AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
En materia de transparencia –uno de los escasos avances conseguidos por la sociedad civil durante la alternancia– el regreso del PRI significa el fin de un sueño. Desde Los Pinos, Enrique Peña Nieto incumple flagrantemente sus “compromisos” con la rendición de cuentas y el acceso a la información; desde el Congreso, el PRI sabotea la reforma a la Ley de Transparencia para tornar irrelevante al IFAI o, peor aún, convertirlo en un instrumento presidencial más.
Pero en los primeros siete meses de la administración de Enrique Peña Nieto la tendencia a la opacidad va más allá del debate legislativo, pues el gobierno federal ni siquiera ha cumplido con las obligaciones de la ley vigente.
Entre otras anomalías se observan la ausencia de la información mínima que debe hacerse pública en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la reticencia a publicar declaraciones patrimoniales del gabinete e incluso a responder solicitudes de información, aun cuando en apariencia sean poco comprometedoras.
El 21 de mayo de 2012, días después de que estudiantes de la Universidad Iberoamericana lo confrontaran durante su campaña electoral, Peña Nieto lanzó su Manifiesto por una Presidencia Democrática, en cuyo noveno punto se comprometió: “…respetaré y acataré las decisiones del IFAI, y promoveré su fortalecimiento institucional”.
Las mismas promesas se relanzaron durante el periodo de transición, cuando aún había protestas por el resultado electoral.
Las iniciativas anunciadas como las primeras que haría la presidencia de Peña Nieto eran tres: la creación de una comisión nacional anticorrupción, una reforma a la LFTAIPG y una nueva ley para regular la publicidad oficial. Las tres fueron anunciadas en el portal www.transicion2012.org (en línea hasta el pasado martes 23), pero sólo se presentó la relativa a la ley de transparencia.
Tras la presentación de ésta, durante varias semanas las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado discutieron, consultaron a organizaciones de la sociedad civil y lograron un acuerdo, que fue aprobado por unanimidad el 20 de diciembre de 2012.
Entre sus objetivos más destacados está el de dar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), que además tendría competencia para conocer asuntos relativos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, otros organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Con lo anterior, partidos y sindicatos se convertirían también en sujetos obligados.
También se incluyó la ampliación de cinco a siete comisionados del mencionado instituto, un nuevo método para elegirlos a través del Senado y no a propuesta del presidente como hasta ahora, además de dotarlo de capacidad jurídica para promover acciones de inconstitucionalidad.
Pero la voluntad política de Peña Nieto para ampliar el derecho a la información y fortalecer al IFAI se quedó ahí. La minuta aprobada por el Senado se turnó a la Cámara de Diputados, donde permanece atascada. Se consideró incluirla en la agenda del periodo extraordinario que concluyó el miércoles 24, pero se pospuso por falta de acuerdo de los grupos parlamentarios.
El disenso estalló con las 50 reservas presentadas por la bancada priista, relativas precisamente a los aspectos más relevantes de la reforma aprobada en el Senado. Primero la relegaron con el pretexto de que debía salir después de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y luego porque, según los legisladores priistas, debe aparejarse con la creación de la comisión nacional anticorrupción.
Desde abril pasado las organizaciones civiles Fundar y Artículo 19 denunciaron que la bancada del PRI, mediante la diputada Arely Madrid Tovilla, introdujo 50 reservas a la minuta del Senado. Renata Terrazas, investigadora de Fundar, opina en entrevista que la reforma del Senado era aceptable pero que las reservas de los diputados priistas eliminan los avances.
Explica que el proyecto del PRI prevé eliminar la definitividad de las resoluciones del IFAI; evita que los partidos políticos sean sujetos obligados directos y mantiene que sean indirectos, es decir que las solicitudes de información a los partidos se tramiten a través del Instituto Federal Electoral; y se revierte la facultad del IFAI para promover recursos de inconstitucionalidad.
Para la entrevistada, el PRI quiere plegar al IFAI a la voluntad del Ejecutivo, como lo confirma el hecho de que pretende mantener la elección de comisionados sujeta a la propuesta del presidente de la República.
Las organizaciones mencionadas han denunciado este hecho, exigieron al PRD que fije una postura formal al respecto y exhortaron al PAN, que parece simpatizar con las reformas, a que defienda la minuta del Senado.
No obstante, la aprobación se sigue postergando. Si se abre otro periodo extraordinario de sesiones en agosto, ni siquiera se tiene certeza de que la minuta, la original o con las reservas, se lleve al pleno.
Simulación evidente
Peña Nieto hizo de su “compromiso con la transparencia” un recurso publicitario. El 30 de marzo de 2012, en su primer día de campaña electoral, firmó ante notario que haría pública su declaración patrimonial, a lo que por cierto está obligado por la ley.
El pasado 16 de enero él y todos los integrantes de su gabinete, excepto el procurador general, Jesús Murillo Karam, publicaron su declaración patrimonial, que se redujo a una lista de bienes muebles e inmuebles, sin precisar costos, detalles ni ubicación.
Con la pompa de los actos oficiales, el gabinete acudió al Palacio Nacional para que Peña Nieto actuara frente a las cámaras como un usuario más del sistema Declaranet, en el cual se dan de alta las declaraciones patrimoniales. Su declaración establece que tiene cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte, joyas, monedas y metales, así como cuentas bancarias y fondos de inversión, además de que gana 193 mil 478 pesos mensuales.
Aunque legalmente los servidores públicos están autorizados para mantener en secreto los montos de sus bienes, el supuesto compromiso de Peña Nieto con la transparencia ampliaba las expectativas. Sin embargo se desconoce cuántas joyas y obras de arte tiene, así como su valor; tampoco se conoce el monto de sus ahorros y de sus fondos de inversión. Su fortuna se conserva en secreto.
Según la declaración patrimonial del presidente, la mayoría de sus posesiones proviene de donaciones y herencias. En el caso de los bienes raíces sólo compró dos: una casa en 1982 y otra en 2005. Llama la atención la primera, que supuestamente adquirió al contado en octubre de 1982, cuando tenía 16 años.
El resto de casas y terrenos le fueron donados principalmente entre 2009 y 2011, excepto el departamento –heredado en 2001– y dos terrenos que recibió en donación en 1988 y 1989 y los cuales suman unas 2.5 hectáreas.
En su mensaje de aquel 16 de enero Peña Nieto recordó que en su primer acto de campaña firmó el compromiso de hacer pública su declaración patrimonial, lo mismo que el resto de su gabinete. Según él, cumplió.
La crítica no sólo surgió de la sociedad civil sino que hasta el IFAI se extrañó de la opacidad gubernamental. La entonces comisionada presidenta del organismo, Jacqueline Peschard Mariscal, dijo que sería positivo para la transparencia dar a conocer información más específica y se dijo sorprendida por la forma en que se presentaron las declaraciones.
Hasta ahí quedó el asunto. Días después el IFAI entró en crisis por la sucesión de Peschard. Por otra parte, los comisionados del organismo garante de la transparencia mantenían reservados los mismos datos que Peña Nieto y su gabinete en sus propias declaraciones patrimoniales.
Una convicción secreta
Hasta el pasado 13 de julio, cuando el POT y las diferentes plataformas relacionadas con las áreas de acceso a la información y manejo de datos públicos fueron suspendidas por una mudanza de sus dominios, la Presidencia de la República ni siquiera tenía publicada la estructura orgánica, una de sus obligaciones mínimas y que no contiene información sensible para la administración.
Al seleccionar la opción de estructura orgánica en el POT, se desplegaban apenas unos cuantos cargos, como jefe de la Oficina de la Presidencia, coordinador de asesores, coordinador de Comunicación Social, jefe del Estado Mayor Presidencial… pero bajo ellos aparecían cientos de registros que sólo decían “director general”, “director de área”, “jefe de unidad”, sin precisar áreas ni funciones, a lo que obliga la LFTAIPG en su artículo 7.
Lo que sí quedó claro es el alto nivel salarial de los nuevos servidores públicos, pues el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, el coordinador de asesores, Francisco Guzmán, y el coordinador de Comunicación Social, David López, ganan lo que un subsecretario de Estado: más de 200 mil pesos mensuales brutos.
Los equipos de esos funcionarios cuentan con niveles salariales casi del mismo nivel. Por ejemplo, la Coordinación de Comunicación Social tiene siete directores generales con remuneraciones que oscilan entre 153 mil y 200 mil pesos mensuales.
La página de internet de la Presidencia de la República es peor que el POT, pues su información es más limitada. Al seleccionar la pestaña “licitaciones” se localizan sólo 10 registros, todos bajo el esquema de “invitación cuando menos a tres personas”.
Pese al limitado número de registros, éstos revelan la tendencia de la Presidencia a contratar servicios de imagen y comunicación, pues cinco de las 10 licitaciones son para análisis de discurso, análisis y evaluación de opinión en medios tradicionales y redes sociales “para la toma de decisiones”, análisis de psicología política, traducción de textos y rubros similares.
Las otras convocatorias caen en los rubros de mantenimiento eléctrico, estacionamiento y despensa. En ningún caso se incluye el monto de los contratos.
La tendencia a la opacidad se detecta hasta en la forma de responder solicitudes de acceso a la información. Tras la visita del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 19 de abril, que tuvo como propósito apoyar la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el 13 de mayo se solicitó a la Presidencia, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la de Relaciones Exteriores (SRE) que proporcionaran datos sobre los gastos que generó dicha visita, así como el número de vehículos, agentes del Estado Mayor Presidencial y demás personal destinado a su atención.
Ninguna de esas instancias dio la información. Sus respuestas fueron contradictorias porque ninguna asumió la responsabilidad de la visita de Lula.
La SRE negó que sus funcionarios hubieran participado en la recepción brindada al exmandatario brasileño, pero la Sedesol la desmintió, pues en su respuesta identificó al subsecretario Juan Carlos de Lastri y al director para América Latina y El Caribe, Ernesto Campos, de la SRE, como participantes en los actos con Lula.
Y aunque la SRE informó que no había coordinado la visita de Lula, dio a conocer que solicitó al Estado Mayor Presidencial un vehículo blindado y personal de seguridad. A su vez la Presidencia declaró la inexistencia de la información solicitada… Así, los tres sujetos obligados negaron información y declararon la inexistencia, pero se desmintieron entre sí.
Con todo, durante su participación en la cumbre del G-8, efectuada en Irlanda del Norte en junio pasado, Peña Nieto habló sobre libre comercio, impuestos y… transparencia. Compartió con los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia “la convicción que tenemos de que todo gobierno democrático debe ser transparente y abierto”.
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