La refresquera aseveró que el gravamen de un peso por litro no solucionará el problema de la obesidad en México; lo calificó de discriminitario y dijo que no está justificado porque afectará a las personas de menores ingresos.
La propuesta del gobierno federal contempla un gravamen especial de un peso por litro a las bebidas azucaradas, como una medida para combatir la obesidad.
La compañía apuntó que los impuestos al consumo, o en particular los dirigidos a los alimentos y bebidas, a menudo afectan a los consumidores pobres y de ingresos medios.
“Un impuesto sobre bebidas no está justificado. La gente consigue calorías de muchos alimentos y fuentes de bebidas, y un impuesto sobre un producto no va a resolver un problema tan complejo como la obesidad”, aseveró Coca Cola en un comunicado.
Sostuvo que los refrescos y otras bebidas endulzadas con azúcar representan sólo entre el 5.5% y el 6.6% de las calorías promedio en la dieta de los mexicanos, considerados los mayores consumidores per cápita de refrescos en el mundo.
Coca-Cola vende más de 60 marcas de bebidas no alcohólicas, de las cuales 40% son sin azúcar, bajas en calorías o sin calorías.
La propuesta todavía tiene que ser aprobada por el Congreso mexicano y promulgada por el Ejecutivo, para entrar en vigor hasta el 2014.
Al respecto, representantes de la industria refresquera de México secundaron la opinión de Coca-Cola y señalaron que el proyecto del Ejecutivo haría poco por combatir la obesidad y golpearía a las empresas y a los consumidores, especialmente a los más pobres.
En un comunicado conjunto, la Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholeras, la Industria Refresquera Mexicana y la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, entre otros organismos, expusieron se disminuiría el consumo calórico de la dieta en una mínima proporción.
Además, sostuvieron, generaría problemas de informalidad, desempleo y baja de productividad.
Consideraron que ese impuesto frenaría el crecimiento económico del país, ya que afecta la cadena productiva de caña de azúcar, fruticultores, azúcar, proveedores, bebidas saborizadas, trabajadores y tienditas.
Además, señalaron que generaría desempleo e inflación y provocaría entre 15% y 20% de incremento en el precio al público de las bebidas saborizadas, por lo que “es un impuesto que va a pagar el consumidor”.
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