jueves, 4 de julio de 2013

Kínder de Cuernavaca no contaba con permisos para operar

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

La guardería La Abejita no contaba con los registros ante órganos gubernamentales.

El Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) de donde el pasado martes 2 de julio fueron sustraídos 11 niños, que posteriormente fueron encontrados en un hotel del centro de la capital morelense, no tenía autorización para operar y no estaba registrado como plantel público ni privado, confirmaron las autoridades educativas y de desarrollo social estatales.

Asimismo, vecinos de la colonia donde se encuentra el establecimiento señalaron que éste no contaba con señalamiento alguno que indicara que se trataba de un inmueble donde se reciban menores de edad. Sin embargo, lleva en funcionamiento al menos cuatro años, informó el periódico Milenio.


De igual forma, Messeguer Guillén trascendió que las llamadas de extorsión que recibieron el día martes los maestros y padres de familia de la guardería La Abejita, en las cuales se intentaba negociar pagos a cambio de no hacerle daño a los menores de edad y que motivaron a los educadores a sacar a los niños de la institución, provinieron del penal de Altamira en Tamaulipas.

El funcionario aseguró que a pesar de que la clave de larga distancia parecía provenir de la Ciudad de México, se corroboró que las comunicaciones fueron iniciadas en dicho reclusorio. Dijo que la misma noche del martes comunicó esta información a su homólogo de Tamaulipas, quien ya está actuando al respecto.

Informó también que al profesor que sustrajo a los menores le dijeron que había gente armada fuera del plantel y que éste erró al proporcionar a los extorsionadores los teléfonos de los familiares.

“Hubo negligencia de este profesor, primero, por no dar aviso (a las autoridades). Fue un padre de familia quien informó a la Secretaría de Gobierno, y no al 066 ni al 089. Otro error fue sustraer a los niños sin autorización de los padres de familia ni de nadie, subirlos a unos taxis y llevárselos”, agregó el funcionario estatal. Sin embargo, el funcionario público reiteró que se trató de un “engaño telefónico” y no de un secuestro.

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