AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Dos excolaboradoras panistas de la alcaldesa Margarita Arellanes denunciaron irregularidades de su periodo como delegada de la Sedesol. Las anomalías estuvieron ahí por años, pero la queja fue justo el último día que terminó la administración de su sucesora.
La queja fue presentada por ambas exservidoras públicas un día antes de concluir una administración saliente y motivó una solicitud de auditoría para investigar el asunto.
La acusación es por presuntas encuestas falsificadas, firmas apócrifas en documentos y anomalías administrativas.
Una de las denunciantes fue la exdelegada Yolanda Villarreal Elizondo, colaboradora del senador Raúl Gracia y madre de Mauro Guerra, operador político de confianza del legislador albiazul.
Los supuestos malos manejos fueron señalados por la arquitecta, quien ocupó el puesto que dejó vacante Arellanes cuando ésta abandonó la delegación para contender por la Alcaldía regia.
Un día antes de concluir su periodo de encargo, Villarreal Elizondo denunció las presuntas anomalías cometidas durante el periodo de su antecesora.
La exfuncionaria pidió al titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol, Javier Alberto Gutiérrez Vidal, auditar las cuentas que dejó el exsubdelegado Administrativo, Lauro Horacio Treviño Nares, cuando encabezó esa área.
Este personaje ahora se desempeña en el gobierno de la presidenta municipal como director Administrativo de Monterrey.
La petición de la panista llegó en un oficio del 31 de octubre de 2012, un día antes de ser sustituida por Silvia Nancy García Treviño, quien actualmente tiene un proceso abierto en la Procuraduría General de la República por presunto desvío de recursos.
Villarreal Elizondo informó en la misiva que el día anterior había renunciado el subdelegado, luego de haberse detectado documentación sin firmas, procedimientos administrativos incompletos y rúbricas aparentemente falsas.
“De las firmas que aparecen por la C. Delegada Arq. Yolanda Villarreal Elizondo, las desconozco como propias”, aseguró la exfuncionaria en el oficio número 139.II.01/0385/2012.
“Se hace notar que en dicha documentación se observa que presentan firmas que a simple vista demuestra una tonalidad más tenue que el resto de la misma y con una franja sobrepuesta sobre la misma, presumiendo una sobreexposición de un documento sobre otro”, explica.
En el mismo escrito, la arquitecta calificó al área cuestionada como “opaca” y “confusa”, y comunicó su negativa de firmar un cheque por 712 mil 641 pesos, solicitado por la jefa de Recursos Financieros, Ana Isabel Salazar Flores.
“Se trataba de un pago que se debió haber realizado en el Ejercicio 2011 y cuyo presupuesto se utilizó en otro tipo de pagos, menos al rubro en el que se tenía asignado, siendo la presunción de que la firma que me solicitaba era en forma irregular”, precisó.
Treviño Nares es el segundo exsubdelegado Administrativo que trabajó al lado de Arellanes que ha sido acusado de irregularidades durante su gestión.
El otro es Miguel Ángel Treviño Sandoval, actual secretario de Administración regio, quien es investigado por la Secretaría de la Función Pública por haber incurrido en un posible daño patrimonial de 1 millón 500 mil pesos.
A pesar de esos antecedentes, la alcaldesa incorporó a ambos en la nómina del Municipio de Monterrey.
Las acusaciones no terminaron ahí.
El mismo día en que fueron comunicadas las anomalías al Órgano Interno de Control de la Sedesol, otra excolaboradora albiazul denunció más irregularidades a la exdelegada Villarreal Elizondo.
Patricia Alejandra Lozano Onofre, exsubdelegada de Desarrollo Social y Humano, comunicó inconsistencias en el cumplimiento de un contrato para levantar 27 mil 210 Cédulas Únicas de Información Socioeconómica (CUIS) en municipios rurales de Nuevo León.
El acuerdo fue celebrado el 5 de abril de 2010 entre Arellanes y el topógrafo José de Jesús Albarrán García, quien se encargaría de recorrer las localidades y aplicar los cuestionarios a beneficiarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
La denunciante reveló que se detectaron inconsistencias en el 73 por ciento de los trabajos entregados por el prestador de servicios.
“La información que provenía de los Cuestionarios de Información Socioeconómica de los beneficiarios era apócrifa, toda vez que (no) se localizaron ni los domicilios, ni las personas entrevistadas, aunado a que no reunían el perfil requerido por el propio programa”, acusa.
En el oficio, la extitular de la subdelegación declaró improcedente el pago de 1 millón 966 mil 96 pesos que la Sedesol de Nuevo León realizó para cubrir el contrato.
“Se determina que resulta improcedente dicho pago, toda vez que el trabajo realizado no cumplía con las expectativas pactadas en el contrato de referencia, por lo que queda como asunto en trámite de resolución”.
La exfuncionaria también informó que en la Coordinación de Coinversión Social fueron detectadas “anomalías de diversa índole” que quedaron pendientes de resolverse, sin precisar más detalles.
Esta otra denunciante es suplente del diputado local Enrique Barrios y cuñada del secretario de Desarrollo Económico de Monterrey, Arturo Cavazos Leal, subalterno de la alcaldesa regia.
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