AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
El próximo viernes 2 de agosto se celebrará la audiencia en la que el Tribunal de Justicia de esa entidad escuchará los argumentos de una joven declarada culpable del delito de aborto en un caso en el que las ONG denuncian irregularidades.
Cuatro años después, en la historia de Hilda —actualmente de 22 años y madre de una niña de tres—, se escribirá este 2 de agosto un capítulo decisivo cuando se celebre una audiencia ante el Tribunal de Justicia de San Luis Potosí para revisar el caso. La joven tendrá oportunidad de exponer ante el máximo tribunal de justicia estatal su versión de los hechos, en un proceso que organizaciones civiles han calificado de injusto, discriminatorio y violatorio de derechos humanos.
Hilda tenía 18 años cuando llegó con una hemorragia al centro de salud y no comprendía por qué el personal médico insistía en que estaba obligada a confesar que había tomado una pastilla abortiva para interrumpir un embarazo de seis semanas.
Bajo esas circunstancias y con una hemorragia que comenzó tras un día de duro trabajo para acarrear agua en el ejido Las Palmas —una localidad del municipio de Tamuín con menos de 200 habitantes en donde Hilda vive con su familia—, la joven fue acusada del delito de aborto y encarcelada, aunque logró su libertad un día después por falta de pruebas. Entonces pensó que la pesadilla había terminado y que atrás había quedado el episodio en el que la criminalizaron incluso antes de ejercer su derecho a recibir atención médica.
Como Hilda, 679 mujeres fueron denunciadas por aborto en unidades médicas de diferentes entidades del país en el periodo 2009-2011, según el informe Omisión e Indiferencia. Derechos reproductivos en México presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en abril pasado.
Pero el caso de la joven potosina no terminó en 2009 tras su liberación, pues tres años después fue sorprendida en casa de sus padres con una nueva orden de aprehensiónacusada del delito de aborto, y aunque tras el esfuerzo de su familia pudo pagar una multa de 3 mil pesos para enfrentar el proceso fuera de prisión, todavía debe acudir cada mes a firmar el control de su libertad condicional.
En San Luis Potosí el aborto se considera un delito a menos que se realice porque hay peligro de muerte, la mujer fue víctima de una violación o de una inseminación artificial no consentida.
Esa entidad es uno de los 18 estados del país en donde la legislación protege la vida desde la concepción o la fecundidad.
Según la defensa de Hilda, a cargo de GIRE, cuando el 5 de abril de 2013 el juez finalmente la sentenció a un año de prisión por el delito de aborto, la joven se prometió a sí misma y a su familia que llegaría “hasta las últimas consecuencias” para probar que es inocente y se dijo dispuesta a enfrentar cualquier batalla legal para lograrlo, por lo que apeló esa decisión.
En la audiencia del 2 de agosto la defensa de Hilda argumentará que la sentencia es discriminatoria pues se dictó con base en supuestos moralistas y no se ajustó al debido proceso con base en pruebas que la incriminen para acreditar su responsabilidad en los hechos.
Además de que Hilda ya fue puesta en libertad en una ocasión por falta de pruebas, los médicos que la inculparon sólo cuentan con una declaración que, según su testimonio y el de testigos, obtuvieron bajo presión y amenazas, mientras que con la declaración de la madre de la joven se puede acreditar que el trato que recibieron fue violatorio a sus derechos humanos.
La defensa de Hilda asegura que el escenario más favorable es que tras la audiencia del viernes el Tribunal de Justicia dictamine en un plazo mínimo de tres semanas que la sentencia del juez penal es discriminatoria, “que no estuvo fallada conforme a las garantías de legalidad debidas” y entonces ordene una nueva sentencia.
En ese caso, la máxima instancia de justicia de San Luis Potosí determinaría que no se puede acreditar la responsabilidad de Hilda en el delito de aborto y ella obtendría su libertad.
“Hilda se ha sentido un poco abrumada por toda la situación del caso pero siempre ha dicho que lo que quiere es que se le reconozca su inocencia y siempre ha considerado que todo el proceso ha sido bastante injusto, entonces por eso mismo estamos apelando a la sentencia, ella fue la que dijo que se quería ir con todo, hasta las máximas consecuencias y todo el proceso legal que hubiera que seguir para que hubiera todo el reconocimiento a su inocencia”, dijo en entrevista Alma Beltrán y Puga, coordinadora jurídica de GIRE.
En caso de que el Tribunal considere que la sentencia es legal, Hilda tramitará un amparo en el que confirme que el caso no ha seguido el debido proceso y que no hay pruebas para inculparla.
Además, GIRE continuará con una petición para dictaminar la libertad de Hilda que está dirigida al Tribunal de Justicia de San Luis Potosí en el sitio Change.org en la que argumenta que el proceso está lleno de irregularidades.
Cuatro años han pasado desde que la lucha de Hilda para probar su inocencia comenzó. Según su defensa, la joven potosina está confiada en que la cita con el Tribunal de Justicia del estado sea una de las últimas paradas para cerrar este capítulo de su vida en el que se ha sentido señalada y estigmatizada por un hecho considerado en su entidad un delito, pero del que además, se dice inocente.
En complemento a la historia de Hilda, Animal Político te presenta esta infografía de la organización , con datos de GIRE.
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