Cuatro años después de la tragedia, la ley 5 de junio, que busca que nunca se vuelva a repetir un drama similar, sigue pendiente, incluso en Sonora.
En varios estados se soltaron 49 globos blancos al cielo en recuerdo del suceso ocurrido en Hermosillo, Sonora, el cual sigue enlutando a México.
A cuatro años de la tragedia, padres, familiares de las víctimas y ciudadanos en general formaron parte de las vigilias y marchas celebradas en recuerdo de los pequeños que ya se fueron y de los que siguen luchando por obtener justicia.
Entre los diversos asuntos pendientes a los que el Estado debe hacer frente, está sacar adelante la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Se trata de la llamada Ley 5 de junio, una legislación promulgada a fines de octubre de 2011 y promovida por padres de las víctimas de la tragedia. Consta de 15 capítulos y 66 artículos referentes a las normas para autorizar, capacitar y verificar los centros infantiles en todo el país.
Establece, además, responsabilidades de los prestadores de servicios y funcionarios y también estipula una cuestión central: que las medidas de seguridad y protección civil deben considerar la dirección de evacuación, cuidado de las instalaciones, material de construcción y diseño de las estancias.
La importancia de esta legislación de vanguardia es que de ella debe surgir una ley federal de estancias infantiles y también leyes similares para cada estado de la República mexicana. Pero la ley aún está en discusión y algunos congresos todavía no la han ratificado.
La promoción de esta ley marco avanza lentamente. Hace cuatro meses debió crearse la Comisión Nacional, pero hasta ahora el Ejecutivo federal no la ha puesto en marcha.
Ocurre algo similar en algunas entidades federativas. Es el caso de Sonora donde precisamente tuvo lugar la tragedia del 5 de junio de 2009.
En estos momentos, los abogados del Movimiento 5 de Junio se encuentran discutiendo e integrando esta iniciativa de ley con legisladores sonorenses.
La labor para hacer comprender las dimensiones del tema parte desde hacerlos entender la importancia de que proscriban el término “guarderías” y lo sustituyan por el de “estancias”.
“Los niños no son velices, ropas, zapatos, bolsas para que se guarden”, sostiene la defensa del caso, “son seres humanos que se cuidan, se educan, se alimentan”.
El objetivo es que de Sonora salga la mejor ley estatal para que sirva de modelo para otros estados.
Quizá en un mes o dos meses, como máximo, pueda pasar al pleno del Congreso sonorense la iniciativa ya dictaminada.
La PGR reabre el caso
La Procuraduría General de la República (PGR) acaba de anunciar que reabrirá la investigación en torno al fatal suceso que tuvo lugar el 5 de junio de 2009.
Ayer Renato Sales Heredia, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de dicha dependencia, informó que el procurador, Jesús Murillo Karam ha dado la instrucción de “rehacer la investigación, ir de principio a fin” en el caso de la guardería ABC.
En abril pasado, la PGR abrió una averiguación previa volcada a investigar si el incendio que desató los fatales acontecimientos fue provocado o no.
El fuego, señalan las hipótesis que ahora están investigándose, habría sido provocado intencionalmente en la bodega del gobierno estatal localizada a un lado de la guardería. En el edificio gubernamental, se presume, se guardaban documentos vinculados con un deuda adquirida por la administración del exgobernador Eduardo Bours. El 5 de junio la PGR confirmó que investigará “profunda y exhaustivamente” los hechos.
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