. Cosa que fue denunciada penalmente por su servidor, se hicieron las pruebas periciales y se deslindo mi responsabilidad”.
Sobre su amistad con el exdiputado local por Iztapalapa evita hacer comentarios.
Y si se le insiste es categórico: “En la política no existe amistad. Son coyunturas”.
Reitera que hubo un proceso legal y científico para poder asegurar que no tuvo participación, complicidad ni encubrimiento.
“Hay un proceso que yo llevé en la Procuraduría, en donde incluso fui sometido a pruebas de escritura realizadas por peritos, se me hicieron todas estas pruebas como a cualquier ciudadano. Porque yo metí un denuncia porque se me involucraba con mi firma en un acto que no fue consentido por mi.
“Este proceso se llevó todo en la Procuraduría, pasó toda la parte pericial y al final se me deslinda. Yo tengo el documento en el que claramente se me deslinda en términos de que no corresponde mi firma y mi tipo de escritura”.
Cuellar detalla que conoce a Beltrán Cordero desde hace 30 años. Pero hoy en día solo llevan una relación de respeto.
“Es un asunto cerrado. Yo evidentemente sí conozco a Juan Carlos. Es una persona que conozco de muchos años, el refiere en una entrevista que le hacen que yo soy su mejor amigo, pero pues esos son momentos en la vida. Actualmente no tenemos una relación personal y directa. Yo no quiero hablar de temas personales”, insiste.
Reporte Indigo publicó ayer que Juan Carlos Beltrán Cordero ha logrado torcer la Ley a su favor en su juicio de divorcio como lo han hecho otros políticos de diferentes partidos.
Teniendo la balanza a su favor ha logrado, a pesar de que se le descubrió un fraude procesal, evitar pisar la cárcel. Su exesposa argumenta que es debido a las relaciones políticas y su cercanía con líderes del PRD como Carlos Navarrete Ruiz, como ha logrado evitar que se le aplique la justicia.
Y es que el Ministerio Público, Ángel Hernández Manzo, ejercitó la acción en contra del exdiputado local porque se descubrió que hizo un fraude procesal fingiendo una deuda de 2 millones de pesos con el legislador federal Fernando Cuellar.
Pretendió pagar con un departamento que era parte del convenio de divorcio con se exesposa.
En el expediente del caso se encuentra la declaración de Beltrán Cordero en donde acepta la deuda, pero se declara insolvente y por eso la necesidad de embargar el inmueble.
Al realizar las autoridades una investigación exhaustiva del caso descubrieron la firma falsa del presunto prestamista y se consagró el fraude procesal porque el que se ejercitó la acción penal el 23 de noviembre del 2012, pero la juez Décimo Octavo Penal, Margarita Bastida, no quiso cumplirla.
Actualmente Beltrán Cordero trabaja en la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal como director de Estudios y Estadística del Trabajo.
Fraude procesal
Código Penal del Distrito Federal
Artículo 310.- Al que para obtener un beneficio indebido para si o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a un error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la Ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa.
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