viernes, 20 de septiembre de 2013

Senado pide amnistía para el profesor indígena Alberto Patishtán

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara pide reivindicar el derecho al debido proceso del chiapaneco tzotzil condenado a 60 años de prisión por ser ligado a una emboscada en la que murieron 6 policías.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República promueve un proceso de amnistía a favor del profesor indígena Alberto Patishtán, condenado a 60 años de prisión por su presunta participación en una emboscada que devino en la muerte de seis policías federales.

Esto, según la fracción perredista de la Cámara, para reivindicar su derecho al debido proceso, que le fue negado desde que inició su juicio hace 13 años.

“Nunca se le proporcionó un intérprete ni tuvo acceso a una defensa adecuada”, sostuvo la senadora Angélica de la Peña, de esta fracción parlamentaria.

A continuación el comunicado difundido por el PRD:

La ley de amnistía a favor del profesor Alberto Patishtán Gómez que proponemos, es un acto de justicia que reivindica su derecho al debido proceso, el cual le fue negado desde que inició el procedimiento judicial que derivó en una sentencia de 60 años de prisión, asevera la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

“Desechamos la opción de solicitar el indulto para el profesor Patishtán pues implica reconocer la comisión de un delito, es decir, estaríamos pidiendo que se le perdonase una conducta que violentó gravemente leyes penales”, aclara la senadora.

Y a la luz de las denuncias que, añade, han realizado organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las autoridades de procuración y administración de justicia violentaron los derechos humanos de Patishtán Gómez desde el primer momento y no han podido comprobar fehacientemente su participación en los hechos que originaron la causa penal.

El profesor Patishtán fue detenido e ingresado a prisión hace 13 años acusado de siete homicidios cometidos a la altura de la comunidad Las Limas, ubicado en el tramo carretero entre los municipios de Simojovel y El Bosque. Nunca se le proporcionó un intérprete ni tuvo acceso a una defensa adecuada.

De acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República fueron diez personas las que realizaron la emboscada y utilizaron armas tipo AR-15 y AK-47.

Las principales pruebas del ministerio público para inculpar al profesor Alberto Patishtán son:

1.- La segunda declaración del menor Rosemberg Gómez Pérez, en la primera mencionó no acordarse de nada debido a que quedó inconsciente y en la segunda después de haber recibido la visita de Martín Gómez Culebro, enemigo político del profesor Alberto Patishtán, declaró la participación del profesor.

2.- La libreta de apuntes del Profesor Alberto Patishtán que se le encontró al momento de ser detenido con una serie de anotaciones para los juego de básquetbol, que se realizarían en los eventos deportivos de la zona. Los peritos y principalmente el Juez señalaron que eso pudiera ser un croquis que señalaba como estaban parapetados los criminales que cometieron la emboscada.

3.- El peritaje de rodizonato de sodio tomado siete días después de que sucedieron los hechos.

“Es evidente que se violentó el derecho al debido proceso de Alberto Patishtán Gómez, y a pesar de ello el Poder Judicial negó el recurso de incidente de reconocimiento de inocencia, siendo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la última instancia que resolvió sobre el asunto, arguyendo que no resultaba trascendental y que en el mismo no se incorporaban argumentos novedosos”, lamenta la senadora perredista.

La violación de los derechos humanos y al debido proceso es crónica en nuestro país, el caso del profesor Alberto Patishtán es emblemático, y esta ley de amnistía tiene el objetivo de revertir el resultado de un proceso judicial injusto, pero la actuación del Poder Legislativo no debe quedar en esta acción sino que debe iniciar un proceso de revisión y reforma de un sistema de procuración y administración de justicia que se ha evidenciado como ineficiente e inequitativo, finalizó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

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