La Secretaría de Gobierno local y la PGJE coincidieron que “tarde o temprano, (Granier) tendrá que responder a los agravios”, mientras reiteraron que no es perseguido político.
Fernando Valenzuela Pernas, procurador tabasqueño, no compartió la opinión del ex mandatario y sostuvo que la orden de aprehensión la tuvo en un principio la autoridad federal que es “de un partido distinto al que gobierna en el estado”.
Sobre la acusación federal de evasión de 35 millones de pesos, Valenzuela Pernas mencionó lo dicho por el gobernador Arturo Núñez, en el sentido de que están pendientes las averiguaciones que lleva la PGJE en relación con el delito de peculado, uso indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.
Sobre una posible fecha para trasladar al ex gobernador, reconoció que no existe, puesto que su estado de salud ha sido reportado como delicado, pero advirtió “tarde o temprano, tendrá que responder a los agravios”.
Por su parte, Raúl Ojeda Zubieta, secretario de Gobierno también se refirió a los señalamientos de Granier y dijo que las autoridades correspondientes son las que determinarán los elementos que cada una de las autoridades presente.
“A nosotros nos queda claro y al pueblo también que hubo una administración irresponsable que puso en vilo la seguridad y la salud de Tabasco”, dijo el funcionario en referencia a la crisis hospitalaria que se registró al inicio del año.
Aseguró que los números reflejan la crisis del estado, pero habrá por supuesto el recurso de la ley para que cada quien presente argumentos.
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