AUTOR: Záyin Dáleth Villavicencio.
Los delitos por los que se acusa a quienes continúan detenidos en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz, y en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “Lic. David Franco Rodríguez” de Morelia, son, entre otros, portación y acopio de arma de fuego, secuestro y robo calificado.
No obstante, “estas acusaciones, se han ido desvirtuando porque se ha logrado demostrar que no son delincuentes como los calificaron desde un principio”, advirtió Verónica Bedolla, representante legal de la comunidad.
Y es que, de casi medio centenar de guardias comunitarios que las autoridades federales sustrajeron de Aquila, 21 enfrentan cargos graves que les impedirán afrontar su proceso en libertad, manifestó la defensora.
Todo, porque el miércoles 14 de agosto, el pueblo de San Miguel de Aquila recibió, por segunda ocasión en menos de dos meses, la incursión de elementos del Ejército Mexicano y distintas fuerzas de seguridad estatales y federales.
Entonces, con la orden de detener al líder de la guardia comunitaria, Agustín Villanueva, el Estado consignó a 45 comuneros por un móvil con tintes políticos y económicos, ligados a sus recursos naturales y a la sobreexplotación de sus minerales por parte de una empresa trasnacional.
De los detenidos, 21 corresponden a los consignados en el estado de Veracruz y sólo tres, entre ellos don Agustín Villanueva, ex comisario ejidal, continúan recluidos en Morelia, esperando un juicio tras organizarse para la protección de su comunidad.
Mientras tanto, según informó la parte defensora, desde el mes de agosto pasado al menos cien familias fueron desplazadas y actualmente residen en Veracruz, la Ciudad de México, Colima y Jalisco, tras el asedio y amenazas de parte de los grupos de la delincuencia organizada y la persecución de la que, según acusan, ha sido víctima la comunidad por parte del gobierno del estado en colusión con el crimen organizado.
“Pretenden desarticular a la comunidad”
“Desde el día de las detenciones de los comuneros, ya nada ha vuelto a ser igual en San Miguel de Aquila”, detenciones que, a decir de Verónica Bedolla, “no sólo fueron una agresión a la guardia comunitaria, sino una agresión directa a la organización y a la vida de la comunidad, y lo peor es que todo ocurrió con el aval del Poder Judicial”.
En ese sentido fue que el Tribunal Unitario Agrario 38 con sede en Colima dictó la sentencia en la que se declaró ilegitima la representación de las autoridades electas a través de la Asamblea Comunitaria, al mismo tiempo que ocurrieron las detenciones de los miembros de la comunidad que participaban en las tareas de autoprotección.
Todo con el objetivo de lograr despojarlos de sus tierras y de sus autoridades elegidas legítimamente; es decir, aclaró la abogada, que la decisión del Tribunal Unitario Agrario tiene como meta desarticular a la comunidad desde su organización y sus representantes, porque no se volverá a reunir para restituir a sus autoridades anteriores por miedo a ser atacados.
Bedolla advirtió que existe mucho acoso hacia los habitantes que permanecen en la comunidad, así como miedo de parte de los familiares de los 24 detenidos, porque además “todavía no empezamos los procedimientos de defensa porque los expedientes siguen a disposición del juez de Coahuayana y allá no podemos ir porque tememos por nuestra integridad”.
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