FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ENRIQUE LEGORRETA.
Un año ha pasado desde que Enrique Peña Nieto fuera declarado vencedor de la elección presidencial de México del 2012; un año, desde que se denunció al candidato de la coalición “Compromiso por México” de sobrepasar el tope de campaña permitido por el Instituto Federal Electoral (IFE), mismo que diera el triunfo a la “nueva” cara del priismo.
Hasta el primero de julio, las encuestas marcaban a Enrique Peña Nieto como virtual ganador de la contienda. Ese domingo, a las 10 de la noche, el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdez Zurita informaba en cadena nacional que Peña Nieto ganaba la contienda con un 38 por ciento de la votación, mientras que Andrés Manuel López Obrador, el rival más cercano, logró el 31 por ciento del voto.
Un año ha pasado de ese primero de julio, el día en que se consumó la compra de los votos, como señalara la coalición “Movimiento Progresista”, conformada por el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante y después de la elección.
Aunque las autoridades electorales al final validaron la votación, las denuncias fueron fundamentadas y señaladas como una falta de reconocimiento a la democracia del país. En días posteriores a la elección, en una entrevista realizada por Carmen Aristegui, Beatriz Camacho, directora de Alianza Cívica, señaló que el 71 por ciento de las actividades de compra y coacción del voto corresponden al PRI-PVEM, 17 por ciento al PAN, 9 por ciento al PRD y 3 por ciento al Partido Nueva Alianza.
Mientras que Eduardo Huchim, experto en temas electorales le señaló a Aristegui que la compra y coacción del voto durante el 1 de julio fueron resultado de la reforma electoral de 2007, ya que ahora el presupuesto que los partidos políticos destinaban a medios de comunicación fue dirigido a la compra del voto.
Tras todas las declaraciones, López Obrador solicitó que se invalidara el proceso electoral, además de anunciar el Plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México, con el estricto apego al derecho que concede la Constitución.
“La estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios de comunicación y mediante la publicidad introducirlo al mercado para hacerlo figura nacional. Televisa, Milenio y muchos otros se dedicaron a proyectar una imagen de Peña Nieto que no corresponde con lo que es y representa”, señaló el entonces ex candidato de la izquierda.
Con esto, en las elecciones en las que se tuvo la mayor participación de votantes, Enrique Peña Nieto llegó al final del primero de julio con un mensaje que, al parecer, la mitad del país no lo tenía claro por no estar conforme con el resultado que avaló el IFE.
“Les invito a que dejemos atrás las diferencias y tensiones propias de esta contienda electoral”, señaló el ex gobernador del Estado de México, quien invitó a los políticos de otros partidos a ver hacia adelante y contribuir en las soluciones necesarias para el país.
En todo este año, la principal acusación para sustentar la idea de la compra de votos durante la elección se dio con el caso Monex: el PRI, a cambio del voto de los ciudadanos, entregó monederos electrónicos que podían ser usados en las tiendas Soriana. Esto fue denunciado por la izquierda con sustento de pruebas, no obstane, las instancias electorales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) no las tomaron en cuenta y dieron como buena la elección del 2012.
Aunque se dijo a principio del 2013 que el Movimiento Progresista había sido el único en rebasar los topes de campaña permitidos por el IFE, los representantes de estos partidos señalaron que era una total y descarada acusación ya que ellos se encargaron de denunciar que, por muchos millones de pesos más, el candidato Peña Nieto fue quien excedió en el presupuesto y no ellos. Tras varias presiones, los consejeros electorales del IFE destacaron que la unidad de fiscalización del instituto realizaría todo el conteo de las gastos de campaña complementando con lo que refiere a la elección de diputados y senadores.
En estos días, el resultado final de la fiscalización de la campaña volvió a determinar que Andrés Manuel López Obrador fue quien rebasó el tope de campaña, según lo determinó la fiscalización de los gastos ejercidos por los partidos y coaliciones en la pasada contienda electoral.
La multa que recibirá el ex candidato sería por 145 millones de pesos; la multa por coalición, es para Movimiento Progresista por casi 183 millones; por partido asciende a casi 151 millones de pesos y sería para el PRI. AMLO, a través de su cuenta de twitter señaló que, “Los del IFE-TRIFE nos condenan y exoneran al corrupto de EPN. Los compran y envilecen con 400 mil al mes. Reina el maiceo, no la dignidad”.
El área de fiscalización del IFE señaló que, con base en los datos reportados por el candidato del Movimiento Progresista, superó por más de 71 millones de pesos el tope establecido por el IFE por lo cual es acreedor de la multa de 145 millones de pesos.
Así, un año después de la contienda del 2012, la información apunta a que se trato de una elección comprada, y resurgen todas las denuncias y todas las acusaciones que ha recibido el ahora titular del gobierno federal, Enrique Peña Nieto, que con la determinación del IFE sobre los topes de campaña, ha quedado libre de toda suspicacia en torno a su victoria electoral.
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