AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Con un grupo de comisionados a quienes se les cuestiona por su presunta incapacidad o por sus conflictos de interés, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se verá imposibilitado para cumplir en menos de 180 días –como se ofreció– lo prometido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, pues es un plazo ilusorio para cumplir la meta de regenerar el tejido de un sector tan complejo y competido, en el cual los actores dominantes son del tamaño y poder de Televisa y Telmex. “No hay que venderle ilusiones a la sociedad”, advierte a Proceso la investigadora Clara Luz Álvarez.
“No hay que venderle ilusiones a la sociedad. A la ciudadanía se le debe hablar claro. El tema de regenerar el tejido en un sector como éste no se logra de la noche a la mañana”, dice Álvarez en entrevista con Proceso, en la que analiza los próximos desafíos del sector y la elección de los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Autora del libro Derecho de las telecomunicaciones –que comenzó a circular hace unos días en su segunda edición, donde se incluyen los temas más polémicos y recientes, como la fusión Televisa-Iusacell y las disputas entre Telmex y la empresa de Emilio Azcárraga–, Álvarez señala que los tres grandes retos del nuevo organismo autónomo serán lanzar en menos de 180 días la determinación de dominancia en telecomunicaciones y radiodifusión, desagregar “el bucle” –conocido como la “última milla”– que afectará los intereses de Telmex y emitir las bases para la licitación de las dos cadenas de televisión digital terrestre.
Estos tres ejes los deberán resolver los siete nuevos comisionados del Ifetel sin legislación secundaria, sin tener aún un estatuto orgánico o reglas internas para operar y adoptando medidas “de cara a la sociedad, de manera transparente” para no despertar sospechas de “captura” por parte de las poderosas empresas que dominan el sector, el único que crece a una tasa anual de dos dígitos.
Clara Luz Álvarez sabe lo que significan las presiones en este ámbito. Fue comisionada de la Cofetel de 2003 a 2006, pero renunció el mismo día en que se decretó la Ley Televisa, a la cual se opusieron los miembros del entonces órgano regulador.
“Cuando se creó la Cofetel (en 1997), el primer reto era abrir la competencia en el sector de las telecomunicaciones, pero no teníamos fechas fatales como ahora. La ventaja del Ifetel es que ya tiene personal consolidado, que sabe de competencia económica”, dice.
–¿Por qué la dinámica de los 180 días? –se le pregunta.
–No lo sé. Me parece demasiado apresurado. Y tampoco hay una sanción clara si no se cumplen estos plazos, aunque esté en la Constitución como un artículo transitorio.
–Uno de los temas más difíciles para elaborar una ley reglamentaria convergente, que unifique el sector de telecomunicaciones con el de radiodifusión, es la figura de la “concesión única”, según los propios funcionarios que elaboran esta ley. ¿Es posible que exista esta figura?
–Desde el momento en que distingas entre telecomunicaciones y radiodifusión no hay ley convergente. Formalmente tendremos una concesión única convergente y una ley divergente, a menos que exista una concesión única en telecomunicaciones y que en materia de radiodifusión haya una regulación en contenidos.
Justamente el tema de los contenidos –en especial el de los derechos de las audiencias, el derecho de réplica, así como el análisis de si Televisa es dominante en televisión abierta, en televisión restringida, en publicidad y en distribución de contenidos– será uno de los aspectos más difíciles, considera Álvarez.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1925, ya en circulación)
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