jueves, 11 de julio de 2013

Marca a Arroyo, ex director del INAH, permiso a Walmart en Teotihuacán

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

Documentos oficiales comprueban que en la primera administración de Sergio Arroyo, en el gobierno de Vicente Fox, sí se otorgó una "licencia" para construir una Aurrerá a unos metros de las pirámides. En su segunda gestión, se le pidieron cuentas al respecto y negó el hecho.

Sergio Arroyo es el segundo funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que menos ha durado en el cargo, después de la remoción, en mayo pasado, del titular de la Profeco; sobre su salida, hasta ahora no han dado una explicación oficial, pero hay un caso que marcó su primera (2000-2005) y segunda gestión (diciembre 2012- julio 2013)al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Su primera gestión y la segunda, que duró 7 meses, estuvieron marcadas por el caso Walmart, la empresa trasnacional a la que se le dio “licencia” para construir una Bodega Aurrera en Teotihuacán, pese a que el ex director del INAH lo negó hasta el final.

El ahora ex director fue sustituido por la historiadora María Teresa Franco, quien también ya había sido titular de esa institución de 1992 a 2000; en el comunicado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde se anuncia el cambio, no se especifican las causas de la salida de Arroyo.

La “licencia”

Una “licencia” del centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en elEstado de México permitió que en 2004 se construyera una Bodega Aurrera en San Teotihuacán, a menos de dos kilómetros de las pirámides, pese al rechazo de algunos de los habitantes de la zona, quienes se oponían a la llegada de la tienda.

Todo Teotihuacán es “territorio INAH” y ni siquiera el Ayuntamiento municipal puede iniciar una obra pública sin la vigilancia del instituto, ya que en cualquiera de los tres perímetros que delimitan la zona (A, B y C), pueden encontrarse vestigios prehispánicos.

Sin embargo, la dependencia federal no está autorizada para dar “licencias” de construcción, sino que se limita a liberar terrenos, tras haber comprobado que no se encontró evidencia prehispánica.

En el caso de la Aurrera construida en la calle Cruz de la Misión, la “licencia” fue expedida por la licenciada Maribel Miró Flaquer, entonces directora del centro INAH en el Estado de México.



Ese permiso se basó en una liberación del terreno de Elda Pineda Álvarez, realizada más de 15 años antes de la construcción. Pero el referido estudio correspondió al lado oriente y no al poniente, donde Walmart colocó su tienda.



Diversos documentos obtenidos para Aristegui Noticias, dan cuenta de irregularidades en la construcción del Aurrera, que han escalado a diarios como The New York Times, cuyo reporte periodístico incluso da cuenta de la existencia de sobornos para construir la tienda. No obstante, que sólo un pago (“donativo” para el panteón) al propio pueblo ha sido corroborado por este medio.

La contradicción en el INAH

Arroyo compareció ante una comisión en la Cámara de Diputados, el pasado 29 de enero, por el polémico caso bautizado como “TeotiWalmart”.

“A mí varias veces me han preguntado por qué dimos permiso para que se instalara una tienda Walmart en Teotihuacan, nosotros no dimos permiso y nosotros no sancionamos los procesos inherentes a este tema. El INAH no emite licencias para construcciones u obras… la competencia exclusiva del INAH es realizar la liberación de este terreno sobre la base de un procedimiento de salvamento arqueológico”, sostuvo ante diputados y senadores de diferentes partidos reunidos entonces en la Comisión Permanente.

Contrario a los dichos del director del INAH, se detectó que el 19 de mayo de 2004 (documento 1), una funcionaria de su propio instituto otorgó una “licencia para obra”.

Con ese papel, Walmart vio florecer su Bodega Aurrera justo donde la había planeado, pues económicamente le resultaba factible. No pasaron ni 40 días de la expedición de dicho documento, cuando la tienda se empezó a construir.

El INAH liberó el terreno desde 1984, pero se trataba de la fracción poniente del predio, no de la oriente donde se construyó: “Consiste en la fracción poniente del cerco de la Hacienda del Rancho de la Parroquia, en San Juan Teotihuacan, Estado de México; en consideración a que previamente se realizaron los estudios arqueológicos correspondientes, y de los mismos se desprendió que no había inconveniente en construir” (documento 2).

Esta omisión o confusión respecto a la liberación del terreno ha sido pasada por alto, a pesar de existir la evidencia de que los estudios preliminares se hicieron en el terreno que Walmart no ha tocado hasta ahora: un campo de alfalfa que continúa produciendo.

La tienda se construyó, pese a todo

Tras obtener el permiso, la empresa Walmart violó al menos dos de las condicionantes de la “licencia”.

En el punto 3, se indica que la empresa estadounidense debía “notificar a este dependencia el inicio de los trabajos con ocho (8) días de anticipación”. Sin embargo, la empresa no avisó y nadie la supervisó el día en que comenzó a construir, el 28 de junio de 2004, como consta en un expediente de la Contraloría del Poder Legislativo (documento 3).

“El veintiocho de junio de dos mil cuatro dieron inicio las obras de construcción de la tienda en mención con la consecuente destrucción de patrimonio arqueológico existente en el predio”, se señala en la respectiva denuncia. En la misma, se indica que el Ayuntamiento de Teotihuacan expidió la verdadera licencia de construcción hasta el 3 de agosto de 2004, es decir, más de un mes después de que se iniciaron los trabajos en el predio.

Para el 8 de octubre de 2004, el INAH emitió una comunicación (documento 4) en la que reconoció que “el informe técnico de los trabajos de exploración arqueológica actualmente se están realizando en el predio donde se construye la tienda”.

Con lo anterior, se constata que personajes de la dependencia federal hasta octubre de ese año no tenían en la mano un estudio completo sobre el terreno.

Otro punto de la “licencia” indica que “cuando se realicen las excavaciones para la cimentación e infraestructura de la construcción, deberá contar con la presencia de un arqueólogo para que realice el rescate de los materiales arqueológicos que pudieran encontrarse”, además de que se debe abrir bitácora de obra.

El documento establece que cualquier violación “se sanciona con multa y la demolición de lo construido” e incluso “puede constituir la comisión de un delito que se sanciona hasta con diez años de cárcel”.

Incluso, señala que “cualquier alteración parcial o total a lo autorizado dará lugar a la cancelación de esta licencia”.

Los vestigios encontrados… y los que la tierra se llevó

Debido a que comenzaron a construir la Aurrera sin supervisión, se desconoce qué se pudo encontrar en la zona previamente.

No obstante, sí encontraron vestigios cuando la excavación fue más avanzada.

Hasta septiembre de 2004- tres meses después de que inició el proyecto-, el dictamen sobre la obra elaborado por ICOMOS Mexicano (el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO), estableció que “se pudo apreciar (en el lugar) modestos restos culturales encontrados son escasos (aún y cuando incluyen un pequeño conjunto conformado por una pequeña plaza y los restos de basamentos de las construcciones circundantes), además de que los mismos se encuentran sumamente deteriorados”.

Incluso, vecinos del lugar denunciaron públicamente haber encontrado pequeños restos de vestigios entre la tierra excavada.

Lo que reportó ICOMOS fueron restos de cerámica prehispánica: once entierros deteriorados, restos de una banqueta y un pequeño altar de 80cm por lado y 29cm de altura (que data del año 450 al 650).

ICOMOS dio el visto bueno a la obra, en septiembre, porque consideró que “de acuerdo con el registro arqueológico mostrado por los investigadores del INAH, consideramos que es preferible proteger y cubrir las evidencias arqueológicas exploradas para que se conserven como una reserva arqueológica; y no recomendamos que las mismas permanezcan expuestas, ya que el intemperismo pronto las destruirá” (documento 5).

Los implicados

Además del propio director del INAH en ese entonces y en la actualidad, al menos otros cinco funcionarios del INAH facilitaron el proyecto del supermercado Bodega Aurrerá-Teotihuacán, hasta ahora el más polémico de la cadena Walmart en México.

Esta investigación arroja los nombres quienes avalaron la construcción de la Bodega Aurrerá en el pueblo:

-Maribel Miró, exdirectora del Centro Reginal del INAH en el Estado de México.

-Raúl Arturo Zárate, director de la zona arqueológica de Teotihuacán.

-Joaquín García Bárcena, presidente del consejo de Arqueología. (QEPD)

-Alejandro Martínez Muriel, titular de la coordinación nacional de Arqueología. (QEPD)

-Verónica Ortega, Jefa del Departamento de Protección Técnica y Legal y actual subdirectora de esa Zona Arqueológica.

En diciembre de 2012, Walmart de México y Centroamérica (Walmex) dio a conocer que desde 2011 investiga con abogados y peritos independientes el proceso de apertura de la tienda Bodega Aurrera en San Juan Teotihuacán.

“Con este fin, mientras las investigaciones sigan su curso, la empresa no hará comentarios sobre alegatos o acusaciones específicos”, refería el comunicado de prensa.

Nueva titular del INAH retoma el tema

En entrevista para CNN, María Teresa Franco, la nueva titular del INAH, retomó el caso Walmart: ”El patrimonio cultural en muchos casos está involucrado en problemas contemporáneos, en intereses, que se deben escuchar, de leerse, a efecto de lograr que se preserve esa memoria que todos los días nos descifra parte de las identidades que vamos siendo pero que tienen que ver con lo que hemos sido”.

“Por un lado, Teotihuacán es una maravilla y por otro es el retrato de las grandes tareas que tenemos que acometer (…) No hay que desconocer que los municipios tienen a su cargo el ejercicio de algo tan fundamental para la vida contemporánea y para el rescate del pasado como es el uso del suelo, o esto se hace en conjunto o no podrá solucionarse”, indicó.

“Hay que dotar de una responsabilidad mayor sobre esta conservación a los gobiernos locales… no entiendo por qué no podemos también lograr que los cabildos tomen esta cuestión como un compromiso absoluto”, agregó.

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